Con un patético argumento, el pasado 15 de marzo Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se retiró de la audiencia en el caso de Jineth Bedoya, pidiendo imparcialidad a los magistrados sobre la violación, tortura física y psicológica que sufrió la periodista, por llevar a cabo su labor al intentar realizar una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde evidentemente los grupos paramilitares, eran quienes llevaban las riendas de esta institución en complicidad con el Inpec, organismo del Estado a cargo del Ministerio de Justicia y en últimas del presidente que para la época era Andrés Pastrana.
¡Es humillante y bajo!, lo que tiene que pasar una mujer solo por tomar la decisión de no callar y pedir justicia. Jineth Bedoya ha sido valiente, no solo por lo vivido tras superar lo que trae consigo enfrentar el miedo a ser torturada y violada, sino por su decisión de enfrentar al Estado colombiano que, amparado en sus propias leyes, es capaz de tergiversar y acomodar la realidad para ponerse como víctima, para no asumir su responsabilidad en este caso y de los miles de muertos que ha dejado por campos y ciudades, con mujeres, niños y hombres que solo buscan justicia y tranquilidad.
La exigencia de Jineth Bedoya es “clausurar la cárcel La Modelo, donde no solo se cometió un hecho de violación de derechos humanos contra mí, sino donde sistemáticamente se han cometido todos los tipos de violaciones de derechos humanos desde hace décadas, sería realmente una reparación efectiva”. Es posible que el Estado acepte y que en lugar de continuar siendo un centro penitenciario “esta institución se convierta en una institución que sirva para ayudar a las víctimas” como ella quiere. Así se erigiría un monumento para recordar todas los crímenes y vejámenes cometidos por el Estado; sin embargo, seguirán ocurriendo, pues bajo este sistema descompuesto las cárceles continuarán siendo centros de tortura y no instituciones para resocializar a los delincuentes.
Hoy somos Jineth, Adriana, Yuliana, Johana y todas esas mujeres que confiaron en el Estado capitalista, pretendiendo en el marco de la “legalidad burguesa” que su caso no quedara impune, pero que lo único que recibieron fue la revictimización y el olvido y que su sufrimiento se convirtiera en uno más de los miles de expedientes que reposan en los juzgados de Colombia.
Y aunque aún falta, como parte del proceso jurídico, que el próximo 23 de abril las partes presenten sus alegatos finales, ¡declaramos al Estado capitalista culpable! Culpable de hacer lo que sea posible para mantener su mafia y defender a toda costa los intereses de los ricos, sin importar si con ello pisotean niñas, mujeres, hombres, ancianos, dirigentes sociales, campesinos. Culpable por el aumento de feminicidios, malos tratos, violencia contra la mujer y violaciones. Culpable por los crímenes perpetrados contra el pueblo colombiano como el de Jineth, como el de los niños de Soacha, de Samaniego, Buga. Culpable por los dirigentes hombres y mujeres perseguidos, desaparecidos y asesinados. ¡Este sistema y su Estado son culpables de estas y otras desgracias del pueblo colombiano! Por eso la condena que prepara el pueblo que lucha por organizarse ¡es la destrucción del Estado capitalista! Porque en un nuevo Estado de obreros y campesinos la prioridad será el bienestar de la mayoría y en especial de los niños y mujeres.
Así que:
“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles
Que tiemblen los jueces y los judiciales”