El 22 de agosto del pasado año la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), a través de la resolución 574 le aprobó la licencia ambiental (FLL-082) a la empresa COLCCO, la cual está representada por el señor Jorge Manuel Castellanos, dicha resolución le permite a la empresa explotar carbón a cielo abierto en 1.949 hectáreas de la Serranía de los Yareguíes ubicada entre los municipios de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí en el Departamento de Santander. Por lo tanto, las consecuencias ambientales, sociales y económicas serán catastróficas para los campesinos y trabajadores de la zona de explotación, en un anterior artículo publicado en el portal Revolución Obrera se exponen las consecuencias ambientales y sociales que dejaría el proyecto para el medio ambiente y pueblo de la región del Chucurí. (Véase: https://www.revolucionobrera.com/actualidad/san-vicente-de-chucuri/ )
Asimismo, la multinacional ha acelerado el proceso para ejecutar el proyecto desde que fue aprobada la licencia ambiental. Se le suma que las instituciones del Estado Burgués han guardado un silencio cómplice ante las manifestaciones de las comunidades de los municipios que se verían afectados, eso condujo a que el pasado 9 de enero trabajadores, ambientalistas y campesinos de San Vicente del Chucurí, Carmen de Chucurí y de Barrancabermeja bloquearan la vía nacional a la altura del sector de la Lizama que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, exigiendo que sea revocada esta licencia ambiental, la cual presenta varias irregularidades y no cuenta con Licencia Social.
Han pasado 11 días desde el primer bloqueo y las protestas continúan. El bloqueo se ha extendido también al sector conocido como el Oponcito, en la vía que comunica al corregimiento de Yarima con el municipio del Carmen de Chucurí en la Ruta del Sol, allí se han realizado bloqueos intermitentes. Sin embargo, la CAS la única acción que ha tomado es que el pasado 10 y 11 de enero hizo presencia en los puntos de las manifestaciones y realizó un recorrido en los polígonos donde se otorgó el licenciamiento ambiental en el Carmen de Chucurí, con el fin de verificar las condiciones del terreno y las posibles afectaciones ambientales de la zona. Sin embargo, el pueblo sabe muy bien que son protocolos y promesas de instituciones que sirven al gran capital, sólo buscan engañar a las comunidades y desmovilizarlas para que la problemática no la conozcan en todo Colombia.
Por si fuera poco, se le debe sumar que el terror paramilitar sigue vigente y usado para proteger a los capitalistas: el pasado 15 de enero circuló un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), donde se amenaza de muerte a varios dirigentes que participan en las protestas, y para nadie es un secreto que las AGC tienen presencia en Barrancabermeja y libran actualmente una guerra a muerte con bandas locales para apoderarse del negocio de la droga del municipio. Los paramilitares siguen siendo el instrumento de los poderosos para aterrorizar al pueblo que se organiza y lucha, con la pasividad y complicidad de la policía y el ejercito que son los brazos armados legales de la burguesía.
A pesar que el actual gobierno “progresista” se jacta de proteger el medio ambiente y de avanzar hacia economías descarbonizadas, no se ha visto una respuesta contundente en rechazo de ese proyecto megaminero: la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, sólo se ha pronunciado en su cuenta de Twitter en donde dice que tenía una reunión con el presidente de la Agencia Nacional de Minas para el pasado 29 de diciembre, pero que fue aplazada para el 16 de enero con el fin de conformar una “mesa técnica” con las comunidades del Chucurí. Por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ministra Susana Muhammad sólo ha mostrado su solidaridad ante las amenazas que los paramilitares hicieron contras los luchadores populares y ha manifestado que respeta la legitima protesta, pero no ha planteado mayores acciones al respecto.
Discursos de apoyo y una mesa técnica que hasta el momento las comunidades que protestan no saben mayor información y que sabe que esas “mesas de trabajo” sirven para desmovilizar la lucha. Eso es lo que ha aportado el gobierno “del cambio” a la lucha de las comunidades del Chucurí, ¡más de lo mismo! Una vez más la realidad sigue demostrando que en el Estado burgués no se puede confiar a pesar que haya un gobierno “progresista” que supuestamente pone como prioridad la protección del medio ambiente. Las instituciones estatales están para mantener el orden económico y claramente terminan protegiendo a las grandes empresas capitalistas. El pueblo trabajador sólo puede confiar en su fuerza, su organización y en su unidad para conquistar derechos y defenderlos, para impedir proyectos que afectan el territorio.
La lucha para impedir que se lleve a cabo este proyecto minero de COLCCO comienza a extender a otros municipios del Departamento, distintas organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas de Bucaramanga y su área metropolitana han anunciado que se van a movilizar el próximo 23 y 24 de enero hasta la zona donde se realizan las acciones de bloqueo para acompañar y sumarse a la lucha junto a las demás organizaciones del Magdalena Medio. El pueblo trabajador de Santander exige que sea derogada la licencia ambiental FLL-082 y va continuar luchando hasta lograr este objetivo.
