A propósito de la detención de Milena Quiroz
Nuevamente el Estado de los ricos criminaliza el derecho a la protesta que tiene plasmado en letras de molde en sus leyes. Esta vez, el peso del terrorismo de Estado se lo están aplicando a Milena Quiroz, dirigente del Congreso de los Pueblos, para quien exigimos libertad inmediata.
Sin vergüenza alguna y descaradamente, la fiscal que detuvo a Milena y encargada de encausarla argumentó: «la Fiscalía considera que es necesaria y proporcional esta medida porque la señora Milena es una señora que mueve masas y está demostrado que mueve masas y es líder comunitaria, líder social y existen testimonios que dicen que ella forma marchas, hace marchas, organiza marchas». Es más, la funcionaria del aparato represor del Estado burgués, dijo expresamente: «Aquí no estamos diciendo que la señora Milena suministra armas o extorsiona, sino que simplemente organiza marchas y de seguir libre tiene la posibilidad de seguir delinquiendo».
¡Exigimos Libertad Inmediata para Milena Quiroz!, ¿delinquiendo por organizar marchas? Vaya despropósito. He ahí la bota de la democracia burguesa que aplasta a los pobres y defiende a los ricos. Esa es la justicia burguesa que absuelve a los delincuentes de cuello blanco, como a los criminales corruptos de Reficar, Odebrech y tantos otros, mientras encarcela y trata de delincuente a una luchadora social.
Esa es la dictadura de los monopolios ejecutada brutalmente por el Estado de los ricos mediante sus fuerzas armadas y de justicia, pues la democracia es solo para los dueños del capital que sí pueden hacer marchas, como la realizada por la burguesía azucarera hace unos meses en el Valle del Cauca, contra la sanción impuesta por constituir el cartel del azúcar; o como la programada para el 1 de abril por los representantes de la mafia, el paramilitarismo y los sectores más retardatarios y cavernarios de las clases dominantes. A esos criminales su democracia les brinda todas las garantías. Es decir, para hacer marchas y manifestaciones públicas, también reina el poder del capital, pues a los sectores reaccionarios de la burguesía y los terratenientes el Estado les garantiza la libertad de prensa y de movilidad para expresarse a sus anchas, mientras a las masas obreras y campesinas les aplica el terror oficial, les exigen permisos y plazos, les aplican el Código de Policía y les niegan la palabra en los grandes medios de comunicación.
¡El Estado burgués no es imparcial, es una máquina que priva de los medios revolucionarios de lucha a los explotados para garantizar los privilegios de los explotadores! No se le puede pedir más a este Estado, pues su carácter de clase le obliga a garantizarle todas las libertades y derechos a una minoría parásita que vive a costa del trabajo ajeno. No se le puede pedir más al Estado de dictadura de la burguesía y los terratenientes, que les niega en la práctica a las masas y a sus dirigentes los derechos que dice reconocerles en la Constitución burguesa del 91 y en cientos de decretos y códigos.
Las clases dominantes aprietan al pueblo, intensifican el grado de su opresión en la medida que el proletariado y las masas populares se los permitan, en la medida que se rebaje en la unidad, organización y lucha directa del pueblo contra sus centenarios enemigos. Solo con la lucha directa se conquistan y mantienen los derechos. Por eso se debe persistir en la lucha realizando Huelgas regionales, mítines, bloqueos, paros parciales de la producción, asambleas populares… en la preparación de la Huelga Política de Masa que ponga freno a los despropósitos de los explotadores y opresores, acumulando fuerzas para las batallas venideras por destruir de raíz la sociedad burguesa.
El proletariado consciente debe trabajar con audacia para fundirse con las masas, y destacar los dirigentes más avanzados para construir con ellos el Partido político de la clase obrera, que debe dirigir y orientar la lucha de los millones de masas pobres de Colombia hacia la instauración de la democracia directa de los obreros y campesinos, la Dictadura del Proletariado, donde los trabajadores ejercerán su derecho no solo a marchar y a manifestarse sino a dirigir la sociedad entera.
