A nuestro correo revolucionario llegó la continuación del artículo «La superexplotación docente y la falsa excusa de la “baja matrícula” en Cali» segunda parte, explicando en esta ocasión cómo las mismas instituciones de la administración en Cali coadyuva a la privatización de la educación al contratar colegios privados bajo la figura de «cobertura contratada» excusa que está filtrando los recursos públicos en las manos de los privados, asunto contra el cual el magisterio colombiano debe luchar como parte de la defensa de la educación pública.
Cobertura contratada: el negocio que vacía la escuela pública
Inició el año escolar, apenas ha transcurrido la primera semana lectiva y en varias instituciones educativas de Cali ya está presente una sensación de angustia en algunas maestras y maestros debido a que faltan estudiantes en uno o varios cursos de los colegios públicos. Salones que hace diez años rebosaban de niñas, niños o jóvenes hoy tienen treinta pupitres ocupados o tal vez menos.
Los docentes lo saben, el rector también y la Secretaría de Educación lo tiene claro: si el número no «da», el grupo se fusiona; si el grupo se fusiona, el docente queda «liberado»; si el docente queda liberado, la plaza desaparece. Ese es el miedo que hoy recorre los pasillos de los colegios y las escuelas públicas.
Mientras tanto, a pocas cuadras o a varias comunas de distancia, en los colegios de cobertura contratada el panorama es el opuesto: aulas pequeñas, improvisadas, con hasta cuarenta estudiantes apretados; salones separados por delgados muros; voces infantiles agolpadas; calor sofocante y un docente que apenas puede moverse por entre las filas de pupitres, contratado por el salario mínimo y resignado a trabajar todo el día. Allí no hay «insuficiencia», hay sobrecupo, y este es otro sobrecupo que no atormenta al Estado, por el contrario, bien lo paga, renueva el contrato y aplaude la «continuidad del servicio». Son dos realidades opuestas y un mismo sistema injusto.
¿Cómo llegó la educación en Cali a esta situación?
La cobertura contratada según el Estado era una medida temporal, pero en Cali opera oficialmente desde el año 2015, pues fue convertida en política estructural por el Decreto 1851. Año tras año, sin que existan mejoras de fondo en la infraestructura de los colegios públicos, la Secretaría de Educación de Cali ha mantenido una de las matrículas contratadas (privatizadas) más altas del país.
El Decreto 1851, que dio vida a esta forma de privatización, la justificaba debido a que existían problemas de infraestructura que inhabilitaban algunas instituciones oficiales o porque hacía falta personal docente para suplir la demanda. Sin embargo, en la prensa burguesa se promovió también el desprestigio de los colegios públicos señalando a los docentes como los únicos y directos responsables de los bajos resultados en las pruebas estandarizadas.
Los representantes políticos de la burguesía más reaccionaria se han encargado de señalar a los docentes, sus organizaciones sindicales, sus jornadas de lucha y paros por la defensa de la educación pública como los causantes del problema en la educación, ese es su caballito de batalla para promover la privatización de la educación y la persecución a los docentes que se atreven a defender lo poco que aún permanece público. Para la muestra, Paloma Valencia desde el Congreso ha promovido insistentemente los bonos escolares y cualquier cantidad de medidas para perseguir y castigar al magisterio. No contentos con haberse robado la salud dando vida a las EPS quieren hacer los mismo con la educación del pueblo.
Con esta política privatizadora en el año 2015 se pagó a los colegios de cobertura contratada alrededor de $2 500 000 al año por cada estudiante matriculado, mientras que lo que se destinaba en promedio por estudiante en el sistema oficial apenas rondaba el $1 200 000. En el Plan de Cobertura 2024 , presentado durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina, la Secretaría de Educación destinó $140 476 006 238 para la matrícula en cobertura contratada, recursos con los que finalmente se atedió a 55 076 estudiantes, es decir, se pagó $2 550 585 por estudiante al año. Según esto podemos estar hablando de miles de millones de pesos desviados del sistema educativo público hacia el sistema privado en la última década.
De acuerdo con los Estudios de Insuficiencia y Limitaciones que la Secretaría de Educación debe presentar al Ministerio de Educación para justificar esta privatización en Cali, en 2015 los colegios de cobertura recibieron 99 393 cupos, para 2016 recibieron 67 169 cupos y para 2017 el regalo fueron 69 538 cupos. Una década después, para 2025, Cali mantuvo 53 125 estudiantes en cobertura contratada, distribuidos en 105 instituciones privadas; todos estos cupos le han representado a la educación pública menos recursos que hoy explicarían por qué no se han solucionado las limitaciones en infraestructura, por qué se liberan docentes y coordinaciones completas, por qué se acaban plazas docentes y se clausuran sedes educativas.
