El de Buenaventura, es uno de los 20 puertos marítimos más importantes del continente y este progreso no le ha dado al pueblo más que miseria, aumentándose una grave crisis social con ausencia de servicios básicos, indigencia infantil, desempleo absoluto en un 60% y un 40% restante donde es mayoritario el desempleo vestido de informalidad, agravada por la llegada masiva de desplazados. El terror con las llamadas «fronteras invisibles» es permanente, confinando a las masas como ganado de corral en los linderos de sus viviendas. Los desaparecidos en el puerto se cuentan por decenas… Todo lo anterior incentivado por los mandos militares y policiales, para la conveniencia de quienes controlan el multimillonario negocio portuario.
Los hechos de corrupción, como los de la educación pública donde hubo un millonario fraude cometido con «alumnos fantasmas», así como la muerte de decenas de personas en casas de pique, demuestran la injerencia del gran capital que no está al margen como tratan de mostrar los medios de comunicación. Es un magnífico negocio que al año genera solo en los negocios legales más de 2000 millones de dólares y que prácticamente es manejado por seis familias burguesas. Mientras tanto, la aplastante mayoría de sus más de 300.000 habitantes vive oprimida, despojada, bajo el terror paramilitar, lumpen y estatal.
La Sociedad Portuaria de Buenaventura, administradora del puerto, es el producto excelso de la corrupción y del entrelazamiento entre el Estado y los monopolios. Entre los carteles que controlan el puerto, por donde entra y sale el 60% de las mercancías del país —incluyendo armas y drogas—, está el Grupo Parody de la familia de la tirana ministra de educación; el Grupo Harinera del Valle de la familia Paz Bautista; el grupo Ciamsa, monopolista internacional de azucares y mieles, conformado por los 12 pulpos de los ingenios del Valle del Cauca partícipes del cartel del azúcar; más tres entidades públicas que maquillan la privatización del terminal. Los vínculos de estos monopolios con el poder político son evidentes: tienen sus representantes directos en calidad de Ministros y parlamentarios, con lo cual aseguran que sus proyectos y propósitos prosperen al amparo del poder del Estado.
El fabuloso negocio del puerto no favorece a las masas trabajadoras; es más, el ensanchamiento del puerto alimenta la guerra por la ganancia extraordinaria que allí se disputa y que es generada por el comercio legal e ilegal de mercancías, entre ellas el tráfico de drogas, armas, etc., además del tráfico de personas. El terror causado por disputa entre facciones de los explotadores que tienen sus propios ejércitos, vestidos de Bacrim, milicias, policía y ejército, lo padecen las masas trabajadoras; terror que va desde el confinamiento y la extorsión hasta las llamadas casas de tortura y pique. La misma prensa burguesa hace algunos meses se hizo vocera de las denuncias de que ejércitos paramilitares controlaban la zona, donde abundaban las extorsiones, los homicidios, el secuestro «exprés» y se descuartizaba a las víctimas. No ha pasado mayor cosa desde esta ola de denuncias, porque el terror beneficia la concentración del capital y la propiedad y le da seguridad a los grandes negocios de los cuales se nutre todo el sistema de opresión y explotación.
Las familias dueñas del negocio se lavan las manos señalando a los títeres gobernantes corruptos de turno como culpables de la desigualdad en el puerto y al crimen organizado como causante del terror, además incriminan a las masas laboriosas por no tener espíritu de «emprendimiento». El Estado por su parte ha ofrecido cárcel a algunos títeres corruptos y dispuso 2400 hombres de fusil con el pretexto de controlar la proliferación de «bandas criminales», pero en verdad para sofocar un posible levantamiento popular, a sabiendas de que «no hay mal que dure cien años» y el pueblo del puerto ya no aguanta más abusos, corrupción, hambre y muerte. Los reformistas acusan a la derecha paramilitar y mafiosa, al gobierno neoliberal y a los grupos monopolistas avaros que manejan el puerto. Todos ocultan que en realidad es el sistema de explotación asalariada el causante, pues mientras acumula y concentra capital en el polo de los explotadores, superexplota, condena al despojo, arrincona en la miseria y asesina a las masas trabajadoras; un sistema que además de la renta que produce el transporte legal de mercancías, se alimenta del tráfico de personas, del contrabando, de los sicotrópicos, de las armas y de todo lo inhumano, porque el único fin es la ganancia, no el bienestar social y la defensa del ser humano.
Cuanto mayor es el negocio y más monopolizado esté, más desempleo habrá, mayor superexplotación para la clase obrera, degeneramiento y miseria social. Esta es la ley absoluta de la acumulación capitalista que se muestra con creces en el puerto de Buenaventura, ante lo cual los trabajadores unidos con las masas del puerto y juntos con el resto del pueblo colombiano deben unirse para resistir, exigiendo a los gobernantes, representantes de los ricos explotadores, el cese de su ataque hambreador y criminal.
La política de atraer capital al país para alcanzar el desarrollo, significa mayores sufrimientos para los trabajadores y Buenaventura es una demostración de lo anterior. Esa es la dirección para la que trabaja el gobierno y por esto es necesario que el pueblo colombiano se oponga mediante la lucha directa y revolucionaria, uniendo sus luchas en el campo y la ciudad mediante huelgas políticas de masas. El progreso de los negocios de los ricos y el aumento del capital no trae progreso para el pueblo, porque el sistema capitalista se basa en la explotación asalariada del trabajo que conlleva a la acumulación y concentración cada vez mayor del capital, a cuenta de la miseria del pueblo.
El puerto de Buenaventura es una muestra de lo que representa el progreso capitalista para el pueblo: más superexplotación, hacinamiento, hambre y muerte. Por esto es que los trabajadores no deben conformarse con vivir bajo este sistema que en Colombia ha matado de hambre y sed a 5.700 niños en los últimos cinco años; que ha dejado morir en las puertas de las clínicas y hospitales a 130 personas en Bogotá en lo que va de 2016; que a pesar de las frases sobre restitución, reparación y paz sigue despojando a los pobres del campo y asesinando a dirigentes obreros, campesinos, estudiantiles y reclamantes de tierras.
El pueblo colombiano no está condenado a vivir en esta infamia; toda la historia muestra, a pesar de los horrores, una tendencia hacia la emancipación de la humanidad; destaca la inevitabilidad de la revolución social y política de los trabajadores; impone la necesidad transitar por la Dictadura del Proletariado, que es la dominación de clase de la mayoría de obreros y campesinos sobre la minoría capitalista. No hay otra manera de acabar con la voracidad del capital que derrocando su poder político, suprimiendo la gran propiedad privada, acabando la explotación del trabajo asalariado y sometiendo la resistencia de los explotadores derrocados mediante la Dictadura del Proletariado.
Solo la expropiación de los expropiadores y la socialización de toda la tierra y del capital, dará progreso a la sociedad colombiana. ¡No hay una tercera vía! Y es la clase obrera la única que podrá dirigir una revolución de esta magnitud; clase que, cuando cuente con su propio partido político revolucionario, será capaz de ponerse al frente, dirigir y encausar todos los riachuelos de lucha del pueblo colombiano hacia la Revolución Socialista.
