Gira: «una mina de derechos: justicia y solidaridad en el territorio»

Gira: «una mina de derechos: justicia y solidaridad en el territorio» 1

A nuestro Portal nos ha llegado el siguiente comunicado de la Gira internacional de mineros ancestrales y campesinos contra una multinacional minera canadiense, que ha venido cometiendo atropellos contra la población en el Nordeste antioqueño.

Revolución Obrera


Hola, Mi nombre es Isabel Cortés soy periodista Colombiana exiliada en Canadá. Estoy acompañando una gira internacional de Mineros Ancestrales campesinos y su defensa legal ante una multinacional Minera Canadiense (la misión tiene enfoque de Género, ya que denuncia los atropellos a las mujeres Chatarreras de Antioquia)… EL GOBIERNO CANADIENSE NOS ATENDIÓ Y NOS HA RESPALDADO CON ALGUNOS COMPROMISOS PUNTUALES, les ruego difusión, tenemos nuestro comunicado de prensa en español, inglés y francés e imágenes de apoyo para contextualizar, gracias quedo atenta.

https://www.cpac.ca/a-la-une/l-episode/point-de-presse-de-militants-colombiens-a-ottawa–21-novembre-2024?id=229fd5d8-e822-4fb2-8bb1-3d4950736865

Comunicado de prensa

Entre el 15 y 29 de noviembre del 2024 una delegación compuesta por un líder minero artesanal colombiano y dos abogados expertos en derechos humanos, ha llegado a Canadá para exponer públicamente una denuncia sobre hechos que ponen en peligro la vida y los derechos humanos de los pequeños mineros campesinos y líderes sindicales en su territorio; la denuncia será interpuesta contra B2 Gold Corporation, una empresa minera canadiense.

En el año 2021 Simon-Pierre Savard-Tremblay Diputado Bloque Quebequense y Miembro del Parlamento Canadiense, tuvo la oportunidad de verificar la problemática personalmente en el territorio colombiano.

Con el apoyo de varios sindicatos y grupos de la sociedad civil canadiense el equipo busca visibilizar las violaciones de derechos humanos y daños ambientales en el nordeste del departamento de Antioquia, Colombia.

John Eduard Yepes García, representante de la Corporación Retorno y Vida, junto con Gildardo Antonio Gómez Maya, líder de la Asociación de Mineros del Corregimiento de Providencia (ASOMICOPRO), han presentado un informe detallado que denuncia:

  • Desplazamiento forzado de comunidades locales por el proyecto.
  • Impactos ambientales severos, incluyendo la afectación de la Reserva Forestal Protectora del rio Nus y la desviación de quebradas esenciales para el equilibrio hídrico y la subsistencia de las comunidades.
  • Afectación al derecho de locomoción de niños campesinos y las comunidades.
  • Persecución penal y administrativa contra líderes comunitarios y mineros artesanales opuestos al proyecto.
  • Estigmatización de la protesta social y uso indebido de instrumentos legales para silenciar voces críticas.

El proyecto Gramalote, que es el más grande de Colombia en minería aurífera a cielo abierto, afecta directamente al municipio de San Roque y sus comunidades de Providencia y Cristales, entre otras áreas rurales.  

Con una inversión de más de 900 millones de dólares, la explotación de oro ha desencadenado conflictos sociales, económicos y ambientales que las comunidades locales denuncian como irreparables.

La delegación busca:

  • Establecer la responsabilidad jurídica y política de B2 Gold Corporation por sus acciones en Colombia, bajo los principios rectores del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, y el Acuerdo de Biodiversidad KunmingMontreal.
  • Garantizar la protección de los derechos humanos y ambientales de las comunidades afectadas, con un enfoque diferencial que considere las necesidades de las mujeres, niños y grupos vulnerables.
  • Garantizar el diálogo y la reparación efectiva para las comunidades desplazadas y los mineros artesanales excluidos injustamente de compensaciones económicas.

