La salud en Colombia necesita una intervención urgente y radical

La Nueva EPS, la entidad más grande del régimen contributivo en Colombia, está en el ojo del huracán tras revelarse escándalos de corrupción en el manejo de recursos públicos. Investigaciones preliminares señalan que directivos y contratistas habrían desviado miles de millones de pesos mediante sobrecostos en medicamentos, contratos irregulares y pagos ficticios a clínicas y proveedores.

El caso golpea con fuerza porque la Nueva EPS atiende a once millones y medio de afiliados y representa un pilar dentro del ya debilitado negocio de la salud. Los pacientes denuncian demoras en autorizaciones, falta de medicamentos y fallas en la atención, problemas que se agravan cuando se revela que los recursos destinados a la atención están siendo desviados.

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, su deuda pasó de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos, un aumento del 198 %. Si esta tendencia continúa, la proyección es que para finales de 2025 el pasivo llegue a 26,39 billones de pesos. El patrimonio de la Nueva EPS también ha tenido una caída estrepitosa: de un saldo positivo de 485 209 millones de pesos en 2022, pasó a que en el cierre del primer trimestre de 2025 estaba cerca de menos 6,25 billones de pesos, y según La Contraloría, si no hay correcciones, el patrimonio podría cerrar 2025 en menos 9,16 billones de pesos.

La Nueva EPS, fundada en 2008, estaba constituida por el 50 % de capital privado más una acción (aportado por las cajas de compensación familiar) y por otro 50 % de capital estatal menos una acción (aportado por La Previsora Vida S.A.). Esta EPS predominantemente de capital privado, entró a reemplazar el antiguo Instituto de Seguros Sociales quebrado por malos manejos de sus directivos y políticas estatales que favorecieron la entrada del capital financiero para que se hiciera con el negocio de la salud en Colombia. Sin embargo, en abril de 2024 se intervino la EPS a través de la Superintendencia de Salud que asumió el control administrativo.

La Nueva EPS pertenecía a Cajas de Compensación Familiar -privados- como Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco y Comfandi. Entre las causas para que se tomara la decisión de intervenirla se encuentran maquillajes contables por parte de estas cajas de compensación descubiertos por la Contraloría, con los que ocultaron deudas billonarias y sus respectivos pasivos y pérdidas billonarias; ocultaron facturas con las deudas a clínicas y hospitales de la red pública del país, hicieron anticipos sin legalizar a prestadores de servicios de salud que no tenían la documentación completa, al igual que irregularidades en la contratación que se concentró en un grupo reducido de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) con fallos en sus procesos de contratación. Es decir, una cascada de irregularidades que conllevaron al incremento de quejas y tutelas por parte de los pacientes y que varios hospitales y clínicas suspendieran la prestación de los servicios de salud a los afiliados de la Nueva EPS.

Por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico San Camilo en Bucaramanga, Santander, decidió suspender los servicios que le presta a los afiliados de la Nueva EPS desde el 6 de octubre pasado, debido a la deuda que tiene esa EPS con el Hospital por $12 855 millones. Esta decisión afecta la continuidad de los tratamientos de cientos de pacientes con patologías mentales crónicas y agudas, gracias a la voracidad del capital privado que acabó con la salud del pueblo. Según el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS privadas acumulan deudas con el sector hospitalario público con especial afectación en las instituciones especializadas y de alta complejidad.

Este nuevo caso se suma al de otras EPS como Saludcoop y CaféSalud que desangraron la salud del pueblo colombiano en beneficio de un puñado de parásitos capitalistas. En Colombia se necesita un verdadero sistema de salud público, que privilegie la prevención de enfermedades y el trato oportuno y de calidad a los pacientes ya enfermos. Sin embargo, lo que existe es un lucrativo negocio para un puñado de capitalistas que no les importa la muerte y sufrimiento del pueblo si a cambio ven como se inflan los saldos de sus cuentas bancarias.

¿La solución? En lo inmediato es necesario enterrar por medio de la movilización del pueblo la Ley 100 de 1993 que le permitió a un puñado de parásitos capitalistas incrementar sus jugosas ganancias a costa de la muerte de miles de enfermos que pudieron haberse curado si hubieran recibido un tratamiento a tiempo y de calidad. Hoy las EPS acumulan deudas por 32,9 billones de pesos por servicios de intermediación prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos entre otros, viéndose afectada principalmente la red pública hospitalaria, $7,9 billones más respecto al monto reportado en 2023.

De fondo, se necesita un verdadero sistema de salud que no privilegie las ganancias de los más ricos del país a costa de la muerte y sufrimiento del pueblo colombiano. Un sistema de salud que ponga por encima la prevención de las enfermedades y esto obligatoriamente debe ir acompañado de una buena nutrición, de prácticas como el ejercicio dirigido y esto requiere tiempo para poder realizar estas actividades, tiempo y acceso que el capitalismo es incapaz de darle al pueblo trabajador. Por eso, se necesita otra sociedad para que exista un verdadero sistema de salud que ponga en el centro las necesidades de las masas y no el apetito voraz de ganancia de los grandes monopolios financieros que hoy controlan la salud. El Socialismo científico ya demostró que es capaz de erradicar enfermedades, que es capaz de formar al mejor personal médico del mundo, de retribuir correctamente el trabajo de médicos y enfermeras, de llevar salud al campo y a las zonas más apartadas, de aumentar la expectativa de vida del pueblo soviético y chino. La revolución socialista es el antídoto que se necesita para erradicar la plaga que significa el capital controlando la salud del pueblo.