En el marco del capitalismo, los docentes han sido sometidos a un proceso de superexplotación, que se refleja en la extensión de la jornada laboral, como es el caso de la implementación de la Jornada Única (JU), así como en el incremento de los ritmos de trabajo y en la intensificación de las metas por cumplir.
El Estado burgués, en su función de sostener y fortalecer el sistema capitalista, busca realizar los ajustes necesarios para cualificar a los futuros trabajadores según las exigencias del modelo económico imperante, y, por supuesto, minimizando los costos. La adaptación forzada bajo el pretexto de «mejorar la calidad de la educación» responde a los lineamientos dictados por organismos del imperialismo, como la OCDE. Estos organismos imponen reformas como la eliminación de ciertas materias y la incorporación de otras en el currículo, tales como bilingüismo, tecnología e informática, además de proponer modificaciones en las jornadas laborales.
En el siglo pasado, según relatan algunos docentes de mayor experiencia, era común encontrar aulas en las que un solo maestro debía impartir clases a 40, 50 estudiantes o incluso más, mientras las condiciones laborales eran absolutamente precarias. Por ello, el movimiento magisterial se destacó por su constante movilización y resistencia frente a estas adversidades. Curiosamente, esas condiciones sociales de explotación y precariedad no son diferentes de las que enfrentan los docentes en la actualidad.
Los capitalistas han superexplotado históricamente a los docentes, imponiéndoles una carga laboral abrumadora, con aulas que albergaban a un gran número de estudiantes, mientras se les encargaba la enseñanza de las materias que el sistema consideraba esenciales para preparar a los futuros obreros. Hoy en día, las exigencias del capitalismo requieren que más estudiantes se cualifiquen rápidamente, adquiriendo conocimientos actualizados en un período de tiempo cada vez más breve. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia global destinada a reducir los costos del sistema educativo, mientras se adapta a las necesidades del capital en la era del imperialismo, tal y como ocurre en cualquier fábrica.
El modelo de Jornada Única (JU), establecido por el Decreto 2105 de 2017, extiende la jornada escolar a entre 6 y 7 horas de permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, supuestamente buscando mejorar la calidad educativa y reducir las brechas de inequidad. El decreto establece un número de horas semanales específicas para cada nivel educativo, aumentando las horas de enseñanza: de 20 a 25 horas para preescolar, 25 a 30 horas para primaria y de 30 a 35 horas para secundaria y media. La JU, que viene de planes de gobiernos anteriores desde 2006, promete garantizar la alimentación escolar, mejoras en la infraestructura educativa y el fortalecimiento del proceso pedagógico.
Por supuesto, una cosa es lo que se dice en el papel y otra muy diferente es la realidad que enfrentan los docentes y el pueblo. Son innumerables los casos de corrupción relacionados con los Planes de Alimentación Escolar, las rutas de transporte escolar o la inversión en infraestructura educativa. En lugar de cumplir con su propósito de mejorar la calidad educativa, la implementación de la Jornada Única somete tanto a estudiantes como a docentes a una presión constante, en la que siempre es el pueblo quien termina siendo perjudicado, al ver que los recursos destinados a la educación se desvían y las condiciones laborales y de aprendizaje se deterioran aún más.
La JU extiende la jornada escolar, pero no atiende las necesidades reales del pueblo. No se garantiza una alimentación adecuada, con los nutrientes necesarios para el trabajo intelectual que deben realizar los niños, niñas y jóvenes. Tampoco resuelve los problemas de acceso, como las rutas de transporte escolar, ni se dispone del personal necesario para atender los problemas de salud, psicológicos o de convivencia que afectan a los estudiantes.
Al final, son los docentes quienes cargan con la responsabilidad de la calidad educativa, padeciendo una jornada intensificada y la carga de tener que hacer lo imposible para que, a pesar de las condiciones, no se generen reprobaciones o deserción, sin contar con los recursos ni el apoyo necesario para atender las necesidades particulares de cada estudiante.
El Decreto de la JU ha quedado a la libre interpretación de secretarías de educación y de los directivos en las instituciones educativas, lo que ha generado una serie de injusticias para los docentes. Se les ha afectado bajo el falso argumento de que se les hace un favor al evitar la unificación de grados o la reubicación de docentes en otras instituciones. Esta situación se ha agudizado especialmente ahora, cuando se argumenta que la baja matrícula de estudiantes, presuntamente debido a la disminución de la natalidad, justificaría tales medidas. Sin embargo, esta interpretación flexible del decreto ha servido más para consolidar la precarización laboral de los docentes, que para atender realmente las necesidades educativas del pueblo.
Las bajas de matrículas en lo público y el cierre de colegios privados
Como se decía antes, el modelo de Jornada Única que se ha venido imponiendo en la educación pública concentra a los estudiantes en horarios extendidos. Así se pierde la posibilidad de que las mismas instituciones ofrezcan la jornada de la tarde, lo que ha llevado a la reducción del número de estudiantes por institución educativa y con ello el número de docentes. De esta manera se ha favorecido mantener las formas de privatización a través de los colegios de cobertura contratada o concesión en ciudades como Cali y Bogotá, ya que los cupos que «no puede» asumir el sistema público, se contratan con los privados. Una consecuencia de que las promesas de inversión en infraestructura se cumplen a medias y los mega colegios que, a pesar de contar con instalaciones más amplias, no resuelven el problema si no que lo agrandan, pues en su mayoría también ofrecen Jornada Única.
