La nueva Ley Estatutaria de Educación plantea un articulado que en varios puntos se constituye en un peligro para la educación pública. Un ejemplo de ello es el Artículo 41. Progresividad, el cual estipula: «El Estado, en conjunto con las entidades territoriales y demás autoridades, tienenel deber de adoptar las medidas necesarias por todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles en el marco de la sostenibilidad fiscal».
Bajo un Estado burgués, que defiende a sangre y fuego los intereses de los capitalistas, el concepto de «progresividad» puede ser utilizado como una excusa para justificar un incremento gradual de la privatización y la comercialización de la educación. En lugar de un avance hacia una educación verdaderamente pública y gratuita, se observaría un incremento en la dependencia de instituciones privadas, bajo el argumento de utilizar «todos los medios apropiados».
Con la frase «en el marco de la sostenibilidad fiscal», se entra a condicionar la garantía del derecho a la educación, pues se le está subordinando a la sostenibilidad fiscal que, como todos saben, siempre implica austeridad y recortes presupuestarios para los programas sociales y para los de abajo. De tal manera que ese artículo justifica aún más la reducción en la financiación de la educación pública en todos sus niveles y al desmantelamiento de programas educativos esenciales.
En este asunto los docentes ya tienen experiencia, pues en el concurso de ascenso, bajo el límite que impone el argumento de la sostenibilidad fiscal, se ha impedido el ascenso de miles de docentes.
Volviendo al Artículo 41, este menciona que las medidas se adoptarán «hasta el máximo de los recursos disponibles»: bajo un Estado burgués, cuya prioridad es defender los intereses capitalistas, esto garantizaría que la educación pública no reciba los recursos necesarios; pues la lógica capitalista es priorizar los sectores que le resultan más rentables, con lo que se profundizaría la desfinanciación de la educación del pueblo y se la serviría en bandeja de plata al capital privado como un lucrativo negocio, tal como ya se ha hecho con la salud.
Igualmente, el artículo al hacer referencia a «entidades territoriales» y «demás autoridades» implicaría una descentralización que puede resultar en disparidades significativas en la calidad y accesibilidad de la educación; ya que todos sabemos que lo característico del sistema capitalista es la desigualdad, de allí que generen regiones más ricas y desarrolladas, con mayores recursos disponibles, y regiones más pobres que siempre se quedan relegadas. Esto puede profundizar las desigualdades existentes.
Como todas las leyes burguesas que buscan confundir al pueblo, este artículo presenta ambigüedad con la frase «los medios apropiados», con esto se abre la puerta a una mayor participación del sector privado en la educación; llevando a que cada vez más pase de ser un derecho fundamental a convertirse en un lucrativo negocio en mano de particulares tal y como lo hicieron con la salud.
Estos riesgos subrayan la necesidad de una lucha independiente para asegurar que el derecho a la educación no sea atacado por los intereses del capital. Es imperioso que el magisterio, el movimiento estudiantil, los trabajadores y profesores de las universidades públicas y el pueblo en general se organicen y se movilicen para luchar contra este nuevo intento de privatización.
Es crucial que, todos quienes luchan por la educación pública se sumen a la organización de la Asamblea Nacional Popular, independiente y revolucionaria, que sesionará en Cali los días 13 y 14 de julio. El pueblo ya tiene la experiencia del 2021 en el que, con la movilización, la lucha callejera y el levantamiento popular, dirigido por Asambleas Populares, se echaron para atrás los proyectos de las reformas antiobreras y antipopulares.
Es por eso que, esta Asamblea Nacional Popular, independiente y revolucionaria, se propone retomar la lucha por conquistar las reivindicaciones populares por las que la clase obrera salió a las calles en 2021 y construir un programa de lucha para obligar al Estado y a los ricos a cumplirlas, a fortalecer la educación pública, que se asegure para ella el aumento de los recursos, para así garantizar su calidad y accesibilidad.
Que el poder del pueblo unido, organizado y movilizado en la Asamblea Nacional Popular, independiente y revolucionaria, haga que las necesidades de la mayoría prevalezcan sobre los intereses de una minoría holgazana y privilegiada.
