¡NO HABRÁ RESTITUCIÓN! SOLO IMPULSO AL DESARROLLO CAPITALISTA EN EL CAMPO
El capitalismo como sistema de producción es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, por ello en su fase imperialista y de agonía, lucha por mantenerse con vida, viéndose en la necesidad de impulsar el desarrollo capitalista en países oprimidos como Colombia. Mas dicho impulso es en medio de una constante guerra económica, política y militar entre las diferentes potencias (viejas y nuevas) que se disputan continuamente el planeta para mantener o ganar terreno en su dominación. De ahí que el respaldo al «nuevo intento» de pacificar el país con el proceso de paz en La Habana haga parte de las aspiraciones de los capitalistas mundiales (Estados Unidos, Unión Europea, China, entre otros) y locales por obtener ganancias en un ambiente de «tranquilidad». Así pinten su respaldo de humanista, en el fondo los mueve el interés de la ganancia mediante el saqueo de las riquezas naturales y la explotación del trabajo de millones de esclavos asalariados en Colombia. Por tal motivo el tema sobre la «Política de Desarrollo Agrario Integral», tiene gran importancia en los acuerdos de «paz» para acordar la repartición de las riquezas naturales y las ganancias producto de la explotación capitalista en el campo.
En ese común acuerdo por impulsar el capitalismo, todas las formas organizativas de producción agrícola como: las Unidades Agrarias Familiares (UAF), las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), o las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), hacen parte de dicho propósito, llevando inevitablemente a aumentar en un pequeño polo la riqueza y para la mayoría la extrema pobreza.
Por eso es necesario denunciar que todos los gobiernos y particularmente el de Santos, promete demagógicamente «construir una política pública agraria y de tierras incluyente y preocupada por la restitución de las tierras despojadas, la estabilización de la frontera agrícola y la introducción de enfoque de desarrollo territorial y rural que contribuya a la superación de la pobreza en el campo colombiano…» Sin embargo, mientras habla de dichos beneficios para los pobres del campo, aprueba la ley 1776 del 29 de enero de 2016 que crea las ZIDRES, en donde directa y explícitamente manifiesta beneficiar a los grandes capitalistas: «Créanse las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, como zonas especiales de aptitud agropecuaria, ubicadas en el territorio nacional, aisladas de los centros urbanos más significativos, que demandan elevados costos de adaptación productiva. Tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar (UAF) que fomenten proyectos productivos que beneficien a los trabajadores agrarios sin tierra y que promueva la inversión de capital en el agro.»
De conjunto, tanto las ZRC como las ZIDRES sirven al propósito de vincular los grandes capitales al campo, dejando las primeras como fuente permanente de mano de obra barata puesto que las Unidades Agrícolas Familiares – UAF están calculadas para no garantizar más de 2 salarios mínimos mensuales a las familias, obligando a sus poseedores a vender su fuerza de trabajo, tanto en las viejas zonas de desarrollo agroindustrial como en las nuevas ZIDRES.
Incluso, aceptando que las ZRC realmente sirvieran a los campesinos, en la práctica las seis ZRC creadas en los años 90 no han contado con el apoyo prometido por el Estado y en comparación a las ZIDRES aquellas (las ZRC) tienen límites de extensión y es el ministerio de defensa el que notifica al INCODER si se aprueba una nueva ZRC o si se invalida alguna de las ya creadas debido al conflicto armado.
Esto significa que los pequeños campesinos y pobres del campo no serán beneficiarios de las ZIDRES porque no cuentan con los recursos, solo los grandes capitalistas locales y extranjeros cumplirán con las condiciones económicas para explotar industrialmente las extensiones de tierra asignada. Para comenzar, Santos al aprobar las ZIDRES entrega «siete millones de hectáreas repartidas en la Altillanura, La Guajira, el Urabá chocoano y La Mojana, que se espera que garanticen la seguridad alimentaria del país y, además, generen beneficios económicos considerables.»
Aunque en la ley se exponen puntos engañosos como: que pequeños y medianos campesinos se asocien y presente proyectos, que si no tienen tierras el Estado se las brindará, que si no tienen capitales se les garantizará, que en los tres primeros años los campesinos sin tierra asociados en ZIDRES podrán ser dueños de un porcentaje de tierras… no son más que un cúmulo de «bellas promesas» para ilusionar a los pobres, porque en realidad las mejores tierras, mano de obra barata y dineros a través de créditos a nombre de los campesinos, serán entregados a las grandes empresas. Aquí, el Estado representante de las clases dominantes, oculta en la ley la entrega de tierras a los grandes capitalistas, no se las escritura pero se las otorga por todo el tiempo que quieran, para que puedan explotarlas en forma de «concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual de bienes inmuebles de la Nación ubicados en las Zidres (como los baldíos).»
