Ayer Pedro Espita fiscal encargado, de la forma más cínica, declaró que en lo corrido de este año sólo ha habido un caso de asesinato de líder social. Días antes Iván Duque había informado que los crímenes a líderes sociales disminuyeron en un 25%. ¡Mentira! El régimen falsea la verdad para ocultar su carácter mafioso y paramilitar, pero ella sale a flote en los incontables testimonios que circulan en las redes y en el registro de los investigadores. No debe permitirse que sean silenciados los crímenes de Estado; es por esto que publicamos el presente informe que amablemente nos ha hecho llegar una amiga de este portal y el cual daremos a conocer en varias entregas.
No 1 sino 21 los muertos de los primeros días del 2020
El 2020 pronostica un muy mal año para los dirigentes y activistas populares y Defensores de Derechos Humanos; en los primeros 13 días transcurridos de este inicio de década, ya habían asesinado 14 líderes y defensores de derechos humanos en el país, uno por día. Pero como siempre en este país las cifras nunca cuadran, el gobierno descaradamente dijo ayer 20 de enero, que el reporte de ellos es de 1 sola persona asesinada, mientras que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha dicho que son 21 los líderes asesinados en lo que va del año. Estos son algunos de los nombres de los asesinados:
1. Carlos Cardona, líder social de la salud, asesinado el día 2 de enero en Ituango, Antioquia.
2.Cristian Caicedo, de 22 años, asesinado en Guapi, Cauca, el día 3.
3. Gloria Ocampo, lideresa social asesinada en La Estrella, vereda de Puerto Guzmán, Putumayo, el día 7.
4. Virginia Silva, asesinada en Páez, Cauca, el día 7.
5. Carlos Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
6. Emilio Campaña, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
7. Mireya Hernández, asesinada en Algeciras, Huila, el día 8.
8. Gentil Hernández, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
9.Anuar Rojas Isaramá, líder de la Guardia Indígena asesinado en Agua Blanca, municipio de Nuquí, Chocó, el día 9.
10. John Fredy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos (Astracal), asesinado en Algeciras, Huila, el día 11.
11. Juan Pablo Dicué Guegia, de 18 años, y 12. Amparo Guegia Mestizo, de 41, asesinados en el sector de La Buitrera, en la vía que une a los municipios de Caloto con Toribío, en el norte del Cauca. En el lugar apareció un panfleto en el que la acción criminal se la adjudican las disidencias de las Farc, estructura ‘Segunda Marquetalia Comisión 6’. Los nativos llevaban un niño de tres años a quien dejaron con vida. Los hechos sucedieron el día 11.
13. Henry Wilson Cuello Villareal, de 48 años, asesinado en Chiriguaná, Cesar, el día 12.
14. César Tulio Sandoval, coordinador del comité de campesinos de La Silla, asesinado en Tibú, Norte de Santander, el día 12.
15.Nelson Enrique Meneses Quiles, de 29 años, integrante de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro–Acit, filial de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina–Anzorc, organización que articula en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano–Pupsoc y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, asesinado en Inzá, Cauca, el día 13.
16.Sergio Narváez Tapias, exconcejal de Turbo, asesinado en su vivienda del corregimiento de Nueva Colonia de este municipio de Antioquia, el día 13.
17. Yordan Tobar, directivo sindical campesino del Putumayo.
18. Jorge Luis Bentancourt, líder campesino Córdoba.
19. Tulio Sandoval, líder de sustitución de cultivos Norte de Santander.
Las cifras cantan y demuestran el cinismo y la desfachatez del régimen; porque lo que sí es cierto es que estos asesinatos corresponden a una política de exterminio en contra de los líderes y que la impunidad impera campante.
Con justa razón crece la indignación popular frente al asesinato sistemático de sus dirigentes y al cinismo del régimen terrorista; indignación que debe encausarse en la preparación del Paro Nacional Indefinido que ponga freno al terrorismo de Estado, así como en la creación de las formas de organización que les permitan a las organizaciones proteger la vida de sus dirigentes, con independencia del Estado asesino.
