Alarma en los noticieros han causado los recientes asesinatos y desplazamientos en el Sur de Bolívar. Todos hablan de las causas y de los victimarios, pero ninguno dice cuál debe ser la solución.
El Acuerdo de Paz del 2016 firmado por los arrepentidos jefes de las Farc y apadrinado por todos los reformadores del sistema para finalizar la guerra, no solo fue una farsa política para legalizar el despojo, sino que se convirtió en comedia para el régimen uribista, tragedia para los desmovilizados y más guerra contra el pueblo.
Hoy la verdad de los hechos, comprueba el correcto rechazo de los revolucionarios al engaño del Acuerdo de Paz, y en particular, la correcta e infatigable denuncia hecha por Revolución Obrera, que aprendiendo de la historia de los engañosos acuerdos y amnistías, y sobre todo, aprendiendo de la ciencia marxista que enseña a ver el trasfondo económico de las disquisiciones políticas y de la lucha política con derramamiento de sangre, llamó a los guerrilleros de filas, a las bases de los partidos pacifistas y en general a las masas trabajadoras, a no caer en la engañifa de ese Acuerdo, a no creer en la tramposa paz de los ricos que es la paz de los cementerios, es guerra contra el pueblo.
El Sur de Bolívar ha sido uno de los escenarios donde las masas populares han sufrido las tribulaciones de la guerra. Y todo por la “maldición” de residir en un territorio preñado de inmensas riquezas naturales, apto para el exuberante cultivo de la hoja de coca y de condiciones geográficas para el tráfico de sicotrópicos.
En la Cordillera Central se ubica la Serranía de San Lucas, un cordón montañoso minero de 16.000 km2 en los departamentos de Antioquia y Sucre, atravesando en éste último los municipios de San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Montecristo, San Jacinto y Achí, los de mayor producción de oro y plata en el Sur de Bolívar.
La Serranía de San Lucas es un enclave estratégico no solo para la extracción de oro y las plantaciones de coca, sino para la fabricación y tráfico de la pasta de coca, tráfico de armas, articulando corredores hacia Antioquia, la Costa Atlántica, el Catatumbo y Venezuela.
La renta extraordinaria obtenida en la extracción minera y más tarde también en la producción de la hoja de coca, convirtieron la Serranía de San Lucas y todo el Sur de Bolívar en campo de una guerra reaccionaria que desde comienzos de los años 80 del siglo pasado, han deparado miseria, muerte y desplazamiento de los pobladores. Hasta 1997 fue un territorio dominado por las Farc y el Eln. Luego entraron a competir en el negocio las paramilitares Autodefensas Campesinas. Las decenas de masacres perpetradas en el Sur de Bolívar dan cuenta del sanguinario método de la guerra en Colombia para aterrorizar a los campesinos, expropiarlos y desplazarlos.
Hoy persiste la guerra contra el pueblo en el Sur de Bolívar: en medio del fuego cruzado en los enfrentamientos entre grupos del Eln, de las Farc y del Clan de Golfo, desde comienzos de julio han sido asesinados 10 campesinos, entre ellos un dirigente social del Municipio de Montecristo y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Piojó del municipio de Santa Rosa y se cuentan en más de 700 las personas desplazadas.
Continúa la guerra contra el pueblo, en especial en el Sur de Bolívar, sin importar para nada el Acuerdo de Paz, con un recambio tal vez en los ejecutores materiales, pero con los mismos intereses y motivaciones económicas: la renta extraordinaria proveniente de la extracciones mineras y las plantaciones cocaleras, junto con los demás jugosos negocios del contrabando y del tráfico de sicotrópicos y de armas; con los mismos beneficiarios: grupos monopolistas imperialistas y dueños del capital financiero, los burgueses y terratenientes y entre ellos, principalmente, la facción mafiosa que hoy prefiere llamarse “gente de bien”; y con las mismas víctimas: los trabajadores pobres del campo.
Crédulos en la institucionalidad burguesa, los miopes reformistas también alarmados por los asesinatos y desplazamientos, llaman a que el Estado tome posesión del territorio y ejerza soberanía, “olvidando” que el Estado siempre ha sido protagonista en la guerra contra el pueblo, pues las hordas paramilitares y los ejércitos mercenarios de la mafia hacen parte de esa máquina de fuerza, actuando apoyados y en coordinación con las fuerzas militares. Y además de su poder militar de facto, el gobierno en Colombia desde hace años ha sido tomado por la facción mafiosa uribista, cuyo régimen con la venia del títere Duque, mostró su verdadera faz terrorista paramilitar en los asesinatos, desaparición, detención y tortura de dirigentes y activistas del Paro nacional.
Es una ilusión casi masoquista pretender parar la guerra contra el pueblo con fofos acuerdos de paz, que no suprimen las causas económicas de la guerra y sólo sirven a los reaccionarios para saciar su venganza contra los desmovilizados inermes y desarmados.
Es una creencia supersticiosa esperar que el Estado pueda resolver el problema de la guerra contra el pueblo, pues es en sí mismo la principal máquina de opresión y represión, porque es el poder organizado de los opresores, porque hoy está dirigido directamente por la mafia uribista mecenas y beneficiaria de la guerra contra el pueblo.
¡Solo el Pueblo Salva al Pueblo! Solo el pueblo puede salvarse de la guerra declarada por sus enemigos. Para acabar con la guerra reaccionaria en Colombia hay que barrer de raíz su combustible económico, y eso no se logra con reformas sometidas a la aprobación de los dueños del negocio, sino con el armamento general del pueblo, de los obreros y campesinos, única fuerza social capaz de derrocar el poder político de los beneficiarios económicos de la guerra, capaz de destruir el Estado que protege, preserva, nutre y potencia el poder económico de la mafia y sus compinches burgueses y terratenientes.
El camino de la guerra revolucionaria es el único que puede acabar la guerra reaccionaria y llevar a la verdadera paz de quienes sostienen la sociedad con su trabajo. Esta y no otra debe ser la perspectiva revolucionaria de la lucha actual del pueblo colombiano, pues aunque todavía es desarmada, la arremetida militar y paramilitar del régimen contra la protesta social es la que impone la obligación de avanzar a nuevas formas de lucha y de organización. La violencia de los pobres no es más que la obligada respuesta a la violencia de los ricos.
