A Jaime Losada, primero lo desaparecieron y a los cuatro días su cuerpo apareció inerte a orillas del río Sevilla, en Puerto Guzmán, Putumayo, el pasado 12 de julio. Losada era un dirigente social integrante del Comité conciliador de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Costa Nueva. En la zona, existen riesgos originados por la intromisión arbitraria de los actores armados ilegales en los asuntos comunitarios y las presiones para hacer cumplir sus órdenes y códigos de conducta, según denunció Indepaz. Losada es el dirigente número 101 asesinado en 2022, y el número 1328 desde la firma del Acuerdo de paz de La Habana.
Ese mismo día, Noel Humberto Castro Colorado, fue asesinado en la noche por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, los hechos ocurrieron en el oriente del municipio de Florencia, Caquetá. Noel era firmante del Acuerdo de paz. La ADE denunció el pasado 13 de julio “amenazas, señalamientos, calumnias y estigmatización hechas a la Docente SANDRA SALAZAR FRIAS, dirigente social e integrante de la “Escuela Taller Sur”, activista sindical y asociada a la ADE”, amenazas realizadas por el Bloque Capital y las Águilas Negras contra dirigentes sociales y políticos en la localidad de Usme.
Todo esto se relaciona con las repudiables palabras de Luis Guillermo Echeverri, hijo de Fabio Echeverri de la ANDI, amigo íntimo de Duque, miembro de la Junta directiva de Ecopetrol, que afirmó sobre los dirigentes sociales: “Mueren por ajustes de cuentas entre ellos mismos por estar metidos en las cosas que no son”. Esa es una nueva versión de la afirmación de Luis Carlos Villegas cuando fue ministro de defensa en 2018, y dijo sin problemas que una de las causas de los asesinatos de los dirigentes sociales era por “líos de faldas”.
Y así, podemos seguir nombrando los muertos que va dejando la guerra contra el pueblo por todo el país. Desde el inicio de la presidencia del títere Duque el 7 de agosto de 2018 al 4 de junio de 2022, fueron asesinados 930 dirigentes y defensores de derechos humanos, 245 firmantes del acuerdo de La Habana, hubo 261 masacres con 1144 víctimas. El régimen de la mafia uribista ha dejado por más de 20 años miles de muertos por todo el país, sin hablar de los desplazados, luchadores populares encarcelados o exiliados.
A pesar del cambio de gobierno, la mafia sigue presente en diferentes esferas del poder del Estado burgués, la economía del país tiene su principal motor en el narcotráfico y por eso el uribismo no fue derrotado con la presidencia de Petro. Las masacres, dirigentes asesinados y desplazamientos forzados lamentablemente continuarán, pues un cambio cosmético en la dictadura de clase de la burguesía y los terratenientes no cambian de raíz la esencia del podrido Estado burgués ni su criminal política de ejecutar el terrorismo de Estado contra el pueblo desarmado, por muy buenos deseos que tenga el nuevo gobierno reformista.
Ir a la raíz del problema es la única solución. Unir las fuerzas del pueblo bajo la dirección revolucionaria del proletariado, es la única solución para combatir por medio de la violencia revolucionaria, el poder político, económico y militar de las clases reaccionarias. Solo destruyendo el capitalismo, es decir, acabando con la propiedad privada sobre los medios de producción y con ello la división social en clases sociales, se podrá lograr la tan anhelada paz para el pueblo trabajador. Lo demás, son ilusiones que alargarán el sufrimiento que viven los obreros y campesinos bajo el sistema capitalista.
