La historia de Colombia está atravesada por un proceso de guerras, en su mayoría de carácter reaccionario. Un ejemplo de ello es la actual guerra contra el pueblo, donde las principales víctimas son los sectores populares, las masacres que ocurren tanto en el campo como en la ciudad recaen sobre ellos, y son los hijos de obreros y campesinos quienes terminan convertidos en carne de cañón, ya sea en los distintos grupos armados o en las filas de la fuerza pública (policía y ejército).
La ola de terror que se viene viviendo en el suroccidente colombiano durante este año es un botón de muestra. En Cali se han presentado una serie de atentados: el 10 de junio hubo 3 contra estaciones de policía de barrios populares (Meléndez, Manuela Beltrán y los Mangos), y simultáneamente una ola de 24 atentados en el Valle del Cauca y Cauca; el 21 de agosto se presentó un cuarto ataque contra la base aérea dejando 7 muertos y casi 80 heridos, atentados atribuidos a las disidencias de las FARC en particular a la columna Jaime Martínez.
Cali es un hervidero de conflictos, como lo evidenció la jornada de violencia del pasado 21 de agosto. La ciudad no solo padece el agravamiento de sus propios problemas, sino que además concentra los del suroccidente colombiano.
Entre estos problemas se encuentra el hecho de que Cali se ha convertido en receptora de población desplazada proveniente de distintos departamentos, debido a la violencia reaccionaria y al desempleo. En varios municipios del Valle, como Buenaventura, persisten disputas entre bandas —los Espartanos y los Chotas— que imponen su control con la complicidad de gobernantes locales y nacionales, quienes durante décadas han actuado con corrupción en la administración del municipio y del puerto. En Jamundí se desarrolla una guerra territorial donde permanece la columna Jaime Martínez de las FARC, mientras que en el Cauca confluyen múltiples actores armados —disidencias, paramilitares, ELN y ejército nacional—, con una confrontación especialmente intensa en el cañón del Micay entre las disidencias de las FARC y las fuerzas estatales. Esta zona, estratégica para la producción y exportación de estupefacientes, ha sido escenario de conflicto durante años. El propio presidente Petro ha señalado que los recientes atentados en Cali se deben a represalias por los golpes militares y las afectaciones a la economía de las disidencias. Todo ello ha convertido a la capital del Valle en la principal ciudad receptora de desplazados y desempleados de la región.
Estos hechos dejan claro:
- El abandono del Estado de las comunidades en el campo donde no se generan fuentes de empleo.
- La mayor parte de la juventud campesina, indígena o afro no tiene acceso a la educación secundaria y mucho menos a la superior, quedándole como opción principal para sobrevivir la vinculación a los grupos armados, siendo en muchos casos reclutados de manera forzada.
- La entrega de tierras y proyectos de inversión para el campo fueron escasos, según lo prometido por el gobierno de Petro.
- En la guerra por la producción, exportación y distribución de psicotrópicos, se presenta una guerra interburguesa de capitalistas internacionales y locales organizados en carteles que, finalmente, usan a la población rural como escudo y a los hijos de proletarios y campesinos como carne de cañón, formando sus propios ejércitos a su servicio.
- Lo que ha terminado haciendo Petro, en su papel de promotor de la llamada «paz total», contradice el eslogan de su campaña: declarar a las disidencias como grupos terroristas y establecer, en la práctica, una política de guerra total. La realidad demuestra que la «paz total», no pasa de ser una ilusión, pues no depende únicamente de la buena o mala voluntad de las partes, sino de causas económicas y políticas estructurales. Mientras persistan la división de la sociedad en clases sociales, la paz total será imposible.
A todo esto se suma la particular situación de Cali, con una alcaldía pésima, que ha súper-endeudado a la ciudad en beneficio de los ricos, que no genera fuentes de empleo, una maya vial llena de huecos y semáforos inservibles; una alcaldía perseguidora de los trabajadores como el caso de los motociclistas y conductores con operativos de tránsito y foto multas.
Y la inseguridad en aumento, tanto así que fue la comunidad quien grabó la tragedia del atentado, ya que ni las cámaras de seguridad funcionan; la misma comunidad detuvo a los causantes del atentado del 21 de agosto dejando claro una vez más que a las clases dominantes en representación de la alcaldía de Eder, no les importa la vida del pueblo trabajador, ya que la fuerza pública está dedicada a cuidar a los ricos.
En general, el pueblo trabajador, oprimido y explotado tanto en el campo como en la ciudad, ha tenido que aprender con dolor, a través de esta guerra reaccionaria, que su liberación del yugo del capital solo podrá ser obra suya. Bajo el capitalismo nadie liberará al pueblo colombiano de la tragedia de la guerra; será el propio pueblo quien conquiste su emancipación, estableciendo formas de poder popular, como las Asambleas Populares Independientes, en las que las masas organicen la defensa de su propia vida.
Será el mismo pueblo el que desde ya establezca las formas organizativas para defender la vida de las comunidades tanto en el campo como en la ciudad y para ello, es pertinente aprender de las experiencias que dejó el levantamiento popular para establecer la defensa, ya sea que se le denomine guardia indígena o para el caso de las ciudades guardias urbanas.
¡Ni el estado, ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo!
El Estado burgués no nos cuida, vamos a organizarnos para luchar por nuestra vida.
Solidaridad con los hermanos caídos.
