¿Quién no se ha angustiado, enojado y finalmente resignado cuando llegan los recibos de los servicios públicos? Sobre todo, cuando faltan muchos días para que llegue el salario, lo cual es una suerte, pues hay muchos que no reciben un sueldo mensual, o viven del rebusque o se encuentran desempleados.
¿Quiénes no han discutido en su casa o en el inquilinato, para que los habitantantes de estos lugares reduzcan el consumo de agua, luz, gas, etc.?, porque la idea general que existe es que los culpables de las altas tarifas de los servicios públicos son la misma gente que los consume.
Según datos oficiales este año el servicio de gas registró un alza de 10,1%, el suministro de agua subió 8,88% y en el caso de la energía se habla de un aumento del 27,4% por kilovatio. Los servicios públicos han aumentado considerablemente, situación que se agrava con la alta inflación que este año va en 13,28%.
¿Será que, aunque se presente un aumento en el consumo por parte de aquellos que no apagan el bombillo, no cierran la llave cuando se bañan o dejan quemar las ollas, se justifica el alto costo de los recibos de cada mes?
Pues no, las tarifas de los servicios públicos son reguladas por dos entidades llamadas Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quienes tienen la facultad, dadas por la Constitución, de regular los precios de los servicios, además de otras funciones que no viene al caso mencionar. Estas instituciones fueron creadas por las leyes 142 y 143 de 1994 para permitir la participación de los privados como inversionistas y reguladores. Antes de esta ley el encargado de los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) era el Estado.
El que las manos de los capitalistas estén metidas en la regulación de los SPD significa que han hecho todo lo posible porque sus ganancias cada día se incrementen, cobrando altos costos en mantenimiento, dizque para el buen funcionamiento de los servicios, además, por ley pueden subir 3 puntos por encima de la inflación las tarifas, es decir, tienen la libertad de incrementar los precios a su antojo; y a pesar que tanto en la CREG como en la CRA participan los ministros de Minas y Energía, Vivienda, Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación, también hacen parte 8 comisionados “expertos” que son nombrados por el presidente por un período de 4 años, lo que significaría que el Estado tendría suficiente injerencia para tomar decisiones al respecto del funcionamiento y regulación de los SPD; sin embargo, cuando Petro trató de intervenirlas para bajar las tarifas ahí ya no tuvo el poder, mientras que en la administración de Duque, no solo pudo poner una ficha de él en la CREG sin experiencia, y aunque el Consejo de Estado a través de una demanda lo retiró, como Duque no se metió en las decisiones de los capitalistas en cuanto a tarifas todo estuvo bien.
¿Por qué se presentan estas diferencias? pues por algo que todos callan y no se aprecia a simple vista, por cuanto los maquilladores del sistema ocultan, que el Estado es el aparato de dominación de las clases dominantes y defensor de sus intereses; por tanto, los capitalistas siempre salen beneficiados de una u otra forma.
Un ejemplo reciente de cómo se cumple esta aseveración, es lo sucedido el 2 de marzo cuando el Consejo de Estado suspendió el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 con el que el presidente Gustavo Petro asumía funciones regulatorias de los servicios públicos domiciliarios. La intención de Gustavo Petro, según sus propias palabras, era bajar las tarifas y para esto tener el control de las dos comisiones.
Acordémonos que en septiembre del año pasado, con bombos y platillos el gobierno anunció un gran acuerdo llamado Pacto por Justicia Tarifaria logrado por la Ministra de Minas y Energía, por cierto en medio del espectáculo mediático de la oposición en contra de Irene Vélez; pacto que en palabras sencillas prometía bajar las tarifas de los servicios públicos sobre todo en la costa Caribe, donde por esos días se presentaban protestas de la población. Pero el hecho es que no bajaron los servicios y por el contrario se acrecentaron.
Como se ha evidenciado en estos siete meses, la actuación de las clases dominantes frente a las tímidas propuestas del gobierno, es oponerse airadamente a través de sus voceros políticos, los medios de comunicación y los “expertos”, quienes no se cansaron a partir del 16 de febrero de condenar el decreto y argumentar leguleyadas para deslegitimar la decisión de Petro. Así que a través de una demanda de un “ciudadano de a pie”, el Consejo de Estado, cuya función es conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, ágilmente atendió la demanda del “ciudadano de a pie” y suspendió el decreto.
El cuatro de marzo Gustavo Petro se pronunció por Twitter expresando que respetaba la decisión del Consejo de Estado y que utilizaría todos los recursos jurídicos para responder a la suspensión. Recursos que deben existir y de hecho Petro se apoya en la misma Constitución para decir que tiene todo el derecho de tomar la decisión de intervenir en la regulación de los servicios públicos, pero en última instancia, se imponen la voluntad y los intereses de los grandes capitalistas monopolistas.
El Estado es el aparato de dominación de las clases dominantes y por tanto los capitalistas siempre salen beneficiados de una u otra forma, porque tienen el dominio de todas las instituciones, utilizando los recursos jurídicos, económicos, y sobre todo las fuerzas militares para mantener sus privilegios. Por tanto, es errónea la fe ciega de todos los demócratas en el respeto del Estado Social de Derecho, pues aunque tenga un bonito nombre, en los hechos el Estado burgués es la dictadura de los ricos.
Que el Consejo de Estado es una institución independiente de 31 “prestigiosos” magistrados que legislan por encima de las contradicciones de las clases sociales siendo imparciales, es completamente falso. Los capitalistas privados, dueños de las empresas a cargo de los servicios públicos, metieron las manos para que suspendieran el decreto. Petro con su respeto a la democracia burguesa y a la supuesta independencia de poderes no logrará medidas efectivas para aliviar la situación de miseria y hambre del pueblo. Porque el poder real de la sociedad ahora está en manos de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.
El juego democrático al que llaman a respetar los jefes del Pacto Histórico, los falsos comunistas como el Partido Comunista Colombiano y otros sectores demócratas, no hace más que velar la dictadura del capital para perpetuar la opresión y explotación del pueblo. Mientras se interponen demandas de un lado y del otro, los recibos siguen llegando cada mes más caros, teniendo en muchos hogares que sacrificar otras necesidades, continuar con las riñas entre familiares y vecinos para que no sea suspendido el servicio.
Total, esto demuestra que lograr una rebaja en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios solo será posible a través de la lucha directa, con la movilización, con el paro, con la huelga, con la confrontación que inevitablemente se dará cuando el “Estado social de Derecho”, envíe sus fuerzas policiales a reprimir al pueblo que no está dispuesto a seguir soportando esta terrible situación. ¡Solo el pueblo salva el pueblo! Nuevamente se confirma esta verdad de perogrullo.
