Los medios de la burguesía y algunos medios «independientes» anuncian la escasez de gas natural en el país y, con ello, una posible crisis energética. Según los datos de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) en 2025 habrá un 7,6 % de déficit del combustible en la demanda total y se proyecta que para 2026 dicho déficit aumente al 18,9 %.
Ante esto, como ya lo reclaman algunos y a pesar de la fachada ambientalista del gobierno de Petro, es posible que Colombia tenga que importar gas para hacer frente al desabastecimiento. El año pasado se hablaba de comprar gas a Venezuela pero, debido a que las obras y las negociaciones con el gaseoducto que conecta ambos países se vio afectado por la reciente coyuntura con los resultados de la farsa electora del vecino país, esta opción ha quedado descartada.
Asimismo, semanas atrás se informó de la no cristalización de un acuerdo con la petrolera yanqui Oxy para importar gas y abastecer el país. El revés en la decisión se debió por un lado al rechazo de Petro y, por otro lado, a que Ministerio de Hacienda no diera el aval dada la capacidad de endeudamiento, lo que motivó la renuncia de José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, de la junta directiva de Ecopetrol.
El gas que proveería esta empresa imperialista gringa es extraído en la cuenca Permian con el método del fracking, una técnica a la que el gobierno Petro ha dicho oponerse, debido a sus consecuencias medioambientales y a la salud humana. Además, la petrolera imperialista ha sido multada en varias ocasiones por no respetar las tasas máximas de producción autorizada, por no notificar el inicio de operación de pozos y ha sido denunciada por la Federación de Comunidades Nativas de Río Corrientes (Perú) por verter desechos tóxicos en los ríos y las tierras de la región, afectando gravemente la salud de las comunidades indígenas; y en Ecuador por daños ambientales significativos en la región amazónica.
La pugna interburguesa no escapa al problema del combustible y la energía
Las disputas entre las diferentes facciones de la burguesía y las aspiraciones reformistas del gobierno de Gustavo Petro crean un ambiente aún más tenso en torno a las alarmas por la situación energética del país.
De un lado están los anuncios del Ministerio de Ambiente y Susana Muhamad, quien solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspender el trámite de la licencia de exploración del pozo Komodo-1, uno de los varios pendientes que están a cargo de Anadarko Colombia Company, Sucursal en Colombia de la imperialista Oxy.
De otro lado, la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, remarca las dificultades y los problemas de comunicación entre los Ministerios de Ambiente y Minas, llamando a que se articulen de manera urgente con el fin de superar la escasez de gas natural en el país. Aunque la mayor y verdadera preocupación de la procuradora es la afectación de los negocios de los capitalistas ante esta situación, los anuncios del gobierno reformista sirven para que la procuradora medie entre los empresarios, luego de que Ecopetrol decidiera restringir temporalmente la venta de gas vehicular a 13 empresas, para darle prioridad a las generadoras térmicas y «garantizar el suministro de energía al país».
¿Qué tienen por decir los revolucionarios?
La situación antes descrita debe alertar al pueblo colombiano, ya que un desabastecimiento de gas como se prevé se traduciría en un aumento en la carestía de vida y en un golpe directo a los ya desocupados bolsillos de la clase trabajadora.
Actualmente, casi el 70 % de los hogares colombianos requieren del gas natural para cocinar, lo que hace que su suministro deba ser un servicio público para garantizar la subsistencia de las familias del país. Si el suministro del combustible llega a verse afectado por dicha escasez, no solamente va a verse reflejado en los costos del servicio, también afectaría los precios en otros sectores que trabajan con gas, por ejemplo, los restaurantes o las panaderías.
Por otra parte, el gas también es usado para la generación de energía eléctrica. Aunque Colombia es un país que produce su electricidad de manera hidráulica, en épocas de fenómeno de El Niño, como la actual, las centrales térmicas pueden llegar a consumir hasta el 30 % del gas del país; debido a esto, ante un posible escenario en el que gas escasee, como se anuncia, y nos enfrentemos a un período de sequía al mismo tiempo, el precio del kWh se iría por las nubes, pues sería necesario quemar combustibles más caros, como el petróleo, o menos eficientes, como el carbón, para satisfacer la demanda eléctrica del país.
El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, culpa de este déficit a las administraciones pasadas, debido a la falta de inversión; aunque en cierta medida es cierto que la producción de petróleo y gas viene cayendo desde hace más de una década, también es cierto que el actual gobierno no tomó las medidas necesarias para darle vuelta a esta situación, por el contrario: las ha empeorado.
