Es fin de año, 11:00 a.m. del 31 de diciembre de 2019 para ser exactos. En el corregimiento de Pogue del municipio de Bojayá en el Chocó no hay cena, no hay celebraciones familiares ni de amigos en las calles. Nadie baila ni se toma unos tragos. No hay sonrisas ni abrazos por el año nuevo que llega. Lo que sí llegan son 300 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con armas largas y cortas diciendo que llegaban a ocupar ese territorio y prohibiendo hacer llamadas o cualquier uso de los celulares. Nada nuevo para las comunidades indígenas y afrochocoanas que aún no se acostumbran a la violencia ejercida por paramilitares, guerrilla y ejército, que se intensificó desde mediados de la década de los 90 en toda la región del Medio Atrato: desapariciones, cuerpos arrojados al río, masacres… la guerra reaccionaria en su máxima expresión. Si antes la guerra por el control de dicho territorio la ejecutaban las Farc y las AUC junto al Ejército Nacional, hoy esta se libra entre este último, el ELN y las AGC.
El pueblo sufre las consecuencias de una guerra en su contra, planeada desde cómodas sillas de los más exclusivos clubes sociales de las capitales del país, por gente despreciable que viste Hugo Boss, o Crocs. Una guerra que beneficia a diferentes sectores de la burguesía y de los terratenientes, que tiene variados representantes políticos en el Estado, desde los más rancios emparentados con la mafia y que beben aguardiente como Uribe y su asesina Seguridad Democrática mientras, tal vez, violan y matan niñas adolescentes, como lo hacía el narco Pablo Escobar Gaviria primo hermano del cuadro político de la mafia Jose Obdulio Gaviria; hasta los que beben whisky en las rocas y son de lo más “chirriado” y “cachaco”, al tiempo que idean planes para ejecutar el terrorismo de Estado como lo hicieran expresidentes de tan “honorables” apellidos como Santos con sus ejecuciones extrajudiciales cuando fue Ministro de Defensa de su patrón Uribe o como Turbay y su terrorista Estatuto de Seguridad.
Una guerra en la cual las clases reaccionarias y enemigas del pueblo se disputan a sangre y fuego las mejores tierras, las más productivas, las más apetecidas porque les dejan una mayor renta extraordinaria del suelo. Esa es la causa más profunda de la guerra contra el pueblo en el país. Bajo el capitalismo, que las tierras estén rebosantes de vías fluviales, madera, tierras cultivables o minerales es una maldición que se paga con el desplazamiento o la muerte.
Esas clases asesinas y parásitas financian mesnadas que se encargan de ejecutar el terrorismo de Estado contra el pueblo. Esos mercenarios fueron los que llegaron el fin de año a Pogue, Bojayá. Los mismos, que sin importar el brazalete que lleven, hacen retenes en los ríos o carreteras; hacen trincheras en escuelas, hospitales o iglesias; impiden el uso de celulares con cámara –o sin ella-, el tránsito libre de los pobladores a pie o en chalupa por el río Atrato, cultivar productos de pan coger o vestirse de determinada forma; los mismos que hacen florecer mutilados con el sembrado de minas antipersonales, las mismas con las que rodean las zonas donde hay señal telefónica. La paradisiaca región del Medio Atrato es una cárcel para el pueblo, un exótico centro de concentración para las masas laboriosas que allí viven. Es la misma tierra en la que las comunidades de Tumaradó, Curvaradó y Jiguamiandó, están rodeadas de miles de hectáreas de palma abonada con sangre.
El Estado de los ricos es indolente ante las denuncias realizadas, ¿y acaso no debería ser así? Este Estado asesino garantiza los derechos de los monopolios a costa de la opresión violenta del pueblo trabajador. Las dos “alertas tempranas” y cinco informes hechos por la Defensoría del Pueblo desde el 9 de abril del año pasado dirigidas a la Ministra del Interior, tan adulada por los cagatintas del capital, Nancy Patricia Gutiérrez, son formalidades de la democracia burguesa que en realidad es dictadura contra el pueblo y esto queda en evidencia al ver que dicha funcionaria del régimen sicarial uribista no movió un dedo para impedir lo que sucedió a finales del año pasado.
Lo mismo hizo el títere cerdo que nombraron como presidente, el Duque de Uribe, con la carta que le envió el líder del pueblo Leyner Palacios Asprilla el 17 de noviembre del año pasado y lo mismo hará con la que le entregó el 8 de enero de este año, en la cual denuncia que “la actuación de los grupos paramilitares de las AGC se realiza en connivencia con la Fuerza Pública asentada en el rio Atrato”, que “el copamiento del territorio por parte de la guerrilla del ELN se ha ampliado generando zozobra y riesgo inminente en nuestras comunidades”, que el problema no es solo el narcotráfico sino “la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura” entre otras denuncias por las cuales fue amenazado de muerte a principios de 2020.
Ya no es raro que para este régimen mafioso sea muy fácil identificar, capturar y hasta asesinar a estudiantes y obreros que usaron el legítimo derecho a la protesta desde el 21 de noviembre del año pasado en el marco del Paro Nacional, en cambio le es imposible evitar el cerco a una comunidad por más de 300 mercenarios armados hasta los dientes, tragedia que ya estaba anunciada hace casi nueve meses, siendo un doloroso parto sin raquídea que tuvieron que sufrir los pobladores de esta humilde población. Y precisamente después de que las fuerzas paraestatales salen de Pogue, es que el Ejército Nacional hace presencia en el pueblo, tal vez siguiendo la práctica común de entrar a masacrar y desplazar con un brazalete para salir de la zona y volver a entrar con otro.
El pueblo ha de transformar las causas de sus miedos en motivos para organizar la revolución social. Hay un gran avance porque la comunidad no confía en ningún grupo armado. Solo falta que ponga sus esperanzas en su propia unidad y organización para la lucha directa en contra de los explotadores que llegan a su territorio a masacrarlos y desplazarlos. Los obreros y campesinos no pueden ser indolentes ante esta terrible situación, son necesarios los actos de solidaridad y denuncia por diferentes medios de lo que allí está sucediendo. El cambio de año no trajo consigo una mejora de la situación para estos hombres y mujeres trabajadores del campo. Para que eso suceda, es necesario que el pueblo mismo cambie, por medio de la violencia revolucionaria contra sus opresores, su condición de marginamiento y opresión, pues solo el pueblo salva al pueblo.
No basta la hipocresía burguesa, ni los lloriqueos de los socialdemócratas al Estado asesino de los ricos. Para detener la masacre contra el pueblo, es necesario organizar la vanguardia del proletariado en su Partido político revolucionario, que dirija la Guerra Popular que en Colombia toma la forma de insurrección armada para destruir todo el poder del capital e instaurar el Socialismo, único régimen económico que garantiza el trabajo, la paz y el desarrollo social y cultural para los pueblos que hoy son sojuzgados por el capital.
