De acuerdo con la rueda de prensa realizada por el Ideam ayer 25 de enero, a propósito de las situaciones ambientales que está viviendo el país; las altas temperaturas, el descenso en los niveles de los ríos Cauca y Magdalena, deslizamientos de tierra en la región pacifica… llaman en estos momentos mucho más la atención que de los 1101 municipios en el país, 977 están en algún nivel de riesgo de incendios.
Así mismo según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que actualmente hay 31 incendios forestales activos en el país.
Entre los departamentos más afectados se encuentran:
• Cundinamarca, con focos en Nemocón, Nimaima, Quebradanegra, Sibaté, Gachancipá, Fómeque y Soacha;
• Norte de Santander se atienden emergencias en El Carmen, Salazar, Chitagá, Bucarasica y Toledo;
• Huila, con incendios en Tarqui, Oporapa, Algeciras y Baraya;
• Cesar, con incendios en Valledupar, Pueblo Bello y Curumaní;
• Boyacá, con conflagraciones en Zetaquira y Susacón;
• Antioquia se reportan emergencias en Santa Bárbara y Carolina del Príncipe;
• Bogotá, los Cerros Orientales y el Cerro El Cable continúan ardiendo
• Santander, con un incendio en Tona;
• Bolívar, con un incendio en El Peñón;
• La Guajira, los bomberos luchan por controlar un incendio en El Molino
Ante esto, alcaldes y gobernadores se han visto obligados a «reaccionar» para atender las emergencias, puesto que las proyecciones para los próximos meses son bastante alarmantes. Gustavo Petro por su parte ha tenido que declarar «situación de desastre», para poder trasladar recursos destinados a otros asuntos para la mitigación de la emergencia e incluso solicitó la ayuda de la ONU.
Esta situación por supuesto era previsible, como señaló el Procurador delegado para temas ambientales: «Los incendios forestales que se están presentando hoy en Santander y en otros lugares del territorio nacional eran plenamente previsibles y requerían de la atención articulada y coordinada del gobierno nacional»; además, Gustavo Guerrero señaló que era responsabilidad de los departamentos, de los municipios y de las Corporaciones Autónomas.
Por supuesto, aunque desde finales de noviembre el Ideam, ya había advertido el pronóstico de altas temperaturas ligadas al fenómeno del Niño y señalaba sobre la posibilidad de incendios forestales en regiones determinadas, como buen Estado capitalista lo que menos se prioriza es la planificación y preparación para prevenir los desastres y daños ambientales, los capitalistas están para destruir a la naturaleza.
La situación actual en Colombia en el tema ambiental, pese al Gobierno de turno, demuestra cómo el Estado burgués no prioriza la seguridad, los problemas sociales y el bienestar del pueblo, pues siempre están por encima los intereses del gran capital privado. A pesar de que en el papel exista el deber de adelantar planes para la prevención de riesgos, esto nunca se cumple, puesto que la corrupción –inherente al sistema capitalista– desvía los recursos que deberían ser asignados para la prevención de desastres hacia los bolsillos privados, bajo prácticas corruptas.
Aunado a lo anterior, los incendios forestales suelen estar ligados a hechos premeditados en los que las condiciones meteorológicas se combinan no solo con manos «pirómanas, descuidadas o malintencionadas» que dejan objetos, fogatas o cigarrillos encendidos en los bosques; también se trata en algunos casos de incendios provocados por intereses de los capitalistas que quieren destruir zonas boscosas para dar paso a procesos de urbanización, extensión de la frontera agrícola o actividades de narcotráfico, minería o tala de árboles.
Este tipo de situaciones responden claramente a lo que es el imperialismo, fase última del capitalismo, que se caracteriza por la superexplotación de la fuerza de trabajo y la destrucción de los recursos naturales. Es el gran capital, siempre impulsado por el afán de maximizar ganancias a corto plazo, el que ha contribuido de diversas maneras a generar todos estos desastres naturales.
La búsqueda incesante de recursos energéticos, como el petróleo, lleva a prácticas de extracción que dañan los ecosistemas y contribuyen al cambio climático. La expansión de la ganadería (39,5 millones de hectáreas en Colombia) y los monocultivos (caña de azúcar, café, palma africana, plátano, arroz), no solo afecta la biodiversidad, sino que conduce a la deforestación y aumenta la vulnerabilidad a incendios forestales. El uso insostenible de recursos hídricos para la agroindustria y la minería, agota fuentes de agua, afectando negativamente a los ecosistemas acuáticos y contribuyendo a sequías. La producción industrial y el transporte generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que aumentan la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como los incendios forestales. Y como si esto no fuera poco, en busca de mayores márgenes de ganancia, el capital a través de su Estado burgués promueve políticas de desregulación ambiental que les permitan operar sin restricciones significativas, a expensas del medioambiente y la salud del pueblo.
De allí que, si se quieren solucionar los problemas ambientales se debe ir más allá de las reformas; se requiere la abolición del capitalismo y establecer el sistema Socialista que reorganice las relaciones de producción y promueva la colaboración en lugar de la explotación.
Un sistema Socialista donde, a través de la Dictadura del proletariado, los obreros y los campesinos gobiernen y detengan la degradación ambiental, para lo cual, prohíban las quemas y la deforestación, así como suspendan el comercio de flora. Prohíban la caza, excepto con fines científicos, y controlen el comercio de fauna. Acaben con los derechos de explotación privados, privilegien técnicas de energía sostenible y eviten la contaminación de aire, agua y suelo. Se destaque la educación ambiental y el desarrollo científico mediante cursos educativos, estudios de impacto ambiental, y la promoción de la investigación y desarrollo tecnológico. Establezcan un sistema de información ambiental para respaldar decisiones informadas.
Igualmente, desconozcan tratados que comprometan la soberanía del país; controlen de manera efectiva los recursos territoriales, se opongan a ensayos bélicos nucleares y prohíban la importación de desechos radioactivos; establezcan condiciones rigurosas para la importación, el manejo y la disposición de sustancias tóxicas; protejan las aguas territoriales de los monopolios pesqueros internacionales.
Abordar los incendios forestales en Colombia no solo implica combatir sus consecuencias inmediatas, sino organizar revolucionariamente a los verdaderos ambientalistas, conduciendo su lucha hacia el cauce de la Revolución para marchar al Socialismo, antesala del Comunismo.