Para nadie es un secreto que una de las banderas de campaña a la presidencia de Petro fue y sigue siendo su insistente apuesta por una «agenda de transición energética», en la cual ha enfatizado que el petróleo y el gas en Colombia no van más. En diciembre del 2023, en la pasada Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP28), realizada en Emiratos Árabes Unidos y dirigida por Organización de las Naciones Unidas (ONU), Petro anunció que no firmaría más contratos de exploración de estos dos hidrocarburos.
Esta arriesgada decisión no solo compromete el futuro energético inmediato del país, sino que, no se sostiene en planes y datos científicos. Su postura responde principalmente a una de las orientaciones políticas trazadas por un sector de la burguesía imperialista como un mecanismo para darle una nueva cara, una más «humana» y «progresista», al llamado capitalismo «verde» un nuevo ropaje con el que se visten estos imperialistas —autonombrados con el eufemismo de países desarrollados— que históricamente han sido los mayores contaminadores y explotadores de recursos naturales, y son quienes imponen una «agenda ambiental» a los países «en desarrollo».
Este discurso redentor de los imperialistas, que a la intelectualidad pequeño burguesa y a los reformistas les parece positivo y necesario para «proteger el planeta», para lo único que sirve en realidad es para limitar el desarrollo económico, industrial y tecnológico de los países oprimidos, y someterlos bajo el nuevo ropaje verde de la dominación imperialista.
Es por eso que el gobierno reformista no puede atender eficazmente esta dificultad, no solo por los problemas de gobernabilidad que atraviesa actualmente, en pugna permanente con las diferentes facciones de la burguesía, sino por cuenta del déficit energético (gas) y el problema ambiental que agrava aún más la situación.
Y no puede porque la política reformista busca remediar los efectos del sistema imperialista sobre la naturaleza, sin ir a la causa del problema: las relaciones capitalistas de producción. El propio Petro lo dejó claro en 2022 en su «Decálogo» propuesto en la COP27 donde, de forma idealista, pretendió conciliar el capitalismo –el «mercado y la acumulación de capital»– y sus relaciones de explotación y opresión, con la «planificación pública, global y multilateral». No se puede «desarrollar el capitalismo» sin destruir la naturaleza ni salvaguardar los privilegios de las clases parásitas dominantes que superexplotan y oprimen al pueblo.
Solo un gobierno de obreros y campesinos puede atender el problema ambiental y energético al que nos ha llevado el imperialismo. Un gobierno obrero, que no pretenda conciliar los intereses de los capitalistas e imperialistas con los intereses y las necesidades del pueblo oprimido, que desconozca todas las instituciones burguesas que frenan el verdadero desarrollo científico de la sociedad y que permiten la depredación de la naturaleza.
Ese gobierno es posible, pero requiere del trabajo del proletariado consciente y revolucionario. Exige la movilización de las masas populares: jóvenes, mujeres, desempleados, campesinos, sindicalistas, intelectuales revolucionarios… en la organización de las Asambleas Populares Independientes.
La situación energética que se prevé, la crisis ambiental, la agudización de la guerra contra los pobres del campo, la carestía de la vida, el aumento en la desaparición forzada, asesinato a los dirigentes del pueblo y activistas ambientales, el aumento de feminicidios… llevarán a las masas a un nuevo Levantamiento Popular que les dispute a las clases dominantes el poder del Estado, con la lucha directa y el paro de la producción y no con el engaño de una nueva farsa electoral que en estos dos años de gobierno demostró que no es el camino para los cambios que necesita le pueblo.
Las asambleas populares son la máxima expresión de poder creado por el pueblo durante el 2019 y 2021, y deben empezar a trabajar desde ya, para corregir los errores cometidos y poner en práctica el poder real del pueblo.
Deben definir en su plataforma o programa político inmediato las medidas concretas para atender el problema ambiental y energético. Medidas que pueden ir desde el congelamiento de las tarifas de energía y combustibles hasta la estatización de todas las empresas minero energéticas, para quitarle el negocio a los capitalistas e imperialistas. Asimismo freno total a todas las explotaciones devastadoras de la naturaleza, cancelación total de todo proyecto de extracción de gas y petróleo con fracking y la máxima financiación de proyectos generadores de energías limpias verdaderamente eficientes como las termoeléctricas apoyadas en energía solar.
Ese es camino que el proletariado revolucionario se propone: avanzar en la destrucción de actual sistema para solucionar la contradicción antagónica entre la naturaleza y el capital, porque comprende que la causa de la destrucción de la naturaleza se encuentra en el sistema capitalista.
¡Es la hora de tomar las calles y luchar por la vida, por la revolución!
