Hernán Bedoya fue asesinado el 8 de diciembre pasado en el caserío de Playa Roja, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, en el departamento del Chocó, por las «Autodefensas Gaitanistas de Colombia», el tercer líder reclamante de tierras asesinado en Curvaradó y Bajo Atrato en los últimos días. Según la Comisión de Justicia y Paz, este asesinato «beneficia a personas que ocuparon las tierras de mala fe», desde 1996 con las operaciones militares y paramilitares como «Septiembre Negro», en las que participaron integrantes de la Brigada XVII del Ejército y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En los últimos 22 meses van 199 líderes sociales eliminados, la mayoría de los asesinatos se han cometido en las regiones destacadas para la gran producción agroindustrial como es el caso de Curvaradó y Bajo Atrato, pero se extiende a las demás regiones aptas para la agroindustria, así como a las zonas donde se sigue cultivando coca y amapola.
A pesar de los acuerdos firmados por los jefes de las Farc con el Gobierno y las promesas de restitución de tierras y reparación de las víctimas, prosigue el asesinato sistemático de dirigentes sociales como continuidad de la guerra contra el pueblo: obedece al plan de legalizar el despojo por parte de las clases dominantes y por eso están dispuestos a acallar toda denuncia o reclamación; igualmente, el asesinato de otros activistas sociales y políticos es la prolongación de la disputa por la renta extraordinaria del suelo, que no culminó con los acuerdos de la falsa paz.
Como señala el Informe de la XI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm), La Situación Actual Táctica Revolucionaria y Tareas de Los Comunistas:
La esencia política del «acuerdo de paz» entre el Gobierno de Santos y los jefes guerrilleros, es la legalización del despojo violento y desplazamiento de los pobres del campo, perpetrados por la guerra y consolidados en el régimen de Uribe; el desarme de la guerrilla y la sumisión de sus jefes al poder político de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, es un agregado del «acuerdo». Y no se trata solamente del despojo de las tierras que usurparon los mercenarios ejecutores como una parte mínima del botín; se trata sobre todo y ante todo del despojo de los millones de hectáreas que se convirtieron en propiedad privada de los grandes monopolios capitalistas e imperialistas en las zonas mineras y petroleras, cementeras, bananeras, de palma africana, de caña de azúcar… a quienes hoy el Gobierno de Santos en sus leyes agrarias reconoce como «compradores de buena fe».»
Llámese Ejército Nacional, Autodefensas Gaitanistas, neoparamilitares o bacrim todos son instrumentos al servicio del plan burgués imperialista de despojar y legalizar el despojo de los pobres del campo para entregar las mejores tierras a la explotación capitalista, en manos de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, incluidos los grandes capitalistas vinculados directamente al negoció de los psicotrópicos y al lavado de activos, cuyo peso en la economía colombiana sigue siendo gigantesco.
Según las cifras interesadas de la Anif, en su Índice de Economía Subterránea, del 11 de junio de este año, «el 1,9 por ciento del PIB que la ilegalidad mueve hoy en la economía subterránea equivale a 16 billones de pesos». Y según el Informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – Simci, entregado a mediados de julio del presente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – Unodc, «…la radiografía más completa de la realidad del narcotráfico en Colombia– revela que entre el 2015 y el 2016 los cultivos crecieron en un 52 por ciento en el país, al pasar de 96.000 hectáreas a 146.000. Y la producción potencial de cocaína está entre 747 y 1.028 toneladas métricas.» Las cifras más altas en toda la historia del país.
En el citado Informe de la XI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm), se dice respecto a las contradicciones interburguesas por la renta extraordinaria:
Bien entendidas las cosas, la lucha inter-burguesa en lo que tiene que ver con “el acuerdo de paz” no es por la amenaza a la propiedad privada de los capitalistas ni a la legitimidad de su dictadura de clase, ambas reconocidas y defendidas por los jefes guerrilleros; ni frente a la legalización del despojo que beneficia al conjunto de las clases dominantes. La lucha es por conservar el reparto ya hecho a sangre y fuego, y más allá de la propiedad privada misma de la tierra, por su renta capitalista extraordinaria, por la plusvalía de la agricultura empresarial, por los negocios legales e ilegales de la minería, de las plantaciones de coca y amapola, de la producción y tráfico de los sicotrópicos, de donde la mafia mejor representada por la facción uribista no se deja desplazar. La aguda contradicción entre santistas y uribistas, no significa que los primeros sean representantes de una facción homogénea anti-mafia, ni que los segundos sean exclusivamente representantes de la mafia; luchan y están entreverados, como están entreverados los negocios de la mafia en toda la economía. La apariencia de esta contradicción como “oposición entre guerra y paz” es también engañosa, falsa, pues ambas facciones burguesas están contra la lucha de clases, temen el uso de la violencia revolucionaria por las clases oprimidas, fomentan la mentira de la paz entre ricos y pobres, y están casadas con la ya vieja política estatal de guerra contra el pueblo.»
Los proletarios y campesinos víctimas de esta guerra injusta deben intensificar su lucha con independencia del Estado burgués, terrateniente y pro imperialista desechando toda ilusión en la falsa paz burguesa. Deben saber que la paz para el pueblo sólo será posible cuando sea abolida la propiedad privada sobre la tierras y demás medios de producción, pues ella es la causa profunda de la explotación del hombre por el hombre, de la desigualdad en clases sociales y de las guerras.
Las comunidades campesinas, negras e indígenas, las víctimas y reclamantes de tierras, los defensores de derechos humanos y demás organizaciones sociales del pueblo no pueden seguir confiando la vida de sus dirigentes en el Estado, principal responsable de la guerra y el asesinato; por el contrario, deben desarrollar sus propias formas de organización, al estilo de la Guardia Indígena, para brindar una real protección a sus comunidades y dirigentes. Formas de organización que deben adecuarse a las condiciones y necesidades que les permitan garantizar su vida y rechazar los ataques de los enemigos.
La agudización de las contradicciones de clase en la sociedad colombiana hacen surgir nuevas formas de lucha y organización, que lejos de la mentirosa paz social de los explotadores, preparan las condiciones para generalizar las Huelgas Políticas de Masas, la lucha revolucionaria de los pobres del campo y la ciudad, y la verdadera guerra popular de los obreros y campesinos que destruirá hasta los cimientos del Estado reaccionario, dando paso a un nuevo Estado y una nueva sociedad socialista.
¡La paz de los ricos es guerra contra el pueblo!
¡Oponer a la guerra reaccionaria la violencia revolucionaria de las masas!
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