La disminución en la matrícula de la cobertura contratada en estos diez años no hace parte del plan Estatal para el desmonte de esta forma de privatización, sino del «temido» fenómeno que está manifestándose en la educación tanto pública como privada: la «baja natalidad». Ya en 2024 se publicó un estudio a nivel nacional cuyos resultados señalaron que «entre 2019 y 2023, 6 263 instituciones educativas cerraron sus establecimientos, de los cuales el 39,1 % (2 446) eran privados y el 60,9 % (3 817) eran públicos».
La disminución del número de niños, niñas y jóvenes en edad escolar, además de estar relacionada con la baja en el número de nacimientos, debemos también asociarla a las cifras de familias que han migrado a otros países. Esta cuestión merece ser analizada en otro artículo de manera más rigurosa para también desmentir los aparentes impactos que supuestamente también desencadena en las pensiones.
La precarización impuesta con miedo
El discurso oficial insiste en culpar a la «baja natalidad» de la «disminución de matrícula» y en consecuencia la «necesidad de ajustes técnicos» que obligan al movimiento de planta docente y por supuesto su posterior liberación. Sin embargo, los docentes sabemos perfectamente que esta situación ha sido creada deliberadamente y que beneficia solo a las mafias de la educación de cobertura.
En los colegios públicos, por ejemplo, menos estudiantes significan inseguridad laboral y el docente teme que su grupo no alcance el mínimo exigido —32 estudiantes en zona urbana— y que su plaza sea eliminada y se compite entre colegas con la presión por «retener matrícula» lo que aumenta el desgaste emocional.
Por su parte, en los colegios de cobertura el problema de la «baja natalidad» parece no manifestarse. Los docentes trabajan hasta dos jornadas (mañana y tarde) con grupos masificados, sin condiciones pedagógicas, sin tiempo para planificar y calificar, con salarios cercanos al mínimo, sin estabilidad laboral y sin garantías prestacionales reales; convirtiendo el hacinamiento y la precariedad laboral en la base del negocio; y, por si fuera poco, en muchas ocasiones los docentes superexplotados en los colegios de cobertura son despedidos debiéndoles meses del miserable salario y ni la Secretaría de Educación ni el colegio responden.
Al final, todos los docentes y los estudiantes son víctimas, tanto los del público como los de la cobertura. Quienes ganan son los dueños de los colegios de cobertura y la red de intereses políticos que garantizan ese flujo permanente de recursos públicos hacia manos privadas.
Ante las primeras y tímidas quejas de las dirigencias sindicales del magisterio en Cali por el incumplimiento en los acuerdos de disminuir la cobertura contratada, y devolver los estudiantes a la educación pública; los dueños de los colegios privados de cobertura han azuzado a las familias de sus estudiantes para realizar protestas que se opongan al desmonte de la cobertura contratada.
El 28 de enero se cumplió el tiempo planteado por la Secretaría de Educación para presentar una nueva resolución sobre el ajuste en la planta de personal docente y con ella los trabajadores de la educación esperan el cumplimiento de los compromisos en la disminución de la cobertura contratada. Sin embargo, el magisterio desde sus bases debe seguir discutiendo el problema de fondo e ir organizando respuestas a los nuevos ataques que se presentan desde la privatizadora Secretaría de Educación.
Respuestas fuertes y beligerantes que se impongan a las tímidas acciones y los titubeantes pronunciamientos de las dirigencias sindicales es lo que se requiere y, sin importar el sindicato al que se pertenezca, trazar planes de movilización y lucha claros para acabar definitivamente con uno de los principales problemas de la educación pública en Cali: la cobertura contratada.
Debemos ponernos como tarea principal la defensa de la educación al servicio de pueblo y la estabilidad laboral de los docentes, conquistar que los hijos del proletariado regresen a los colegios públicos y así acabar con las justificaciones para fusionar o cerrar sedes.
Si desde las bases del magisterio nos abanderamos de la lucha por reducir las relaciones técnicas para hacer más eficiente y digna la labor pedagógica, no habría que suprimir docentes y, al contrario, habría posibilidad de incorporar más docentes a la educación pública.
Si estamos dispuestos a defender la educación pública en condiciones dignas para los hijos del pueblo, con relaciones técnicas de máximo 20 estudiantes por grupo se podrían atender de manera oportuna los problemas de convivencia en las aulas y fortalecer el aprendizaje.
Está demostrado que la cobertura contratada no soluciona un problema educativo sino que vacía lentamente la escuela pública mientras precariza a quienes trabajan en lo privado. Divide a los docentes, fragmenta la lucha y convierte el derecho a la educación en una mercancía. Este no es un error de planeación, es una decisión política al servicio de la clase de los explotadores.
Esas decisiones exigen como respuesta la lucha colectiva del pueblo, encabezada por los trabajadores de la educación, herramienta indispensable capaz de imponer las decisiones políticas que en verdad sirvan a los hijos del proletariado.
¡A las calles! ¡Gobierne quien Gobierne, la educación del pueblo con lucha directa se defiende!
Continuará…
Un profe lector de RO
