No es un hecho aislado ni una simple consecuencia de la guerra; todas las terribles historias que relatan la violencia sexual contra las mujeres rurales en Colombia son una manifestación directa de la estructura de opresión que el Estado burgués ha impuesto sobre el pueblo. Es el reflejo de un régimen político y económico que solo puede sostenerse a través de la violencia, el despojo y la impunidad. A través de la historia, esta forma de violencia contra la mujer ha servido como una herramienta de control social ejercida por las fuerzas armadas, tanto las oficiales del Estado que garantizan la explotación y la miseria, como las no oficiales, paramilitares e incluso las guerrillas.
El Registro Único de Víctimas (RUV) revela que las víctimas reconocidas del conflicto armado colombiano, al que los revolucionarios decidimos llamar más exactamente Guerra contra el Pueblo, son más de 9,6 millones de personas. De ellas, 52% son mujeres, quienes han enfrentado desplazamiento forzado, desaparición, despojo de tierras y violencia sexual. En el campo, la mujer campesina ha sido la principal víctima de esta guerra impuesta por el interés capitalista y la disputa por la tierra; una violencia ejecutada por mercenarios armados, tanto de derecha como de falsa izquierda.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), denunciaba para abril de 2023 que, de acuerdo con el RUV, el 91% de las víctimas de violencia sexual en el conflicto son mujeres. Los victimarios han sido el Ejército, los paramilitares y las guerrillas convertidas en instrumentos de opresión y guerra contra el pueblo al optar por participar en la disputa por la renta extraordinaria del suelo y servir al mejor postor entre los monopolios que se reparten la tierra: Mineros, madereros, palmicultores y narcotraficantes…
El Estado burgués el mayor garante de esta opresión
La violencia contra la mujer en el campo no se explica únicamente por el conflicto armado: es la consecuencia de un modelo de explotación impuesto por el modo capitalista en su etapa agonizante: El imperialismo; donde capital financiero determina el modo de actuar y los intereses de los terratenientes y la burguesía.
Según los propios informes de organizaciones imperialistas como ONU Mujeres, el 50% de las mujeres rurales en Colombia no tiene ingresos propios, lo que las deja en una situación de total dependencia económica y vulnerabilidad extrema ante el abuso y la explotación. En muchas regiones, la mujer campesina debe recorrer más de 10 km a pie para acceder a servicios básicos de salud, mientras que los programas de asistencia estatal son prácticamente inexistentes.
Los terratenientes y agroindustriales, con el respaldo del Estado Burgués a su servicio, han desplazado a millones de mujeres y niños de sus tierras, incrementando los cinturones de miseria en las ciudades. Al tiempo, las empresas imperialistas se apropian de los recursos naturales con la complicidad de Estado, que a pesar de las «buenas intenciones» de algunos individuos, se pone en evidencia que gobierne quien gobierne, el Capital es el que está al mando y por ello, continua la desfinanciación del campo y el incumplimiento a las exigencias de las principales victimas de la guerra, así como se abre la puerta para que las organizaciones del imperialismo como la OTAN ejerzan control sobre territorios rurales como la Isla Gorgona y el Amazonas.
Por otra parte, el DANE, a pesar de que puede haber subregistros, reconocía para el 2020, que el 34% de las mujeres rurales son analfabetas o tienen una educación primaria incompleta, lo que crea las condiciones propicias para que el estado de los ricos ejerza su dominación e impida cualquier intención de lucha y resistencia a la violencia estructural. Sin educación, sin tierra, sin autonomía económica, sin salud, sin vías ni facilidades para la movilidad, las mujeres del campo: campesinas y proletarias agrícolas terminan sometidas a la opresión más brutal.
Tanto los grupos paramilitares como las guerrillas han utilizado la violencia sexual como un instrumento de terror. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por ejemplo, fueron responsables de miles de casos de esclavización sexual de mujeres en el campo. Según la Comisión de la Verdad, el 88% de los casos de violencia sexual en el conflicto han quedado en la impunidad.
Las guerrillas revisionistas tampoco han sido diferentes: en sus filas se ha documentado el uso de la violencia sexual como una forma de castigo y de control y casos de niñas y mujeres que fueron obligadas a abortar en los campamentos guerrilleros, mientras que, en las zonas de influencia de estos grupos, las mujeres campesinas fueron víctimas de abuso y sometimiento.
A la vez que el Ejército Nacional también ha sido denunciado por múltiples casos de abuso sexual contra niñas indígenas y campesinas, y por supuesto, la Fiscalía General de la Nación ha garantizado la impunidad para sus agentes. Sin mencionar los diferentes casos en los que integrantes de las tropas imperialistas, también han ejercido diferentes tipos de violencia sexual contra mujeres y niñas campesinas e indígenas y por los que el Estado pro imperialista colombiano es cómplice.
Es por ello que el Estado burgués es el principal responsable, pues además de mantener la miseria del pueblo, perpetúa la impunidad de los crímenes contra la mujer trabajadora del campo y la ciudad.
Arrancar el problema de raíz: ¡organizar la lucha popular!
Ante este panorama, el único camino es la lucha organizada del pueblo. Las mujeres revolucionarias ya avanzan en este camino, todo el ímpetu y poder de la mujer que se moviliza a diario contra la violencia sexual en el campo y la ciudad y los feminicidios, se debe apuntar contra el origen de todo, el principal responsable, en ultimas contra el capitalismo imperialista y su Estado Burgués que garantiza las condiciones para que esa violencia se siga ejerciendo.
La lucha por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el campo y la ciudad exigen la unión de todas esas fuerzas femeninas obreras y campesinas en torno a una plataforma de lucha revolucionaria, que se atreva a señalar en concreto las necesidades del pueblo y en particular de las mujeres. Una plataforma que ponga un límite claro entre la lucha de las mujeres y la confianza en el Estado y sus instituciones.
La lucha por la liberación de la mujer no puede separarse de la lucha de clases. La burguesía y su Estado se han visto obligados a hablar de igualdad y equidad para la mujer y promueven un feminismo burgués y reformista que busca desviar la lucha de las mujeres trabajadoras hacia mínimas reformas inofensivas, pero la única solución real es la transformación radical de la sociedad. De allí que las mujeres revolucionarias tengan claro que no debe haber confianza en el Estado y que la lucha continúa con la organización y movilización a pesar de las promesas.
Esa debe ser la base de un Movimiento Femenino Revolucionario en torno al cual se organicen las mujeres en Colombia, comprendiendo que la clase obrera y el campesinado deben construir una alianza de hierro para poner fin a la violencia contra la mujer y al sistema que la perpetúa y para ello el método principal debe ser la organización, la movilización y la lucha directa con independencia tanto del Estado como de los partidos politiqueros de la burguesía y la pequeña burguesía.
¡Organizar comités de mujeres campesinas, obreras y populares para la lucha y la autodefensa popular!
¡Romper con el oportunismo reformista y luchar por el poder para el pueblo!
¡Construir la alianza obrero-campesina como base de la lucha revolucionaria!
¡Por la emancipación de la mujer y del pueblo trabajador! ¡Avanzar en la construcción del Movimiento femenino Revolucionario!
