Intentando disimular la sanguinaria política del régimen de la mafia uribista y el paramilitarismo, sus representantes en las criminales instituciones del Gobierno, del Congreso y de los Partidos reaccionarios, todos a una voz en sus grandes medios de comunicación, se dirigieron al pueblo colombiano para expresarle empalagosos deseos de paz y reconciliación en el nuevo año 2022. ¡En la realidad el nuevo año llegó cargado de más guerra contra el pueblo!
María del Carmen Molina Imbachi, acribillada por ser dirigente comunal en el corregimiento de Buenos Aires del municipio de San Pedro, departamento del Valle del Cauca, es apenas el último de los 171 asesinatos de dirigentes populares, perpetrados en la guerra durante el 2021.
La masacre de tres jóvenes venezolanos el 3 de enero en el corregimiento de San Antonio, zona rural de Jamundí – Valle del Cauca, es apenas la siguiente a las 96 masacres ejecutadas en el 2021 como parte de la guerra contra gentes humildes y trabajadoras.
La disputa de territorios en el departamento de Arauca, entre bandas del ELN y las Disidencias de las FARC, cuyo enfrentamiento nada tiene que ver con causas revolucionarias sino con los intereses de las grandes mafias del narcotráfico internacional, ha ocasionado el desplazamiento de 400 personas de 88 familias en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, que se suman a los 72.300 desplazados por la guerra en el 2021, además de 57.700 víctimas de confinamiento forzado.
Y ante esta terrible situación, el monigote Presidente, el Ministro de Defensa y sus chafarotes militares, afirman que la guerra es entre grupos armados ilegales, y que las fuerzas armadas del Estado solo intervienen para garantizar el “orden público”. Prometen “recompensas” que ellos mismos cobran y se embolsan. Y siempre repiten el estribillo de la “exhaustiva investigación” cuyos escasos resultados son la caza de algunos “lava perros” y sicarios, cuando no “falsos positivos”.
En los hechos, el régimen uribista trata a las bandas criminales del narcotráfico, como socios y competidores; las fuerzas armadas del Estado, más numerosas, mejor armadas, históricamente sanguinarias, se coluden y compiten con esas bandas, puesto que al frente del poder del Estado está un régimen de la mafia que protege sus bienes y negocios especialmente de la coca, cuya producción, comercio y lavado, representa hoy uno de los pilares de la economía colombiana casi tan fuerte como el petróleo.
Pero, a las protestas, exigencias y movilizaciones de los trabajadores, el régimen de la mafia uribista les da tratamiento de guerra; la brutalidad de los escuadrones asesinos policiales, la potencia y respalda con las armas del ejército, la armada y la fuerza aérea; la actuación concertada con los paramilitares, la extiende del campo a las ciudades, tal y como se vio y quedó plenamente demostrado durante los paros y levantamientos populares desde noviembre de 2019.
¡Terror estatal contra el pueblo! en la forma de asesinatos selectivos, de masacres, de desplazamiento y confinamiento forzados, desapariciones, disparos directo a los ojos, torturas, violaciones, cárcel, persecución, amenazas… en pocas palabras ¡guerra contra el pueblo!
Y si la violencia la imponen los opresores, no queda más camino a los oprimidos que responder con la violencia revolucionaria. He ahí la necesidad de retomar y generalizar las nuevas formas de organización asamblearias, de desarrollar las nuevas formas de lucha perfeccionando el armamento de los grupos de choque y las primeras líneas, elevando su nivel de conciencia y organización como milicias obreras, campesinas, populares, estudiantiles… ya no solo para resistir al embate de las fuerzas asesinas del Estado, sino para avanzar en la preparación de la lucha del pueblo armado, de la guerra del pueblo que derroque el poder de la mafia y los opresores, única forma de detener, vencer y poner fin a la guerra reaccionaria contra el pueblo.
