El pasado 18 de mayo el periodista Nicholas Casey publicó un artículo en The New York Times donde denuncia las nuevas directrices del gobierno Duque hacia la cúpula militar del Ejército colombiano; una directriz donde se exige duplicar la cantidad de “rebeldes y criminales” dados de baja en combates, buscar alianzas con grupos ilegales, es decir paramilitares, dar recompensas y beneficios para quienes demuestren resultados, tal y como lo hizo en el gobierno de Uribe. Concluye el periodista que tal política conduciría a repetir los crímenes de Estado mal llamados “falsos positivos”, las violaciones a los “derechos humanos” y el asesinato de civiles como ocurrió en el pasado. Con citas de documentos del propio Ejército, el escrito se presenta, no como un golpe demoledor hacia el Ejército colombiano que en toda su historia ha sido el principal brazo para someter al pueblo colombiano y garantizar los privilegios de los burgueses, terratenientes e imperialistas, sino como una dura crítica al gobierno de Duque que viene reorganizando las fuerzas militares acorde a los nuevos intereses de las clases dominantes de mantener su fuerza militar activa, operante y letal no solo para proseguir la guerra contra el pueblo, sino para una posible guerra internacional con el país vecino, Venezuela.
Cuando se mira la historia del Ejército colombiano, no se deja de sentir una fuerte indignación por su repertorio criminal contra las masas trabajadoras; una actuación encaminada a aplastar la rebeldía popular y sembrar el terror que tanto necesitan las clases dominantes:
• El caso más sanguinario, impune e infame fue la masacre de las Bananeras ocurrida a inicios de diciembre de 1928 en el departamento de Magdalena, donde masacró entre 3.000 a 5.000 huelguistas bananeros para aplacar una gran huelga y favorecer a la multinacional gringa United Fruit Company, que hoy todavía explota fuerza de trabajo colombiana con el nombre de Chiquita Brands y a la cual le han comprobado nexos y financiación de grupos paramilitares. En la masacre de las Bananeras el Ejército además descuartizó los cuerpos y los lanzó al mar como una forma de eliminar la evidencia y manipular la información.
• Otra masacre que no se debe olvidar fue la de estudiantes bajo la dictadura de Rojas Pinilla, cuando los “héroes” del Batallón Colombia, que venían de la derrota de la Guerra de Corea, fusilaron a varios estudiantes desarmados en el centro de Bogotá el 9 de junio de 1954, quedando también este crimen impune.
• La masacre de Santa Barbará – Antioquia, ocurrida en el 23 de febrero de 1963, cuando el Ejército llegó abriendo fuego sobre huelguistas cementeros desarmados, actuando con sevicia sobre los heridos del ataque inicial, quienes fueron luego torturados y rematados.
• Otro hecho significativo es la participación activa de la fuerza pública suministrado adiestramiento e información a los grupos paramilitares para la eliminación física de opositores, revolucionarios y comunistas, tal como ocurrió con el partido Unión Patriótica, siendo asesinados más de 5.000 de sus militantes.
• El Ejército ha participado activamente con información y logística para la ejecución de innumerables masacres paramilitares en toda Colombia: el Aro, el Salado, Mapiripán, entre las más conocidas.
• La desaparición forzada de casi 100 personas durante la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, es también responsabilidad del Ejército y la Policía.
• El asesinato sistemático de jóvenes inocentes que se presentaban como bajas en combate bajo el régimen mafioso y paramilitar de Uribe es escandaloso, donde las cifras más moderadas hablan de 6.000 casos, otras cifras rondan los 10.000.
• Las recientes masacres ocurridas en el marco de las luchas del pueblo colombiano a través de paros y huelgas, como la pasada huelga regional en el Catatumbo, Norte de Santander hace pocos años donde el Ejército y la Policía dispararon matando a más de 10 personas. La masacre en el Cauca, que dejó varias personas asesinadas y fue presentada por el Ejército como un supuesto combate u hostigamiento de la guerrilla. Las masacre y ataques con explosivos a los indígenas que peleaban en el desarrollo de la minga. Las continuas muertes en las ciudades por el uso “desmedido” de la fuerza del “ESMAD” en el marco de las protestas populares, etc.
Tal es un breve resumen de la deuda en sangre que tiene el Ejército colombiano con el pueblo trabajador, una deuda que se sabrá cobrar con la revolución y la derrota y aplastamiento de tan criminal institución, con todos sus vínculos y ayudas extranjeras, principalmente de los imperialistas norteamericanos.
La eliminación sistemática de líderes sociales a manos de “grupos secretos y oscuros” no sería posible sin la participación de la fuerza pública: bien sea a través de grupos clandestinos dentro de las mismas fuerzas militares, algo así como las tan mentadas “Águilas Negras”; o bien existe una participación de suministro de información e inteligencia a los grupos de sicarios al servicio de los grandes capitalistas, permitiendo la fuerza pública su actuación y resguardándolos con su complicidad abierta o por omisión, como han denunciado las organizaciones de “derechos humanos” y hasta el Defensor del Pueblo en varios casos.
A través de las publicaciones del portal de Wikileaks donde se filtran documentos del Ejercito colombiano, se puede observar el riguroso seguimiento que hace el Ejercito a las masacres ocurridas, siendo registradas estadística y sistemáticamente, mostradas en gráficos y presentaciones en diapositivas, donde los datos arrojan que los principales ejecutores de las masacre son los grupos paramilitares, seguido por un número mucho menor de masacres ejecutadas por los grupos guerrilleros; sin embargo, la actuación de la fuerza pública con sus planes de contingencia para evitar las masacres brillan por su ausencia, ya que omiten actuar, ni muestran el menor interés por hacerlo. Ésta es la misma forma de las actuales políticas de la nueva cúpula organizada del Ejército, allí no existe, ni existieron, ni existirá el menor asomo de planes para defender la vida de los líderes sociales, asesinados en beneficio de los terratenientes, los monopolios, la mafia y los burgueses en Colombia.
La reciente disputa entre las clases dominantes que se presenta hoy como la disputa Uribe y Duque contra Santos, los reformistas y sus auxiliadores oportunistas, brindan una buena oportunidad para que el proletariado revolucionario siente posiciones al respecto; además la división y disputa en el seno de las clases dominantes benefician la praxis revolucionaria de las masas que viene en ascenso. Al pueblo colombiano no le queda otra salida que proseguir y generalizar sus luchas inmediatas sin perder la perspectiva de la futura e inevitable batalla contra todo el brazo armado de las clases dominantes, en donde el pueblo dirigido por el Partido de la clase obrera organizará un auténtico Ejército Popular para conquistar el poder y la victoria sobre sus enemigos, nunca dejándose amedrentar ni atemorizar por el terrorismo estatal.
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