En la madrugada del 22 de junio en el corregimiento de Hatoviejo, jurisdicción de Calamar (Bolívar), la joven Yuranis Romero Iriarte de apenas 16 años perdió la vida a causa de un disparo. El hecho, que también dejó herido a Leo Páez Barcasnegra, ocurrió en las afueras de una discoteca, en medio de una celebración organizada por seguidores del representante político de la mafia y la burguesía Abelardo de la Espriella, luego de los resultados electorales. El presunto responsable, identificado como Giovanni Guzmán, alias «El Niño del Caballón», quien habría realizado varios disparos en medio de esa decadente celebración, huyó del lugar mientras, según dicen ellos mismos, es buscado por las autoridades de este Estado podrido.
La muerte de Yuranis, quien era estudiante distinguida de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria José Antonio Galán en el mismo municipio, es una expresión concreta de las contradicciones propias de la sociedad colombiana, donde la violencia reaccionaria no es una anomalía del sistema, sino uno de sus mecanismos de reproducción. Las regiones como Bolívar, históricamente marginadas por el Estado de los ricos y abandonadas al vaivén de los poderes locales, son territorios donde la acumulación de capital político se hace posible precisamente gracias al control de la violencia, que es ejercida en cualquier momento y lugar y siempre termina pagando el pueblo de a pie.
El marxismo nos enseña que las clases dominantes no solo controlan los medios de producción, sino también los medios de coerción, y no solo a través del Estado. Así es como el clientelismo y el poder político regional se articulan de manera compleja con grupos armados, redes de narcotráfico y figuras como «El Niño del Caballón», quienes operan como eslabones de una cadena que garantiza el orden social de los poderosos. La celebración de los seguidores de Abelardo de la Espriella —un político que representa los intereses de sectores económicos y élites regionales— se convirtió en el escenario donde esa cadena de violencia cobró la vida de una adolescente estudiante hija de nuestra clase obrera.
A los comunistas esta terrible situación nos recuerda que el Estado no es un árbitro neutral, sino un instrumento al servicio de las clases dominantes. En este caso, las autoridades señalan un responsable individual, Giovanni Guzmán, y prometen investigar. Pero las preguntas de fondo permanecen sin respuesta ¿por qué sujetos como «El Niño del Caballón» proliferan en los márgenes de este sistema? ¿Cuál es la relación entre el poder electoral que se celebraba esa noche y las redes de violencia contra el pueblo que operan en esos territorios? La justicia burguesa persigue individuos, pero de lo que se trata es de transformar este sistema, destruyéndolo con la fuerza del proletariado por uno a su servicio.
La comunidad de Hatoviejo llora a Yuranis y exige justicia. Esa exigencia popular, esa indignación colectiva, es precisamente el germen de la conciencia de clase, la comprensión de que hay quienes festejan y hay quienes mueren en estas «fiestas» nefastas. La muerte de esta joven estudiante no debe ser reducida a una nota roja, debe ser leída como la expresión más brutal de las desigualdades que el capitalismo y el poder político clientelista reproducen cotidianamente y de forma más brutal en los territorios empobrecidos de Colombia.
Mientras los seguidores de Abelardo de la Espriella celebraban su triunfo en la farsa electoral, una familia perdió a su hija. Esa imagen condensa, de manera dolorosa y precisa, la esencia de una sociedad dividida en clases, donde el poder festeja y el pueblo llora. Justicia para Yuranis Romero Iriarte no puede significar solo la captura de un individuo, sino también el cuestionamiento y desmonte radical de las estructuras que hacen posible que una adolescente muera en la celebración del poder de otros.