Antecedentes del conflicto:

Desde el inicio del proyecto, las comunidades locales dependientes de la minería artesanal han enfrentado múltiples desafíos, como el cierre de mesas de concertación por parte de la empresa y actos de represión contra quienes han alzado la voz. Uno de los casos más emblemáticos es el de Gildardo Antonio Gómez Maya, cuyas herramientas de trabajo fueron destruidas en un operativo policial irregular, dejando a su familia sin sustento y siendo víctima de constantes amenazas contra su vida.

“Estamos aquí para exigir justicia y para que Canadá asuma su responsabilidad como país de origen de esta empresa. La explotación minera no puede ser una excusa para destruir comunidades y ecosistemas”, afirmó Yepes García.

Llamado a la acción internacional:

Los denunciantes exhortan a Canadá y a instancias de verificación como la Ombudsman con la que ya tuvieron un acercamiento,  para garantizar que las empresas bajo jurisdicción canadiense cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.Este caso evidencia la urgencia de regular las actividades de empresas multinacionales para prevenir abusos en territorios vulnerables y salvaguardar el derecho de los pueblos a un entorno saludable y seguro .

Esta gira busca también resaltar los efectos devastadores que el proyecto Gramalote ha tenido sobre las mujeres del municipio de San Roque, muchas de ellas desplazadas por el conflicto armado y cabezas de familia. A pesar de ser fundamentales en la cadena productiva del oro mediante la recuperación y reciclaje de sobrantes metalúrgicos, las mujeres, han sido sistemáticamente excluidas de derechos laborales y de seguridad social. Además, han sido objeto de señalamientos como «mineras ilegales» y enfrentan operativos militares violentos que buscan expulsarlas del área. Estos actos, realizados frecuentemente en presencia de menores y con el uso de la fuerza, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y profundizan la discriminación de género, evidenciando un preocupante patrón de violencia institucional y de género en el contexto del proyecto extractivista.

Ante las continuas violaciones a los derechos humanos y ambientales generadas por el proyecto Gramalote, la Corporación Retorno y Vida se ha visto en la obligación de implementar diversos mecanismos de protección de derechos fundamentales, la mayoría de estas acciones concretas han tenido respuesta e implementación que sustentan esta intensión de denuncia.

Cabe resaltar que el 16 de octubre de 2018 en la Embajada de Canadá en Colombia ante el embajador de la época Marcel Lebleu se interpuso una denuncia por Violación a Derechos Humanos en el Proyecto Extractivista Gramalote de propiedad de la empresa canadiense B2 GOLD CORPORATION, a la fecha no hay respuesta del Estado canadiense; por lo que se hizo necesario implementar esta gira y hacer el llamado a la solidaridad por partes de las organizaciones civiles en territorio canadiense.

Recordemos que las obligaciones de Canadá se refieren a los derechos fundamentales (entre otros el derecho a la vida y a la seguridad) y a los derechos a un trabajo digno, es decir, el derecho a la protección social, la igualdad, la aplicación de las normas internacionales del trabajo y el derecho de asociación y negociación colectiva para lograr un verdadero diálogo social. Toso estos elementos emanan del Plan de acción de Canadá sobre las relaciones comerciales con Colombia, disponible aquí:

https://www.international.gc.ca/country-pays/colombiacolombie/relations.aspx?lang=fra#a2

Elaborado por: Isabel Cortés

Coordinadora de Comunicaciones

Gira: “Una Mina De Derechos: Justicia Y Solidaridad En El Territorio”

(Con la colaboración del Observatorio violencia, criminalización y democracia www.ovcd.org  y de

Denise Gagnon, integrante del Centro internacional de solidaridad obrera-CISO )

Contacto : John Eduard Yepes García

Correo: retornoyvida@gmail.com

Téléfono : +57 310 832 3348 – +57 302 2918553 www.retornoyvida.org

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