Cabe decir que hoy figuran como baldíos alrededor del 50% de las tierras abandonadas por los campesinos, despojados de más de 10 millones de hectáreas por la guerra reaccionaria; otra parte fue «comprada a precio de huevo» por grandes monopolios nacionales y extranjeros, beneficiarios de la guerra, que ahora alegan inocencia y «buena fe»; uno de tantos casos es el de la cementera ARGOS, demandada colectivamente por 22 familias campesinas del área rural de San Onofre (zona del golfo de Morrosquillo y los Montes de María) despojadas de 2.000 hectáreas, manifestando «que vendieron sus tierras obligadas por la guerra y que la empresa aprovechó su condición de desplazadas para comprar sus fincas.»
Otro caso es el denunciado por la organización humanitaria británica Oxfam en el estudio de «Tierras y Poder» donde informa que la empresa «multinacional estadounidense de cereales Cargill -compró y tiene en la actualidad 52.574 hectáreas en Vichada. Dice la investigación que se hizo a esa gran finca, haciéndole esguinces a la Ley 160 de 1994, que establece topes a la adquisición de predios que alguna vez fueron baldíos de la Nación y que fueron luego adjudicados a campesinos… La Ley establece que una persona o empresa no puede comprar más de una Unidad Agrícola Familiar –UAF». Según la investigación Cargill adquirió a través de 36 sociedades por acciones simplificadas (SAS) las 52 mil hectáreas que fueron originalmente baldíos.
Los ejemplos anteriores, son una buena ilustración de como en la sociedad capitalista las leyes son manipuladas al amaño de las clase dominantes, si no les sirven las desaprueban o simplemente, las grandes empresas como las mencionadas no las cumplen las burlan o violan para aumentar sus riquezas, pisoteando la misma vida de los campesinos pobres.
Y peor aún es la defensa que hace el Procurador Ordoñez de estas pobres viejecitas (las grandes empresas despojadoras de tierra) que parodiando a Rafael Pombo no tenían nada que comer, cuando dice que «la ley de tierras está despojando a poseedores de buena fe, que no tuvieron nada que ver con la violencia con la que fueron arrebatadas las tierras a sus poseedores. Que ellos, como terceros de buena fe, están siendo victimizados y que está naciendo una ‘violencia institucional’». ¡Mentira! las grandes empresas (de capitalistas y terratenientes) no solo son beneficiarios de las tierras despojadas, sino que también fueron y son los impulsores de la guerra contra el pueblo.
Las ZIDRES hacen parte del conjunto de medidas o leyes para impulsar el capitalismo en el campo, siendo además la respuesta a un fallo de la Corte Constitucional del 2012 que impedía a los capitalistas vincular directamente las UAF a las grandes explotaciones capitalistas. La voracidad de los explotadores es inaudita; ya por aquella época la revista Dinero se quejaba «pobres llanos orientales» porque los principales monopolios colombianos y varias compañías imperialistas se habían quedado con los «crespos hechos»:
Los Llanos Orientales, la última frontera agrícola del país y donde se estima que hay más de 4 millones de hectáreas cultivables, se ha convertido en uno de los objetivos de grupos económicos y jugadores internacionales.
De hecho, el Grupo Sarmiento –a través de Corficolombiana– es propietario de Mavalle, la mayor plantación de caucho en Colombia, en donde también está vinculada la empresa Pajonales. El Grupo Santo Domingo, con Valorem y Refocosta, está explorando el negocio agroforestal y tiene entre su estrategia una alianza con Riopaila, empresa que, a su vez, tiene dos proyectos: uno, para suministrar materia prima a la destilería Bionergy, de propiedad de Ecopetrol, para el desarrollo de biocombustibles y, el segundo, en el Vichada, que está en etapa de formulación del modelo.
El Grupo Manuelita, por su parte, tiene dos cultivos de palma en el Meta y en Casanare para atender la producción de biocombustibles. También Germán Efromovich, que tiene negocios en aerolíneas y hoteles, entre otros, está mirando con interés el sector agrícola. Además, firmas internacionales como Mónica, Cargill, Amaggi y Merhav han venido analizando inversiones en Colombia para sus negocios.<
Lo que menos le importa al gobierno de Santos es beneficiar al campesinado pobre o las víctimas de la guerra, y más que a Santos, a las clases dominantes —burgueses y terratenientes— pues su único interés es continuar desarrollando el capitalismo en el campo, que en Colombia se dio por el camino reaccionario y violento del enfeudamiento de la sociedad; es decir, en una alianza entre burgueses y terratenientes sacrificando a los pobres del campo, incluidas las comunidades indígenas y negras; de ahí que los «nuevos propósitos de beneficiar» a los pobres del campo sean demagogia, ya que en las anteriores versiones de leyes en relación con la Reforma agraria, nunca se han puesto en peligro los intereses de los terratenientes; por el contrario, la mayor cantidad de tierra se ha concentrado en pocas manos y la pugna por las mejores tierras debido a la ganancia extraordinaria (renta diferencial) ha generado una constante guerra contra el pueblo, tanto en la denominada época de la violencia en los años 50 por las regiones cafeteras y en las últimas décadas por las plantaciones de coca, palma, las explotaciones mineras y petroleras…
No es nueva la hipocresía como el Estado maneja las leyes a la conveniencia de los explotadores, pues en los anteriores gobiernos los de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez también hablaban de apoyo al pequeño campesino y por el contrario eran los grandes terratenientes y burgueses los beneficiados con el fomento y el paquete de subsidios como fue el escandaloso Agro Ingreso Seguro.
