El 11 de octubre es el día internacional de lucha contra el fracking
El fracking, o fracturación hidráulica del subsuelo, ha sido un tema polémico en Colombia desde que se propuso como método para extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales. En 2012, se realizaron las primeras discusiones serias sobre el tema, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) empezó a otorgar licencias para la exploración de hidrocarburos no convencionales. En 2014, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que regulaba la explotación de yacimientos no convencionales, incluyendo el fracking. Sin embargo, la oposición al fracking se intensificó debido a los riesgos ambientales, como la posible contaminación de acuíferos y el aumento de la actividad sísmica. En 2017, varias comunidades y organizaciones sociales comenzaron a movilizarse en contra del fracking, pidiendo una moratoria y la prohibición total de esta práctica. En 2018, el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Colombia, suspendió temporalmente las licencias para el fracking en respuesta a una demanda que argumentaba que no se habían realizado los estudios ambientales necesarios. Durante este tiempo, varias consultas populares en diferentes regiones del país también rechazaron la implementación del fracking. A pesar de la suspensión, el gobierno colombiano continuó impulsando el fracking a través de proyectos piloto. En 2019, se aprobó la realización de proyectos piloto de investigación integral (PPI) para evaluar los impactos del fracking de manera más detallada. Estos proyectos, que se llevarían a cabo bajo estricta supervisión, generaron reacciones mixtas, con defensores que argumentan que son necesarios para asegurar la autosuficiencia energética del país, y críticos que siguen preocupados por los impactos ambientales. En 2022, el debate se intensificó con la llegada al poder del presidente reformista Gustavo Petro, quien se ha mostrado abiertamente en contra del fracking. Su administración ha señalado la intención de frenar completamente esta práctica en el país y buscar alternativas energéticas más sostenibles. Esto ha generado tensiones entre el gobierno y sectores de la industria petrolera, que ven en el fracking una “oportunidad para explotar los recursos naturales del país y mantener la producción energética” (eso sí, en lo fundamental, al servicio exclusivo de los monopolios y sus magnates imperialistas).
Es un hecho que el gobierno ha fracasado en cumplir con su promesa de campaña de detener el fracking. Los intereses económicos de los imperialistas, burgueses y terratenientes en el Congreso, han impedido la prohibición del fracking, porque ven la oportunidad para aumentar sus ganancias mientras destruyen la naturaleza. En junio de este año se hundió el proyecto de ley que buscaba prohibir el fracking y que venía apoyado con 174.000 firmas recogidas entre los habitantes del Magdalena Medio, Boyacá y Cundinamarca. Las industrias extractivas, que incluyen a grandes empresas petroleras imperialistas, han presionado para mantener abierta la posibilidad del fracking, argumentando que Colombia necesita «aprovechar sus recursos no convencionales para asegurar su estabilidad económica». Además, algunos gobernadores y alcaldes de regiones ricas en hidrocarburos han expresado su preocupación por las implicaciones económicas de prohibir el fracking porque dependen de las regalías del petróleo para financiar proyectos de desarrollo y han sido reticentes a apoyar una prohibición total, lo que ha generado tensiones entre el gobierno central y las autoridades locales.
A pesar de la postura del presidente Petro, los proyectos piloto de fracking, aprobados antes de su mandato, han seguido adelante en algunas áreas del país y esta continuidad es una señal de que el gobierno no ha logrado frenar completamente esa práctica. Las licencias de exploración y explotación otorgadas bajo administraciones anteriores siguen siendo válidas, lo que ha limitado la capacidad del gobierno reformista para detener nuevas iniciativas de fracking. Otro factor que ha dificultado los esfuerzos del gobierno para frenar el fracking es la presión de actores internacionales. Colombia, como exportador de petróleo, está inserta en una economía global (entiéndase: imperialismo o capitalismo en decadencia) donde los precios de los hidrocarburos y la demanda internacional influyen en las decisiones políticas internas. La necesidad de mantener ingresos en divisas, especialmente en un contexto económico global incierto, anárquico y/o decadente, ha hecho que la eliminación total del fracking sea una decisión difícil desde el punto de vista de los intereses del capital financiero.
El reformismo tiene grandes limitaciones, pues sirve a los intereses del capital y mantiene intacto el orden capitalista. El proletariado sigue siendo explotado y oprimido en su condición de esclavo moderno de la vieja civilización capitalista ahogando la posibilidad de la revolución social, que el proletariado en particular y el pueblo en general, tanto necesitan. El reformismo contribuye a apaciguar los odios de clase a favor de los capitalistas, ha puesto freno y evitado que el potencial de una posible chispa avivara la llama de la añorada revolución social; o, mejor dicho, de una chispa que fue posible y puso a tambalear a todos. Asustados de que esa chispa hiciese aparecer aquella temible llama y ya nada la pudiera apagar es cuando aparece uno de los mejores peones del capital, el reformismo. Su mejor apafuegos en estos casos.
El gobierno de Gustavo Petro, en su «buena intención», ha fracasado en contra del fracking y la actual lógica imperialista de exprimir al máximo los recursos que éste finito planeta alberga en su seno. Y, ¿al servicio de quién o de quiénes? Al servicio del capital, al servicio de los capitalistas; un puñado de monstruos insaciables de fuerza de trabajo viva, hambrientos y sedientos de conocimientos, nervios, sangre, músculos y huesos, para acrecentar su capital, la riqueza socialmente producida, de aquella fuerza que todo lo puede o lo hace posible. En Colombia, el fracking se ha impuesto por la fuerza de la circunstancia actual en el marco del imperialismo, economía mundial en cuya lógica se alberga lo peor del Capital: explotación hasta el agotamiento de la naturaleza y del ser humano. El fracking obedece a los intereses del capital en su agonía, en la era del capital financiero, en su fase imperialista de decadencia y, ante todo, de antesala de la revolución social presidida por el proletariado.
