En febrero de 1997 estruendosos bombardeos sobre la región del río Cacarica al norte del Chocó, anunciaron el inicio de una campaña a sangre y fuego en los territorios de las comunidades negras. Fue la «Operación Génesis» conjunta entre la Brigada XVII del ejército y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, comandada concertadamente entre el general Rito Alejo del Río y el jefe paramilitar Vicente Castaño. Con el pretexto político, de «combatir la subversión» del frente 57 de las Farc, militares y paramilitares tomaron control de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó en el municipio Ríosucio (Chocó), y en Carmen del Darién, bajo Atrato chocoano, de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó.
La «Operación Génesis» fue el inicio de una campaña de terror para expulsar a las comunidades raizales, en la cual bastaba señalarlas de «colaboradores de la guerrilla» para declararlas objetivo militar, procediendo a la destrucción de sembrados, quema de viviendas, asesinato de líderes, amenazas, hostigamiento, retenes, bloqueo de alimentos. Una campaña de terror finca por finca, parcela por parcela, con el macabro mensaje de «necesitamos su tierra, o vende y se va, o no vende y será su viuda la que venderá». Una campaña de terror en los municipios refugio de los desplazados, con amenazas, intimidación y amedrentamiento directamente por los paramilitares para impedir su retorno, al tiempo que aparecían «comisionistas» ofreciendo comprar las tierras a precios de bicoca.
Tal era un nuevo episodio de la sanguinaria guerra contra el pueblo colombiano, que desde 1980 tiñó con su estela de sangre, destierro y desolación vastos territorios del país, guerra reaccionaria que bajo el parapeto político de «luchar contra la subversión», ocultó y sigue ocultando los intereses económicos de las clases dominantes.
En efecto, mientras la «Operación Génesis» y su consiguiente campaña de terror en el Chocó, ocupó el escenario del teatro de guerra con actores militares, paramilitares y guerrilleros, detrás de bastidores actuaban los mecenas de la matanza, los financiadores del desplazamiento, los beneficiarios de la expropiación ¡los empresarios de la Palma Africana!
Y no fue como lo interpretan los juicios en las Cortes o los historiadores y politólogos de pacotilla, sirvientes del capital, quienes afirman que «los empresarios adhirieron a los proyectos económicos palmeros de los paramilitares». Fue una atroz concertación entre empresarios capitalistas, políticos gobernantes, militares y paramilitares, todos como parte y a la vez cobijados por la protección del Estado y sus instituciones, para abrirle paso a la agricultura empresarial de la Palma Africana en el Chocó, abonada con sangre campesina, cultivada por el sudor y sangre obrera cuya superexplotación asalariada de su fuerza de trabajo revela que la renta extraordinaria de la tierra en las plantaciones de palma, es una renta capitalista, es plusvalía que brinda ganancia al burgués, renta al terrateniente e intereses al banquero.
Fue tan estrecho el vínculo entre empresarios palmeros y paramilitarismo, que los jefes paramilitares también participaon en la creación y como accionistas de empresas palmeras. Vicente Castaño en Urapalma S.A., Palmura S.A. y Extractora Bajirá; Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, en Palmas S.A.; Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoloche’, en Agropalma & Cía. Ltda.; Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, en Palmadó Ltda.
La tierra arrasada del Chocó en la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó por militares y paramilitares, libre de propietarios lanzados al destierro, en los años siguientes fue ocupada por empresas privadas, como Urapalma S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Palmura S.A., Palmadó Ltda., Inversiones Agropalma & Cía. Ltda., Palmas S.A., Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa….
Ante las denuncias interpuestas contra los empresarios expropiadores, juzgados y cortes han proferido condenas de apresamiento en cárceles de cinco estrellas y órdenes burladas de devolución de tierras; aspavientos jurídicos que como hojas de parra cubren la desnudez criminal de los capitalistas dando un hálito de justicia, para disimular la actuación dictatorial del Estado en favor de los empresarios palmeros y engatusar a las víctimas de la guerra y el despojo con la esperanza de recuperar sus territorios.