Visto de conjunto las actuales reformas apuntan a modernizar la explotación y las relaciones capitalistas en el campo, conservando la propiedad privada sobre la tierra en pocas manos de terratenientes y burgueses agrarios o entregándoles en usufructo las tierras despojadas, donde los pobres del campo juegan el papel de ser únicamente fuente de mano de obra barata, siendo secundario si hace parte de una Zona de Reserva Campesina, Asociativa o en las ZIDRES.
La ley que impulsa las ZIDRES deja ver el carácter reaccionario de la política de tierras de las clases dominantes, deja en claro que no habrá restitución de tierras para los desplazados, ni para los pueblos indígenas, ni para los campesinos pobres y comunidades negras. Por eso ¡no deben dejarse engañar! los pobres del campo deben rechazar firmemente tales políticas, denunciar su carácter reaccionario y tomar la iniciativa para recuperar las tierras usurpadas, como justamente hoy lo hacen los hermanos indígenas en el norte del Cauca; lo que exige persistir en la lucha, avanzar en la construcción de la organización nacional de los desplazados, reconstruir la organización nacional de los campesinos y fortalecer las organizaciones de los pueblos indígenas y comunidades negras, uniéndose entre sí para enfrentar a los enemigos comunes y buscando el apoyo de los proletarios de la ciudad, que apoyarán sin reserva su justa causa.
Finalmente, aun si las clases dominantes y el Estado cumplieran devolviendo los 10 millones de hectáreas que les arrebataron a sangre y fuego; esto no solucionaría los problemas de los pobres del campo, por cuanto por la misma dinámica del capital muy pronto se verían estrangulados por los bancos, asfixiados por los grandes comerciantes y tan pobres como siguen estando los campesinos pobres y medios que todavía conservan su propiedad, así sea de nombre porque la inmensa mayoría de la tierra se encuentra hipotecada en los bancos. Por eso, si bien deben luchar por recuperar lo que perdieron en la guerra, deben mirar más lejos, aprovechando la lucha de ahora como preparación para acabar de raíz con el problema: no existe otra solución que la revolución socialista; cuya fuerza principal está constituida por la alianza entre los obreros y los campesinos, que son los que sostienen la sociedad con su trabajo y son los llamados a tomar las riendas de la sociedad.
La única solución a los problemas del campesinado es la Revolución Socialista, en la cual no están interesados los burgueses y terratenientes (representados en el Gobierno), ni la cúpula de las guerrillas. Sólo suprimiendo la propiedad privada sobre la tierra y las relaciones capitalistas de producción soportadas sobre ella, se podrá resolver el problema agrario y desarrollar libremente la sociedad, como sostiene el Programa Para la Revolución en Colombia, entre cuyas medidas se destacan:
La nacionalización inmediata de toda la tierra, la expropiación y confiscación sin indemnización de la tierra de los terratenientes, de las instituciones religiosas, de las concesiones dadas al imperialismo, de la burguesía industrial y comercial en el campo. Confiscar sin indemnización y desconocer los derechos privados sobre los recursos naturales y el medio ambiente, tales como parques naturales, santuarios de flora y fauna, islas, cayos, islotes, lagunas, cuencas hidrográficas, ríos, quebradas, etc. Abolir el derecho de herencia…
Dejar en estricto usufructo la tierra de los campesinos medios y de los campesinos pobres, y en determinados casos, entrega en posesión de una parte de la tierra confiscada.
Eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y medios. Promover las cooperativas de nuevo tipo y demás asociaciones que permitan avanzar en el cultivo colectivo de la tierra. Prestar ayuda material inmediata a los campesinos, estimulando con el ejemplo y la ayuda socialista, para que puedan avanzar al trabajo colectivo de la tierra, y a la gran agricultura socialista. Tales son las medidas que la República Socialista de Colombia tomará inmediatamente haya expropiado a los expropiadores y haya suprimido todas las ataduras económicas, políticas y sociales que pesan hoy sobre el campesinado.
Los pobres del campo, no pueden hacerse ilusiones en las mentiras de los diálogos de paz. Deben persistir en su lucha revolucionaria, resistiendo a los embates de los explotadores y sus ejércitos; buscando el apoyo en el proletariado, la única clase en verdad interesada y con quién podrá resolver sus problemas; y preparándose, en medio de la lucha actual, para desatar una verdadera Guerra Popular que destruya todo el poder de los enemigos del pueblo y erija el nuevo poder soberano y directo de los obreros y campesinos armados.<
