El Decreto ATEA (Autoridad Territorial, Económica y Ambiental), firmado por el gobierno Petro busca entregarle al Consejo Indígena del Cauca (CRIC) la administración de los recursos naturales en los departamentos del Cauca y Valle, declarando a esta organización popular como autoridad ambiental.
Este decreto es antecedido por otros, conocidos como autonómicos: el Decreto 1953 del 2014 y el 2333 del 2014, los cuales son la antesala del ATEA y le dan sustento, jurídico y territorial. En estos decretos se aprueban unas categorías territoriales que hay que analizar para entender sus repercusiones en los territorios en la actualidad; tales categorías son los territorios ancestrales, los territorios coloniales, los territorios republicanos; a la vez que hay que prestar atención al concepto sobre el derecho interno, el derecho mayor de los pueblos indígenas, y la ley de origen.
Analizando las categorías territoriales encontramos que los territorios ancestrales y los coloniales son categorías imposibles de aplicar después de más de quinientos años; por ejemplo, del territorio ancestral es verdad que cuando llegaron los españoles, los territorios de América, y particularmente de Colombia, estaba ocupado por los pueblos indígenas en su mayor parte, pero hoy nos encontramos con que esos territorios ancestrales están ocupados por otra comunidades rurales y pueblos diversos.
¿Cómo solucionar este conflicto hoy? Ese es el interrogante que debe resolver el Estado colombiano, teniendo en cuenta las nuevas comunidades y pueblos que ocupan esos territorios. Debe encontrarse una salida elaborada con la participación de todas las comunidades rurales; pero decretos como el ATEA salieron inconsultos, como es costumbre del Estado y los diferentes gobiernos que no tienen en cuenta a las comunidades y pueblos; no hay una democracia real en Colombia y por eso pasan por encima de las comunidades y pueblos violando sus derechos.
El Estado al legislar por encima de esas realidades vulnera los derechos de otras comunidades que no tienen la culpa de ser campesinos, afros, o comunidades urbanas y suburbanas que, al igual que los pueblos indígenas, tienen derecho a un territorio, a la tierra, a la salud integral a la educación pertinente, a la cultura según su propia cosmovisión, a la vez que tienen derecho al disfrute de los recursos naturales que son patrimonio de los pueblos y de la nación colombiana.
¿Cómo es que un gobierno que se presenta como democrático comete esta clase de errores de exclusión, sin contar con las víctimas de sus decisiones? ¿Por qué no plantea por ninguna parte la solución a los problemas que se presentan con la aplicación de estos decretos en los territorios?
Si el Estado vulnera los derechos de las comunidades que se encuentran ocupando estos territorios, estaría creando las condiciones para un enfrentamiento de consecuencias demoledoras, con el que nadie puede estar de acuerdo; porque por más razones jurídicas e históricas que haya, propiciará una guerra entre los sectores sociales hermanos. Esta es una posición totalmente errónea que no aporta al desarrollo de las transformaciones ni cambios, y mucho menos crea un ambiente de paz en los territorios.
Los territorios coloniales fueron los que los españoles, a consecuencia de la encomienda y por la lucha de los pueblos indígenas, entregaron a estos a través de unos títulos llamados coloniales; pero hoy estos territorios así tengan título colonial, están ocupadas por otras comunidades campesinas, afros, urbanas o suburbanas; de muchas de estas tierras las comunidades poseen escrituras, pagan impuestos al Estado, etc. y desalojarlas hoy generaría un conflicto que atiza la guerra.
Entregar todo el derecho de la administración de la educación, donde conviven en el mismo territorio distintas comunidades genera conflictos, además que el Estado no puede propiciar imponerles la cultura indígena a otras comunidades, pues el pensamiento, las ideas y las costumbres, por más desarrolladas que sean, no se pueden implantar por decreto y a la fuerza; el proceso de desarrollo cultural debe ser libre y autónomo de las comunidades y pueblos.
El Estado no puede entregar el derecho de la administración de los nacimientos o fuentes de agua, quebradas y ríos porque el agua es patrimonio de la nación; por eso no puede ser patrimonio de una comunidad, organización, familia o empresa; el agua debe ser patrimonio del pueblo colombiano donde tengan derecho a su administración todos los actores sociales del pueblo colombiano. Entregarle el agua a una comunidad u organización no garantiza el derecho al usufructo de las fuentes, quebradas o ríos por parte del pueblo. Es el Estado quien debe velar porque las lagunas, depósitos de agua, humedales, nacimientos, quebradas y ríos, así como el oxígeno y en general toda la biodiversidad sea patrimonio común del pueblo colombiano, de la nación colombiana.
En este momento entregarle la autoridad ambiental a una organización desconociendo los derechos de la mayoría no es una acción correcta de parte del gobierno, donde el camino del pueblo y de la sociedad es tener algún día un territorio común, un gobierno común, un poder común y el usufructo de los recursos en común. Decretar que el agua, el oxígeno y en general la biodiversidad se entregue a una organización, no es una acción democrática; es una acción en el fondo reaccionaria porque rompe con el proceso lógico y la convivencia, abriendo las puertas para la privatización de los recursos que pertenecen a la sociedad.