Estas condiciones no solo afectan la calidad educativa, sino que aumentan el ejército industrial de reserva de docentes precarizados que al haber menos grados los interesados en vincularse al sector oficial deben aceptar contratos a destajo y sin garantías laborales en colegios privados de cobertura o de élite. Además, genera zozobra entre los docentes del sector público, pues ante la disminución de estudiantes, producto de la movilidad de familias de una ciudad a otra, de un país a otro, o de la supuesta «baja natalidad», se ven expuestos a ser «liberados»[1].
En principio, la jornada laboral de los docentes plantea una permanencia de 6 horas en la institución. Si se tratara de una jornada regular sería por ejemplo de 7 a. m. a 1 p. m., de las cuales 5 serían de trabajo con los estudiantes, incluidos descansos pedagógicos; la otra hora sería para evaluación, planeación y atención a padres. El resto de su jornada de «8 horas» la puede realizar en casa, en especial porque se refiere a la planeación académica diaria a la que por lo general los docentes dedican más de 2 horas.
Sin embargo, las interpretaciones amañadas en instituciones educativas de Cali, sumadas al miedo de los docentes ante la posibilidad de ser reubicados o liberados de sus puestos, y la falta de un compromiso firme por parte de las organizaciones sindicales para defender los derechos de los maestros, han llevado a que muchos docentes acepten jornadas de 7 horas continuas con los estudiantes. Estas jornadas no dejan espacio para actividades esenciales como la planeación, la evaluación o la atención a los padres de familia. El trabajo que queda pendiente se traslada al hogar, haciendo que la jornada laboral real de los docentes supere las 10 horas diarias. Este agotamiento extremo y la superexplotación laboral se reflejan directamente en las cifras de problemas de salud que afectan el magisterio.
En Cali, existen instituciones educativas en las que docentes y estudiantes de preescolar y primaria están siendo obligados a aceptar una JU de hasta 35 horas semanales, cuando lo reglamentario para la JU es de 25 y 30 horas respectivamente. Esta interpretación amañada de la JU por parte de secretarías de educación ha vulnerado durante al menos 3 años los derechos y la salud, no solo de los niños, sino también de los educadores, especialmente de las mujeres quienes, de acuerdo con el DANE representan el 63,3% de los docentes y de los cuales el 95,6% trabajan en preescolar y el 77,2% en primaria.
Debido a las condiciones de superexplotación que vive la clase obrera en general, que la obliga a trabajar más tiempo y les impide disfrutar de amplios momentos familiares, muchos prefieren inscribir a sus hijos en instituciones donde puedan permanecer más horas. Lo anterior obliga a los docentes a aceptar trabajar horas extras para no dar posibilidad a «la reducción de la matricula» y con ella su «liberación». Sin embargo, el pago de una hora extra no representa un aumento significativo en el salario de los docentes, pero sí le deja terribles consecuencias en su salud y no contribuye al proceso educativo.
La única salida para el magisterio ante este panorama de superexplotación es la organización desde las bases. No podemos seguir tolerando que la jornada laboral se amplíe arbitrariamente, ni que la carga pedagógica recaiga exclusivamente sobre los docentes mientras el Estado burgués y los gobiernos de turno incumplen sus promesas y evaden su responsabilidad en la financiación de la educación pública.
Las direcciones sindicales que han permanecido en la pasividad deben ser interpeladas por las y los maestros en cada escuela y en cada región, para que rompan con la conciliación y asuman el papel de convocar la lucha real por nuestras condiciones laborales y por verdadera calidad de la educación.
Es el momento de retomar con urgencia la lucha por el aumento general en el presupuesto educativo, En primer lugar, es indispensable el nombramiento de suficientes docentes que permitan implementar la Jornada Única de manera efectiva, sin sobrecargar la jornada laboral de los maestros. Este aumento en la inversión no solo debe contemplar la contratación de personal adecuado, sino también garantizar infraestructuras adecuadas, recursos pedagógicos suficientes y, sobre todo, la atención a las necesidades físicas y emocionales de los estudiantes. Sin una inversión real y comprometida, cualquier intento de mejorar el sistema educativo será superficial y contraproducente.
Asimismo, es imprescindible la inversión en infraestructura digna, la contratación directa y estable del personal de servicios, y la garantía de un sistema de transporte escolar público y no tercerizado. También debemos exigir el nombramiento por parte del Estado de psicoorientadores que acompañen en la prevención de las problemáticas de convivencia. Es urgente y necesario que el Estado destine recursos suficientes para la alimentación escolar, garantizando que sea un servicio público administrado directamente por el Estado, sin intermediarios privados que se lucren a costa de la educación pública. No puede haber calidad educativa sin condiciones dignas para estudiantes y maestros. No es el magisterio quien debe pagar con su salud el costo de unas reformas impuestas por los intereses del capital.
Desde cada institución educativa, cada reunión de docentes, cada asamblea de padres de familia, se debe trabajar y luchar para obligar a las dirigencias sindicales a movilizarse de manera combativa. Ese es el camino de la Reestructuración del Movimiento Sindical. No hay cambios sin lucha, y la historia nos ha demostrado que solo la acción directa y organizada puede arrancarle derechos a la burguesía. Es el momento de ponerse en pie, de recuperar la fuerza del magisterio como un frente de combate por la educación pública y por el futuro de los hijos e hijas de la clase obrera.
¡Por la salud del magisterio y la educación pública, organización, movilización y lucha!
[1] Proceso mediante el cual los docentes son reubicados o removidos de sus puestos debido a bajas matrículas