Pero los expropiadores capitalistas palmeros y sus socios paramilitares urdieron diversas maniobras jurídicas para legalizar el despojo y el negocio de la palma abonada con sangre; crearon, igual a la «inofensiva» Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), aparatos similares como la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba) con el ánimo de comprar al precio fijado por boca del fusil y así apropiarse «legalmente» de las tierras desalojadas; se agazaparon en falsos «Consejos Comunales» para acaparar los pocos beneficios de las órdenes judiciales de devolución de tierras.
La apropiación territorial de los capitalistas palmeros y el asiento de sus empresas, fueron legalizadas por las instituciones del Estado encargadas de certificar la propiedad privada: juzgados, notarías, Incora, Incoder, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural… todo con el aval de los parapolíticos que comandados por Uribe Vélez jefe político de los expropiadores, han manejado el poder del Estado en alcaldías, gobernaciones, congreso y la misma presidencia.
Tras el apoyo militar y jurídico del Estado a los expropiadores capitalistas palmeros, vino el apoyo económico estatal, donde el Ministerio de Agricultura, la Corporación Autónoma para el Desarrollo del Chocó, el Incoder, el Banco Agrario, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro)… apoyaron con generosos créditos la «noble y patriótica» labor de los empresarios palmeros de comprar tierras abandonadas y montar instalaciones para cultivar palma africana, extraer aceite y biodiesel. Urapalma S.A., recibió un crédito el Banco Agrario y la Corporación Financiera Colombiana por 5.421 millones de pesos, más incentivos del Estado por 2.891 millones de pesos. El Banco Agrario en 2005 le otorgó a Palmas de Curvaradó un crédito por 1.788 millones de pesos y a Palmadó Ltda., un préstamo por 488 millones de pesos. Esto sin contar los numerosos créditos de Finagro a «asociaciones de pequeños cultivadores» creadas como empresas fachada por los mismos empresarios palmeros, igual al truco utilizado luego en Magdalena y Valle del Cauca, de fragmentar grandes empresas de capitalistas agrarios y mafiosos para embolsarse los subsidios de Agro Ingreso Seguro, cedidos por el dadivoso ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias durante el régimen de Uribe Vélez.
El formidable negocio capitalista de la palma de aceite, la oleaginosa más productiva del planeta, cuyas ganancias desde viejas épocas provienen de la superexplotación de los proletarios agrícolas en el Cesar y Santander por los capitalistas de Indupalma, fue desarrollado y fortalecido por la expansión que, como en el Chocó, donde en el año 2000 existían ya 7.500 hectáreas, le dio la guerra contra el pueblo a las plantaciones de palma africana abonada con sangre campesina; expansión que hoy alcanza 124 municipios de 20 departamentos, con 500.000 hectáreas sembradas y una producción de 1,6 millones de toneladas de aceite de palma en 2017 equivalente a 3,3 billones de pesos, que convierten a Colombia en el cuarto productor mundial y el primero en América.
La beneficiaria principal de la guerra contra el pueblo ha sido la burguesía en general como clase, cuyos representantes de la calaña de Efromovich de Synergy Group y del Holding Avianca, o los empresarios de Carbones del Caribe del Grupo Argos, entre otros capitalistas, con talante de explotadores avaros, ávidos, insaciables, cayeron prestos a comprar tierras despojadas, al precio fijado por las amenazas de muerte a sus propietarios, para aumentar sus ganancias entrando en el negocio de la palma abonada con sangre.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) creada en 1962 es el gremio empresarial que agrupa y representa a la mayoría de los capitalistas del sector palmero, entre ellos, a quienes han construido sus empresas con la palma abonada con sangre campesina y cultivada con el sudor y la sangre obrera.
De la relación de Fedepalma con las altas esferas del poder, habla el hecho de que su presidente ejecutivo desde 1989, Jens Mesa Dishington es el marido de María del Rosario Guerra, alfil de Uribe en el Centro Democrático; el Ministro de Agricultura nombrado por Santos en el 2013 fue Rubén Darío Lizarralde, ex gerente de Indupalma y miembro de la Junta Directiva de Fedepalma; y ahora, el títere presidente Duque acaba de nombrar en la Dirección de la Unidad de Restitución de Tierras – URT a Andrés Augusto Castro Forero, quien entre 2004 y 2013 ocupó los cargos de Secretario General y Director encargado de Planeación y Desarrollo Sectorial de Fedepalma.
