Cada vez que la burguesía quiere enriquecerse a costillas del pueblo, oculta su codicia detrás de los intereses populares. En esta ocasión, utilizan la legítima demanda del magisterio colombiano y del pueblo en general por una educación pública de calidad y financiada por el Estado, como un caballo de Troya. Este caballo de Troya, disfrazado de calidad educativa, esconde en su interior el afán privatizador de la parásita clase dominante.
Así ocurrió con la privatización de la salud. Nos prometieron cobertura universal y, para lograrlo, destinaron los dineros públicos a los bolsillos de las clínicas privadas y de las EPS, dejando en bancarrota a los hospitales públicos. Actualmente, según las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, en 2022 el 99,6 % de los colombianos estaban afiliados al sistema de salud: 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el régimen subsidiado, pero ¿quién realmente recibe atención de calidad? Las cifras hablan por sí solas: en 2022, se registraron 261 muertes maternas tempranas, 151 muertes maternas tardías y 60 muertes maternas; en el 2021 hubo más de 30.000 tutelas por mala atención médica; se estima que, entre 1979 y 2021, el 19,7 % de todas las muertes en Colombia fueron evitables y se debieron a fallas en el sistema de salud. Todas esas cifras de enfermedad y muerte para el pueblo nos dicen que ¡No podemos permitir que la educación siga el mismo camino!
Ahora, los parásitos senadores que representan los intereses de los ricos nos dicen que necesitamos dejar entrar al sector privado en la prestación de la educación financiada por el Estado para garantizar la calidad a través de la competencia. La misma vil mentira la dijeron cuando privatizaron la salud.
La verdadera calidad educativa no se logra con la privatización descarada que busca enriquecer a unos pocos a costa de nuestro futuro. La verdadera calidad educativa requiere escuelas y colegios públicos equipados con materiales de enseñanza y aprendizaje adecuados; estructuras físicas resistentes y adaptadas a la crisis climática que enfrentamos; aulas de 15 o 20 estudiantes que permitan una educación efectiva, requiere contenidos que realmente respondan a las necesidades y capacidades de los estudiantes, que consideren su contexto y que incluyan la experimentación científica; buen recurso humano, lo cual implica formación posgradual de nuestros docentes.
Ahondando en lo de la formación de un buen recurso humano para la prestación del servicio educativo, para que los maestros colombianos deseen formarse a nivel posgradual, es necesario que realmente valga la pena. Actualmente, un docente que invierte tiempo, dinero y salud en una especialización, maestría o doctorado, apenas ve reflejado este esfuerzo en su salario. Una mejora salarial de $285,873 por una especialización, $493,269 por una maestría y $986,540 por un doctorado es simplemente insultante. Para recuperar la inversión en una especialización, que dura dos semestres y cuesta entre 8 y 13 millones de pesos por semestre, un docente necesita entre 4.6 y 7.5 años. Una maestría de cuatro semestres requiere entre 5.4 y 8.7 años para recuperar la inversión. Y un doctorado de ocho semestres, con un costo de entre 9 y 14 millones de pesos por semestre, necesita entre 6 y 9.4 años para recuperar solo el dinero de la matrícula. ¡Esto es inadmisible!
La formación posgradual es esencial para perfeccionar las competencias profesionales a nivel disciplinar y pedagógico. El Ministerio de Educación debe estimular, valorar y recompensar la formación continua para mejorar la calidad educativa. Sin embargo, el actual sistema de escalafón docente, con su mísera remuneración, desestimula esta formación.
Si realmente queremos mejorar la calidad de la educación pública a través de la formación de nuestros docentes, es preciso modificar el estatuto docente. Debemos garantizar el ascenso en el escalafón por estudios posgraduales y asegurar que el dinero y el tiempo invertido en la formación se recupere prontamente.
¡Basta de mentiras! ¡Basta de privatizaciones disfrazadas de promesas de calidad! La educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, no un privilegio solo para aquellos que pueden pagarlo. Mejorar la calidad de la educación pública no se logra a través de la privatización, sino mediante una inversión sólida en todo el sistema público.
