La ola terrorista de amenazas y asesinatos de dirigentes sociales (campesinos, indígenas, reclamantes de tierras, sindicalistas), de activistas de derechos humanos, de activistas de la campaña de Petro, masacres de desmovilizados de las Farc y de campesinos, perpetrados inmediatamente después de la elección de Duque han conmocionado la sociedad colombiana y la opinión internacional.
Es una oleada de muerte que en la asquerosa boca de los gobernantes salientes y entrantes «no se ha demostrado su sistematicidad» y prometen «recompensas para dar con los responsables», «exhaustivas investigaciones» y las inocuas medidas de siempre… la vieja cantinela hipócrita y demagógica de los lamentos públicos, mientras en privado alistan sus bandas de sicarios y lustran sus armas para continuar con la matanza.
Los hechos evidencian que los asesinatos de dirigentes sociales no son hechos aislados, ni fortuitos. Hacen parte de la vieja y conocida política sistemática de los explotadores en Colombia, el terrorismo de Estado, que ante la denuncia permanente en las redes ha obligado a los medios de comunicación a pronunciarse y a los periodistas honrados a investigar a ir más allá de la mentirosa verdad oficial.
Aunque el Procurador Fernando Carrillo diga que: «Aquí hay despojadores que están asesinando a los líderes de tierras, hablar de otra sistematicidad es difícil, pero yo les podría decir que según el informe de la Procuraduría sí hay sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras». En su propio informe reciente admite que la minería ilegal, la explotación maderera ilegal, la agricultura extensiva, el control social y organizativo, son otros factores que han permitido las agresiones contra los líderes sociales en Colombia.
Y frente a si se trata de una política de Estado se ve obligado a reconocer que: «Aquí ha habido casos de cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales». Y admitir que el «Estado ha fracasado en la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos».
Ya se demostró que el exterminio de la Unión Patriótica fue una política de terror estatal sistemático orquestado entre militares y paramilitares.
Ya está claro que también fue una política de terror estatal sistemático, las masacres perpetradas por el paramilitarismo uribista en el gran despojo a los campesinos, donde los patrocinadores y protectores de los asesinos fueron terratenientes, empresarios, parapolíticos y militares.
Ya quedó en evidencia que el asesinato masivo de jóvenes obreros y campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate fue la política sistemática militar de los «falsos positivos» en los gobiernos de Uribe y de Santos.
La matanza actual no es la excepción. Hoy también son las clases dominantes y su Estado los directos responsables del asesinato sistemático de dirigentes sociales. Está dirigido, por una parte, contra reclamantes de tierras, dejando en claro que la «tierra prometida» en los acuerdos de los jefes de las FARC con el gobierno era la de los cementerios; por otra parte, contra dirigentes que lideran procesos en defensa del medio ambiente y se oponen a megaproyectos como Hidroituango; además, contra dirigentes sindicales, indígenas y campesinos y, finalmente, otros obedecen a la disputa de territorios donde se ha disparado el cultivo de la hoja de coca.
Los 119 asesinatos ocurridos entre el 1 de enero y el 5 de julio del 2018, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de los cuales el gobierno solo registra 33, están relacionados y obedecen a la pretensión de los burgueses, terratenientes e imperialistas, por culminar el despojo de los pobres del campo y por silenciar y acallar cualquier oposición a sus voraces planes. Es decir, no son hechos aislados sino sistemáticos y obedecen a los planes de los explotadores.
Los muertos de los desmovilizados y disidentes de las FARC son la repetición de la vieja historia de las negociaciones de paz de los explotadores, donde siempre, después de desarmados los insurgentes, han sido asesinados sistemáticamente; los muertos de la campaña de la Colombia Humana de Petro en general coinciden con que son dirigentes o activistas sociales.
Con cuánta razón se advertía en este medio, desde antes de la firma de los acuerdos entre los jefes de las FARC y el gobierno, que esa paz de los ricos solo significaba la continuación de la guerra contra el pueblo, como trágicamente atestigua la matanza y la amenaza de centenares de hijos del pueblo.
Con cuánta razón se denunció también que la esencia de esos acuerdos era la legalización del despojo de los pobres del campo, como se evidencia con la legalización de las tierras usurpadas hoy en manos de los grandes capitalistas «compradores de buena fe» y la entrega de los baldíos a perpetuidad de los grandes emporios nacionales y extranjeros.
Y como se dijo en un editorial reciente de este medio: «El terror estatal ejecutado a través de las hordas paramilitares, bandas criminales y ejércitos anti-restitución, ha sido el método sencillo y menos costoso preferido por los explotadores para disuadir la resistencia campesina e indígena al despojo y al destierro, para contener la lucha del pueblo contra las reformas anti-obreras y anti-populares. El terror estatal paramilitar es el método de los opresores para endosar sus crímenes a desconocidas ‘fuerzas oscuras'».
Hechos que demuestran la rigurosidad del Programa Para la Revolución en Colombia:
«El Estado en Colombia es de carácter burgués, está en manos de la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas, como máquina de opresión y dominación al servicio exclusivo de sus intereses de clase, y como arma de explotación de las clases oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y proimperialista, que durante toda su existencia ha utilizado la violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de rebeldía de las masas trabajadoras».
De ahí que parar la ola de terror estatal de los capitalistas sea imposible acudiendo a su benevolencia, o exigiendo que sus asesinos uniformados o de civil protejan a sus víctimas como ingenuamente piden los jefes de los partidos reformistas; así como son inútiles y estériles sus alegatos en el establo parlamentario defendiendo el «Estado social de derecho».
Y si el propio Procurar admite que el Estado fracasó en la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, es hora de que las masas tomen la protección de sus dirigentes en sus propias manos, desplegando su inagotable iniciativa para crear las nuevas formas de defensa y ataque que exige la situación.
El proletariado condena la matanza y llama a los demás trabajadores a seguir participado en las movilizaciones o concentraciones contra los asesinatos de líderes sociales, a rechazar en la calle masivamente el terror estatal, estando atentos a impedir que tal movilización sea utilizada para los fines electorales de los partidos politiqueros.
¡Es necesario detener ya la ola de terror estatal de los capitalistas! La sangre que hoy derraman de aguerridos dirigentes populares, sociales, obreros, magisteriales, indígenas y campesinos, no impedirá el crecimiento de la lucha del pueblo contra los planes miserables de los banqueros, industriales y terratenientes.
Al terror estatal contra los líderes sociales y al alud expoliador de reformas capitalistas contra los trabajadores, hay que oponer la fuerza del pueblo, la fuerza de su lucha organizada, y esa fuerza hoy debe expresarse en un ¡PARO NACIONAL INDEFINIDO!
¡La sangre del pueblo abona el camino de su lucha y liberación! Como enseña la historia y hoy demuestran los trabajadores del campo y la ciudad con su valerosa movilización permanente exigiendo el cese de la matanza y preparándose para las nuevas batallas; que deben ir encaminadas a preparar el Paro Nacional Indefinido, la Huelga Política de Masas, que les permita ya no solo frenar los planes de sus enemigos, sino prepararse en el transcurso de la lucha para destruir en sus cimientos la máquina de terror de los capitalistas y tomar en sus manos las riendas de la sociedad.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Julio 15 de 2018