La Unidad de Restitución de Tierras fue creada por la Ley 1448 de 2011 en calidad de institución estatal supuestamente encargada de atender a los reclamantes despojados de sus tierras, entre ellos, los expropiados por los empresarios palmeros agremiados en Fedepalma. Ley dictada por el gobierno Santos bajo el pomposo nombre de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que en los hechos ya demostró su esencia burguesa reaccionaria no para reparar a las víctimas, no para restituir las tierras a los desplazados, sino para legitimar el despojo, lo cual se rubricó luego en la esencia política del Acuerdo de Paz.
La Unidad de Restitución de Tierras no podía ser más que un instrumento para consumar los reales propósitos de la Ley 1448, como en efecto lo demuestra el rechazo sin razones de la mayoría de reclamaciones, la negativa a registrar casos de los empresarios palmeros pretextando la «microfocalización» de la zona y el cumplimiento de «una orden del nivel central», y lo más concreto, el alcance de la restitución apenas llega a 313.129 hectáreas en 7 años, un porcentaje ridículo y burlesco frente a los 10 millones de hectáreas despojadas en la guerra contra el pueblo.
¿Qué pueden esperar ahora las víctimas y desplazados de la Unidad de Restitución de Tierras dirigida directamente por un soldado a sueldo de los expropiadores palmeros? ¡Así materializa el gobierno actual sus promesas electorales a las víctimas y desplazados!
Respaldo militar, político y económico para los ricos capitalistas… persecución, destierro, muerte, despojo y superexplotación para los pobres del campo… tal ha sido el papel del Estado y sus gobiernos a lo largo del proceso de expropiación y desplazamiento de los campesinos y comunidades negras del Chocó, del proceso de usurpación de las tierras por los empresarios palmeros, del proceso de la expansión capitalista de la agricultura en lo que atañe a la Palma Africana, todo lo cual apenas representa una parte del gran proceso de expropiación en la guerra contra el pueblo.
Compañeros pobres del campo desplazados y víctimas ¿acaso no es suficiente tanta muerte, humillación y penuria económica para ya dejar de esperar justicia y reparación del mismo Estado representante y protector de los expropiadores?
Hermanos campesinos ¿acaso no es suficiente su ruina causada por la agricultura empresarial y la tenaza estranguladora de los bancos sobre sus gargantas, para ya dejar de esperar redención y auxilio económico del mismo Estado de los grandes empresarios?
Camaradas obreros agrícolas ¿acaso no bastan los sufrimientos y el acabose de sus vidas, de generación en generación, produciendo riqueza a los parásitos capitalistas, para ya dejar de esperar el prometido progreso y bienestar para todos, dentro del infierno de la explotación capitalista?
Desde luego que a todos, pobres de la ciudad y del campo, les obliga a luchar para resistir a la explotación y los vejámenes de este maldito sistema. ¡Y si se lucha mancomunando las fuerzas de todos mejor!
Pero no basta con calmar los sufrimientos; es necesario erradicar los males de raíz. Y en Colombia la raíz de los males del pueblo está en la explotación asalariada capitalista. Es hora de no pensarlo más, es hora de abandonar las ilusiones en los politiqueros y su utópica pretensión de reformar y humanizar la esclavitud capitalista. Es hora de unirse a los comunistas revolucionarios cuyo programa consiste en pocas palabras, en una ruptura violenta del orden capitalista actual, que expropie a los expropiadores y convierta a los trabajadores en los únicos propietarios de la riqueza social y natural, programa irrealizable sin la participación de la fuerza combativa de ustedes compañeros trabajadores del campo y la ciudad. Que la palma abonada con sangre sea un doloroso motivo para tomar esa trascendental decisión.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Octubre 16 de 2018
