Sigue la “lucha” en las altas esferas en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); los medios se encargan de darle una gran difusión a los debates y alegatos de los politiqueros en el parlamento, y recurren frecuentemente a los magistrados para que se pronuncien sobre las modificaciones propuestas por el uribismo al respecto; es todo un esfuerzo por convencer al pueblo de que se está discutiendo algo importante y para ese juego se presta la llamada “bancada de la oposición” que el 8 de abril consiguió una votación favorable en la Cámara de Representantes por la implementación de la JEP tal y como se firmó en el acuerdo de La Habana. Fue esa misma “oposición” quien promovió el 18 de marzo las nutridas marchas realizadas en apoyo a la JEP concentrando en la Plaza de Bolívar de Bogotá a miles de manifestantes de diferentes organizaciones políticas y sociales presionando al gobierno de Duque para que implemente sin modificaciones y cuanto antes esa justicia transicional. Así, los “amigos del pueblo” cumplen su papel al servicio del establecimiento sembrando ilusiones en la democracia burguesa y haciendo creer que la JEP de verdad es algo milagroso y muy bueno para el pueblo: ¡Mentira!
El uribismo está en contra de la JEP, porque busca excluir de los beneficios jurídicos a las personas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas y que están vinculadas a la guerra, como por ejemplo, industriales, banqueros, terratenientes o políticos que se ha lucrando de la guerra contra el pueblo como el ganadero José Félix Lafourie o el senador Álvaro Uribe Vélez, el cual ya ha sido incriminado en las confesiones hechas por comandantes militares y paramilitares. Así lo denunciamos en Revolución Obreraoportunamente: «Como si fueran pocos los beneficios de la JEP para los descuartizadores, ahora los partidos reaccionarios, Centro Democrático y Cambio Radical, presentan un proyecto de acto legislativo para crear salas especiales que favorezcan aún más la impunidad de los militares”.
La JEP no significa justicia para el pueblo. Allí reinan la impunidad y los beneficios para los verdugos del pueblo, pues la pena máxima es de ocho años y la condena no se paga en una cárcel tradicional. Por ejemplo, en el caso de los crímenes de Estado mal llamados «falsos positivos», la condena en la “justicia ordinaria”, es de hasta 50 años de cárcel, como ya se le impuso al coronel Carlos Alberto Ayala Pacheco. En la JEP un asesino de estos paga 20 años si no aporta a la verdad, o si “colabora” con la justicia, la condena es de máximo 8 años en un batallón, con la seguridad de que nunca van a reabrir el caso. En la JEP, un caso como el del genocida general Jaime Humberto Uscátegui, que hoy paga 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, Meta, sin reconocer su culpa sería condenado a 20 años de cárcel y como ya cumplió casi 17 años preso, no volvería a prisión. Es por eso que el abogado del asesino general Mario Montoya afirmó: “tarde o temprano, lo quieran o no, todos los integrantes de la Fuerza Pública señalados de haber cometido delitos graves en medio del conflicto armado van a terminar en la JEP”. Hasta Salvatore Mancuso, reconocido asesino paramilitar, busca ser beneficiado con la JEP.
Por eso, mientras el Estado ejecuta excombatientes de las FARC y líderes populares, incumple los acuerdos firmados, le brinda impunidad a los financiadores y beneficiarios de la guerra reaccionaria, es un exabrupto que la socialdemocracia llame a defender la JEP como parte de los acuerdos de La Habana. Al respecto en un artículo de Revolución Obrera pasado se afirmó:«Las ilusiones de los partidos de la pequeña burguesía en la JEP son infundadas y corresponden a su fe supersticiosa en el Estado, y su alegato por las enmiendas del uribismo a ese esperpento, solo sirve de cortina de humo para ocultar que la tal Jurisdicción Especial para la Paz fue hecha desde el principio para burlar al pueblo y a las víctimas”.
Los excombatientes honestos y comprometidos con los intereses de las masas que pertenecen a las Farc, no deben confiar sus esperanzas en la JEP, pues es un cascarón hecho para garantizar la impunidad de los agentes del Estado vinculados a las Fuerzas Armadas que tienen manchadas las manos de sangre obrera y campesina. Por ello a junio de 2018 había 2159 miembros de la fuerza pública en la JEP, respondiendo por 2588 casos como ejecuciones extrajudiciales, vínculos con grupos paramilitares, entre otros. El pueblo no debe esperar justicia, verdad y reparación de una entidad creada por el mismo Estado de los verdugos del pueblo en contubernio con los jefes guerrilleros, esto es iluso porque la JEP hace parte de la justicia burguesa, cuyo objetivo es garantizar la impunidad de la que ya gozan militares, burgueses y terratenientes.«He ahí el carácter de clase de la justicia burguesa: para los atroces crímenes de los jefes militares, paramilitares y guerrilleros, perdón, olvido e impunidad»; se decía exactamente en un Editorial deRevolución Obrera en días pasados.
Es hora de desechar las ilusiones en la justicia del Estado de los monopolios, porque llama verdad al encubrimiento de las clases que se lucran de la guerra contra el pueblo que hoy persiste; justicia a la impunidad para los asesinos del pueblo, y reparación a las promesas hechas a los sobrevivientes que nunca se van a cumplir. Pensar que bajo la democracia burguesa puede haber justicia para los sobrevivientes de la guerra reaccionaria y alimentar las ilusiones en aparatejos que fomentan la impunidad como la JEP, es una equivocación. Dicha jurisdicción, con objeciones o sin objeciones, hace parte de un acuerdo firmado entre bandidos para legalizar el despojo violento de miles de hectáreas de tierra productiva y las masas no tienen por qué confiar en ella, por cuanto, como se dijo anteriormente en este medio: «su objetivo en realidad es dejar impunes los crímenes relacionados con la guerra contra pueblo, especialmente, liberar de todo cargo a los capitalistas beneficiarios de la guerra reaccionaria».
Solo cuando el proletariado logre dirigir la lucha general del pueblo hacia la destrucción del Estado de los ricos y de su democracia burguesa, podrá instaurar su dictadura defendida por medio del armamento general de los obreros y campesinos en el Socialismo y en el cual los verdugos de las masas serán juzgados en Tribunales Populares, que condenarán a los asesinos del pueblo acorde con los crímenes que hayan cometido.
