El gobierno reelecto con la ayuda de los dirigentes de las centrales sindicales y jefes de partidos reformistas, empezará a cobrar más en la factura de luz del mes de diciembre para recolectarle 1,1 billones de pesos, que actualmente descuadran a las termoeléctricas del país que generan luz a partir del uso de diésel. Dichos monopolios son propiedad de sendos grupos capitalistas, pero el gobierno quiere refinanciar uno de sus negocios para que no se les caigan las pérdidas1.
Para ver el carácter de clase de esta junta administradora de los negocios comunes de los ricos, que es el gobierno, no más veamos algunos de los gastos de funcionamiento de la pútrida institucionalidad estatal:
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Para proteger a 655 parásitos funcionaros o ex funcionarios del Estado y sus familias (que en su mayoría residen en Bogotá), estas institución gasta $93.000 millones al año.
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Más de 11 billones de pesos le cuesta al Estado las pensiones de los ex presidentes, funcionarios de la justicia, Congreso y algunos integrantes de los organismos de control. Las pensiones excesivas se encuentran en el sistema público y recaen en los altos funcionarios de las cortes, el Congreso y el Gobierno.
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El Gobierno Nacional emitió un decreto con un aumento salarial para todos los funcionarios de la rama legislativa, incluidos los 102 senadores y 167 representantes a la Cámara. Decreto 1739 de 28 de agosto de 2015, manda a que el reajuste sea desde el 1° de enero de 2015. El aumento corresponde a un 4,66%. La remuneración mensual de los congresistas pasará de los $24 millones a los $26 millones.
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El decreto firmado el 1 de octubre de 2013 por Santos, ordenó que los miembros del Congreso tendrán derecho a percibir mensualmente una nueva prima especial de 7’898.445 pesos, que tendrá un reajuste anual «en el mismo porcentaje en que se reajuste la asignación básica».
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Las pasadas elecciones a alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejales, juntas administradoras locales, costó $434.000 millones, que es el costo para elegir los administradores que están por la medio bobadita de incidir en un presupuesto de $80 billones anuales, resolviendo sobre las obras, los constructores, los hospitales y otros cargos donde eligen a su vez los administradores, etc. 118.872 zánganos o tontos útiles de la corrupción se presentaron para dichas elecciones.
De estos rubros el gobierno no tocó ni tocará un peso, en cambio sí del bolsillo de las masas trabajadoras.
Es por lo anterior que los comunistas revolucionarios denuncian a los partidos reformistas, a los oportunistas y a los dirigentes ejecutivos de las centrales obreras, como auxiliadores del capital y llama a la independencia de clase de las organizaciones obreras frente a estos representantes de los explotadores en el seno del movimiento obrero; por esto, este periódico no se cansa de denunciar que la paz de los ricos es guerra contra el pueblo. Por esto es que la posición correcta para la actuación de la clase obrera es la lucha directa y revolucionaria, por el camino de la revolución socialista.
La ley absoluta de este sistema es la de la acumulación y concentración del capital, cuyo desarrollo es a su vez el aumento del nivel de miseria general de las masas trabajadoras. La única forma de acabar con las lacras de este sistema es cortando de raíz él mismo. Y la forma de hacerlo no es poniendo un presidente reformista, sino mediante una Guerra Popular de los obreros y campesinos, que derroque el poder político de los explotadores, destruya su Estado burgués y construya sobre sus ruinas un Estado de Dictadura del Proletariado. Esta es una auténtica salida a la situación actual y es el camino histórico que tiene la clase obrera para acabar con todos los males que le aquejan.