El agua, el oxígeno y la biodiversidad son recursos fundamentales para la vida de los pueblos, por esa razón no se debe privatizar su administración o usufructo; lo que debe crearse son las formas de administrar su usufructo común, contando con la participación de los sectores que habitan los territorios, para ir creando las condiciones de la construcción, gobierno y usufructo común de los recursos.
Privatizar el agua es llevar a la esclavización de la mayoría por una minoría, reproduciendo la lógica de desarrollo del Estado capitalista, donde el objetivo es fortalecer la propiedad privada y poner la ganancia al mando.
Hay que hacerle una pregunta al gobierno Petro: ¿Qué puede pasar con los territorios, con las municipalidades de Popayán, Cajibío, Caldono, Santander, Corinto, Miranda, Caloto, Suarez, Morales, Piendamó, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Buenos Aires, donde todas las fuentes de agua nacen en territorio indígena, y en estos territorios están concentrados los bosques que producen el oxígeno?
Los colombianos no podemos permitir que los páramos, los bosques, los humedales, los ríos, las fuentes de agua, las quebradas sigan siendo privatizadas porque estos recursos son patrimonio del pueblo colombiano y todos los habitantes del territorio son dueños de esos recursos. Por lo tanto, la salida correcta es su nacionalización, construyendo una administración común, en la que participen todos los habitantes del territorio donde existen esos recursos
Es un grave error que los decretos autonómicos y el Decreto ATEA les den el poder a las comunidades indígenas, entregándoles los recursos para hacer contratos de explotación o aprovechamiento. Esto significa la privatización de agua, oxigeno, bosques, humedales y páramos.
Política que no es digna de un gobierno que se dice democrático, de amplia visión sobre los problemas del medio ambiente, y que además contó con el apoyo de la mayoría de las comunidades que hoy se sienten víctimas de un decreto que en efecto las está irrespetando y violentando sus derechos, entregándole derechos a una comunidad en detrimento de otras, dándole prelación y privilegios a una organización en particular con el mismo método de los que siempre han gobernado el país y que se han encargado de dividir al pueblo.
Señor presidente, se le está terminando su periodo y usted demuestra con su actuación que no conoce la diversidad del Cauca, sus conflictos y problemas; cree que el Cauca no es diverso y el Cauca no es solamente indígena y no solo existe el CRIC como organización indígena. Existen comunidades campesinas, afros, urbanas, suburbanas, y ellas son la mayoría de la población en la región. Usted no puede contribuir con sus decretos a enfrentarlas, en perjuicio de los mismos pueblos indígenas, ya que este error contribuye a aislarlos de las demás comunidades. Su Decreto ATEA no solamente viola los derechos de las comunidades que no son indígenas, viola también los derechos de las comunidades indígenas que no están organizados en el CRIC pero que viven y se desarrollan en los mismos territorios.
Ese método es el mismo que ha utilizado la derecha y en estos momentos se ve cómo en vez de fortalecer la coordinación y la unidad de los sectores populares, la debilita y mina la confianza, en un momento que todos debemos unirnos alrededor de la lucha por las trasformaciones y los cambios para alcanzar la paz y el desarrollo desde los territorios.
La aprobación de esos decretos afecta enormemente al movimiento social y le dan más fuerza a la derecha de este país para debilitar y aislar su propio gobierno.
Señor presidente a usted se le disminuyó enormemente la visión y no fue capaz de entender que es muy importante defender la unidad del movimiento social, la relación de los pueblos indígenas con el conjunto del pueblo colombiano; que esta es la clave para asegurar triunfos contra la derecha que quiere volver a imponerse y tiene una ansiedad enorme de tumbarlo; pero usted y su equipo están contribuyendo con sus errores a romper la unidad, debilitar y resquebrajar el movimiento social.
Una posición democrática e inteligente debe cerrar la puerta a las guerras étnicas, racistas, ya que se fundamentan en el pensamiento más atrasado de la humanidad. Aquí en Colombia los campesinos, los afros y demás comunidades no están de acuerdo en un enfrentamiento con los pueblos indígenas; jamás estarán de acuerdo en impulsar el exterminio de los pueblos indígenas, una práctica que están desarrollando los sectores minoritarios atrasados, descompuestos y reaccionarios de esta sociedad que los ven como enemigos.
No estamos de acuerdo con la posición de los terratenientes, ni con los monopolios como Cartón de Colombia, ni con los grandes capitalistas dueños de los Ingenios del Valle, que a diario señalan a los pueblos indígenas, como la causa del atraso del suroccidente colombiano; jamás estaremos de acuerdo con las fuerzas que impulsan el exterminio de los pueblos indígenas asesinando a diario comuneros, dirigentes y autoridades indígenas.
