Una de las banderas del actual gobierno es “La paz Total”, mientras continúan los crímenes contra el pueblo intensificándose en los hechos el terrorismo de Estado. El 17 de abril asesinaron con arma blanca en un carro de transporte ilegal conocido como “chivero” a Sorelsi Johana Echavarría Cañas de 41 años en el nororiente de Medellín, una madre comunitaria afiliada a la Junta de Acción Comunal del Barrio Popular N° 2, quien trabajaba principalmente por los niños; después de quitarle la vida, el asesino bajó del carro y escapó en una motocicleta. Ella es la dirigente social número 53 asesinada en 2023. En el Día de la Memoria de las Víctimas, el pasado 9 de abril, asesinaron a Rodolfo Holguín Martínez en Carmen de Viboral, Antioquia, dirigente campesino perteneciente a la Junta de Acción Comunal de la vereda San Vicente; y durante el año 2022 fueron asesinados 189 líderes sociales.
De otro lado, continúa la matanza de firmantes del Acuerdo de paz de las Farc, gente a la que el Estado les prometió que les iba a garantizar su reincorporación a la vida civil, pero en lo que va del año 2023 deja la cifra de 7 firmantes asesinados, durante el 2022 fueron 42, para un total de 355 ex combatientes de esa organización asesinados desde que se firmó el Acuerdo. Son compañeros que confiaron, tanto en sus jefes guerrilleros que se sentaron a manteles con el gobierno de turno y con la burguesía en La Habana, como en la palabra del Estado burgués que los viene asesinando, bien sea directamente o negándoles su protección y seguridad, como es el caso de Carlos Cortés Henao, que fue asesinado el pasado 16 de abril en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Igualmente, hay que mencionar que este año van 33 masacres, la más reciente fue el pasado 17 de abril en Rio Quito, Chocó, donde asesinaron cuatro personas. El 17 de abril fueron encontradas tres víctimas y la cuarta fue encontrada al día siguiente y se trata de Suil Bejarano Robledo, un firmante del Acuerdo de paz de la antigua FARC-EP. El 2022 terminó con 94 masacres que dejaron 300 víctimas.
En general, se juntan dos factores por lo menos: el primero, es el control social y territorial de los grupos armados ilegales ligados con las mafias, con la gran minería ilegal, con la extracción de madera, con el despojo violento de los campesinos y demás, que amenazan y asesinan a los dirigentes sociales; y la complicidad de las fuerzas armadas del Estado, que no garantizan la vida de los líderes sociales, ni de los firmantes del Acuerdo, pero sí garantizan los intereses de los grandes monopolios industriales y agroindustriales, como los azucareros, palmíferos, ganaderos, mineros y demás. Esa es una política estatal que no se inmuta con la llegada de ningún personaje, de ningún presidente o partido político reformista al poder político del Estado burgués, en concreto, es una política criminal que continúa bajo el gobierno reformista de Petro – Márquez.
Pero hay más: impunidad por parte de la Fiscalía y la Procuraduría entre otras entidades que apenas llegan a la formalidad de abrir investigaciones que nunca llegan a las cabezas reales de los crímenes contra el pueblo, porque se trata de los representantes de la burguesía y los terratenientes, de los jefes de los partidos políticos reaccionarios, de los altos mandos militares y de policía… en fin, de las clases reaccionarias que odian al pueblo trabajador. Además, las denuncias judiciales que hacen los líderes sociales o sus familias no prosperan y siempre se quedan en promesas de investigaciones y demás; las fuerzas armadas y de policía son cómplices y ejecutoras de esa política criminal contra el pueblo; el Estado y los capitalistas ven a los dirigentes populares como el “enemigo interno” que deben comprar o callar y eliminar. Es toda una maquinaria en contra de las víctimas que deja la guerra contra el pueblo.
Ni el más reformista de los gobiernos democrático-burgueses, ni el de Petro y su “Pacto Histórico” con las clases más reaccionarias representadas en los partidos Liberal, Conservador, entre otros, puede cambiar la esencia del Estado de los capitalistas, que consiste en ser una máquina de explotación y opresión contra las masas populares. Por ello, los comunistas revolucionarios llamamos a destruir de raíz esa vieja máquina de guerra contra el pueblo por medio de la violencia revolucionaria que debe dirigir un auténtico Partido Comunista Revolucionario que en Colombia se encuentra en construcción, tarea a la cual llamamos a unirse a los dirigentes obreros y campesinos honestos, a los estudiantes y artistas del pueblo, a los intelectuales comprometidos con los intereses de clase del proletariado; pues, sin este dispositivo estratégico, las luchas del pueblo continuarán siendo capitalizadas por el reformismo, electoral o armado, lo que significa prolongar aún más, la agonía de las clases oprimidas y explotadas por el capital.
