En los últimos días es noticia internacional el descubrimiento de los restos fósiles de 5 cadáveres humanos enterrados en La Escombrera de la Comuna 13, en Medellín. Este hecho, en medio de la tristeza general, provoca satisfacción para las familias de las víctimas que llevan dos décadas buscando los restos de los desaparecidos en el contexto de la Operación Orión y luchando contra las instituciones burguesas para desmostrar que existió terrorismo de Estado, pues en La Escombrera hay cientos de masas trabajadoras de la Comuna 13 que fueron asesinados durante varias acciones militares coordinadas con los grupos de narcotraficantes.
Se estima que bajo las toneladas de tierra de La Escombrera de la Comuna 13 hay entre 500 y 600 cadáveres, como parte de la acción siniestra principalmente del Estado para mostrar falsos resultados de «eficacia militar», por eso las múltiples capas de material de La Escombrera reflejan distintos momentos de la historia de la coerción y la represión ejercida sobre los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los vecinos de la Comuna 13 que fueron sacrificados por la mafia para mantener el dominio de las rutas para la exportación de psicotrópicos desde el Urabá hacia Estado Unidos y Europa.
En la capa más profunda de arena están los restos del periodo comprendido entre febrero y octubre del 2002, cuando en la Comuna 13 habían cerca de 200.000 habitantes y predominaba la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP); el Estado burgués, bajo un falso discurso antisubversivo, desarrolló 11 operativos militares que fueron diseñados, impulsados y desplegados por militares adscritos a la VI Brigada del Ejército Nacional, miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones Judiciales (CTI) y del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); acompañados por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, más el apoyo de la administración local y nacional.
Debajo de la segunda capa de material se encuentran las víctimas de cuando los monopolios financieros e industriales antioqueños, aliados con los narcotraficantes del Bloque Cacique Nutibara y en cabeza de Álvaro Uribe como presidente, ejecutaron la Operación Orión, en octubre del 2002, para favorecer a los capitalistas y también su dominación en esa zona estratégica para el negocio de los psicotrópicos. La operación contó con traidores de las FARC como Marlon Andrés Castañeda Higuita «el Gomelo», quien estaba en la cárcel y fue liberado por la Fiscalía para que fuera indicando las viviendas de los supuestos guerrilleros, a donde después llegaron los militares para encarcelar masivamente, desaparecer y asesinar, en medio del toque de queda de tres días que fue ordenado por el régimen de Uribe.
Después de la Operación Orión, el narcotraficante Juan Carlos Villa Saldarriaga, «Móvil 8», reconoció haber enterrado 50 cuerpos en La Escombrera y dio la ubicación exacta; también Diego Murillo, «Don Berna», reconoció ante la JEP haber enterrado 100 cuerpos en ese mismo lugar.
La tercera capa de arena es el periodo posterior a la Operación Orión, el más violento debido a que los narcotraficantes durante años ejecutaron represión selectiva en contra de las masas populares, con el método cobarde de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el enterramiento de los cuerpos de las víctimas para mostrar una falsa apariencia de reducción de los índices de violencia en la ciudad.
Las investigaciones de las mujeres, las madres, las familias, las víctimas y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, para excavar en busca de los restos, fueron obstaculizadas por el Estado burgués, terrateniente e imperialista colombiano y por el mismo Federico Gutiérrez actual alcalde de Medellín quien, a sabiendas que los perpetradores habían reconocido los hechos en testimonios judiciales, negó la posibilidad de la existencia de los cadáveres en La Escombrera. Esta es la verdad que quiere tapar Federico Gutiérrez, silenciando a las madres de las víctimas y borrando el arte popular.
Contra toda esta oscuridad e injusticia se levanta la verdad de los familiares de las víctimas de la Comuna 13, poniendo en evidencia la hipocresía de la burguesía mafiosa antioqueña y dejando claro que «las cuchas tienen razón»: que están muy cuerdas y luchando en contra de la impunidad; que exigen justicia y el cierre de la producción en La Escombrera, centro de actividad económica de la empresa El Cóndor, pues la continuidad de labores en este lugar simboliza la perpetuación del sufrimiento y la desestimación del dolor, la incertidumbre y la espera de las víctimas.
Además, no puede omitirse la información que dicha empresa pueda tener sobre la comisión de los hechos victimizantes, menos ahora que son evidentes los hallazgos y que las instituciones estatales negaron que existieran restos humanos en La Escombrera, con el objeto de borrar las huellas de su sistemática acción macabra en contra de las masas trabajadoras.
Es necesario que las masas populares aprendan de esta experiencia y comprendan la necesidad de responder al terrorismo de Estado y al de «los hombres de bien», que además ostentan el dominio cultural al decidir qué se dice y qué se pinta en las paredes. Las masas necesitan concretar formas organizativas independientes y prepararse para responder a esta falsedad con un nuevo Levantamiento Popular. En medio del concreto y la arena hay huellas del carácter criminal del Estado burgués y esas montañas de tierra alimentan el valor y la esperanza de los familiares de las víctimas, como un testimonio incómodo de que el siniestro orden existente debe ser levantado de raíz.
Como parte de las tareas de preparación de un nuevo Levantamiento Popular, los invitamos a la reunión preparatoria a la Asamblea Regional Independiente de Antioquia el próximo jueves, 16 de enero, de 9 a. m. a 12 m. Medellín, calle 53 #45-112. Edificio Colseguros
