Reza la letra de la Constitución que la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado cuya función es procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos [sic]. Y según la Ley 42 de 1993, está encargada de auditar todas las entidades de las tres ramas del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial.
¡No es un chiste, en verdad existe una entidad que vigila que no haya corrupción en el Estado burgués! ¡¡¡Y existe desde 1923!!!
Por estos días, han estado en boga de la prensa oficial y las redes sociales las discusiones que se han presentado en el “honorable Congreso” sobre la elección del próximo contralor que deberá “fiscalizar” la gestión del nuevo gobierno.
¿Por qué tanto alboroto por esta elección? ¿Tiene alguna trascendencia práctica para las masas trabajadoras este nombramiento?
Lo primero para decir es que evidentemente esta institución ha sido inútil. ¡Todos roban! Como demuestra la interminable cadena de casos de corrupción y latrocinio que han existido en todos los gobiernos desde 1923. Y claro que han sido mucho más evidentes y descarados los que se han presentado en el gobierno de Duque, en que la Contraloría no ha actuado. No era para menos, puesto que el contralor actual, Felipe Córdoba Larrate fue un funcionario de bolsillo del presidente. Sin embargo, han existido otros contralores “independientes” del gobierno, pero es curioso que aún así, los robos, desfalcos, etc… han sido el pan diario en Colombia.
Entonces ¿por qué tanto revuelo? porque a pesar de los hechos, todavía existen algunos ingenuos o más bien cretinos, que creen en la independencia de poderes en el Estado burgués y en la tal democracia participativa. Por eso no están de acuerdo con que haya un contralor de bolsillo del nuevo gobierno, caso el del partido Dignidad y su representante Jennifer Pedraza –que por cierto hizo la carrera de politiquera como líder estudiantil y miembro del desprestigiado Comité Nacional de no Paro– quien se opone rotundamente a la modificación de la lista de candidatos a contralor dejada por el pasado Congreso para la elección, arguyendo que Petro está interesado en poner una de sus fichas, aun sabiendo que varios de la lista están involucrados en casos de corrupción.
Otros ingenuos o cretinos creen que si se elige un contralor independiente se garantizará transparencia y se evitará la corrupción. Algo imposible en el Estado burgués, puesto que la independencia de poderes es una completa mentira, pues el Estado no está por encima de las clases sociales; el Estado es una maquina de opresión de una clase sobre otra; en este caso, de la burguesía y los terratenientes sobre las masas trabajadoras del campo y la ciudad. Además las clases dominantes utilizan su máquina para garantizar sus negocios a través de dos formas: la corrupción directa de los funcionarios y de la alianza del gobierno con el capital; en esta época del imperialismo con el capital parásito financiero.
Es cierta la denuncia de algunos congresistas, de que en la lista dejada por el congreso anterior existen inhabilitados desde el punto de vista de la formalidad burguesa, y que es el colmo del descaro la alianza de los partidos tradicionales para escoger a María Fernanda Rangel Esparza, quien tiene conflictos de intereses, como lo ha dicho Ariel Ávila. Pero también es cierto que quien quede no impedirá el robo, el saqueo, el chanchullo, la corrupción inherente al Estado burgués. En cuanto a si Petro o el Pacto Histórico estén interesados en contar con un contralor de confianza, tampoco es nada nuevo, todos los presidentes prefieren a alguien que pase de agache las “jugaditas” que se realizan siempre en cada gobierno.
Al final, mientras los politiqueros viejos y nuevos ocupan los noticieros alrededor del nombramiento de un funcionario inútil, el pueblo trabajador sigue padeciendo los problemas de violencia, hambre, desempleo, falta de oportunidades. Sin embargo, el circo presentado por los parlanchines congresistas en estos días, sirve para confirmar que el Estado burgués es una institución podrida e inservible para el pueblo, la cual hay que destruir para instaurar un nuevo tipo de Estado dirigido por los obreros y campesinos, que por las medidas enseñadas desde la Comuna de París en 1871, sí puede garantizar que no haya corrupción y que las necesidades del pueblo sean satisfechas.
- Un Estado sin burócratas parlanchines y con instituciones legislativas y ejecutivas al mismo tiempo
- Un Estado barato con funcionarios remunerados con salario de un obrero promedio
- Un Estado verdaderamente democrático donde los funcionarios sean elegidos directamente por las organizaciones populares y destituidos cuando no cumplan sus obligaciones
- Un Estado donde el Ejército permanente, pilar central del Estado burgués y defensor armado de los privilegios de los explotadores, sea destruido para sustituirlo por el pueblo armado
Un estado así es no solo necesario sino posible y es hacia allí a donde debe mirar el pueblo trabajador.
