Dice la ley burguesa que la cifra de incremento del salario de los empleados públicos, debe partir mínimo, desde la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 31 de diciembre del año anterior que para el 2022 fue de 13,12%. Y adicionalmente, según los convenios internacionales firmados y la ley que tanto les gusta pisotear a los capitalistas, deben aplicarse los llamados «principios de progresividad y no regresividad», es decir, que los derechos laborales no pueden estancarse ni retroceder, deben evolucionar y fortalecerse en el tiempo. En conclusión, formalmente la negociación salarial para más de un millón 544 mil empleados públicos -incluyendo los más de 220.000 maestros oficiales- debía tener como resultado mínimo para el 2023 el IPC 2022 13,12% + 1,64%, para un total de 14,76%. Sin embargo, la realidad fue bien distinta.
El gobierno reformista del supuesto cambio, tuvo la descarada propuesta de ofrecer inicialmente un incremento miserable de 0,55%, ¡ni siquiera un punto porcentual por encima del IPC! Esa fue la propuesta que envió Gustavo Petro por medio del Ministerio de Hacienda. Después ofreció para el 2023 el 1,5% + IPC y para el 2024 el 1,6% + IPC. Es decir, el gobierno que se hace llamar del cambio, no significó ningún cambio sustancial en la mejora de las condiciones materiales de los trabajadores oficiales, teniendo en cuenta las propuestas que llevó a la Mesa de Negociación Estatal, conformada entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo –con ministra “comunista” a bordo-, Función Pública y los jefes de los sindicatos mayoritarios.
Los jefes de las centrales sindicales, CUT, CGT y CTC junto a otras centrales y Federaciones como la, CTU, Fenaltrase, Únete, Fecode, Utradec, entre otras, aprobaron mayoritariamente ese lesivo acuerdo salarial, la central UTC, dejó constancia de no estar de acuerdo. Pero el hecho es que con uñas y dientes los jefes vende obreros han defendido este arreglo siendo evidente la rebaja salarial que fraguaron junto con el gobierno Petro-Márquez: para el 2023 aprobando la cifra del IPC (13,12%) + 1,5% y para el 2024 el IPC resultante del 2023 + 1,6%. Para justificar lo injustificable, hacen piruetas propias del mejor circo del mundo con la que logran convencer a incautos, gracias a los grandes recursos que destinan en los medios de comunicación sindicales, que deberían estar destinados para difundir las denuncias y para organizar la lucha, terminan difundiendo mentiras entre las bases sindicales.
Pero ¿cuál es la mentira? Es una verdad que no se puede aplicar a la realidad. En concreto: dicen los jefes de las centrales que «el aumento es, en promedio, el más alto que se ha hecho en los últimos años para los más de un millón 324 mil empleados públicos» (s.n.). Y para ello, resaltan las siguientes cuentas amañadas: «…si hacemos la sumatoria de los dos años acordados en las diferentes negociaciones pues tenemos 2017/2018 (2%), 2019/2020 (2,64%), 2021/2022 (2.64%) y en la negociación de 2023/2024 (3.10%) …». Sin embargo, promediar estas cifras en este caso no tiene ningún sentido, pues lo que verdaderamente importa es el incremento real del salario, pues las familias obreras compran sus alimentos, pagan sus deudas como el arriendo, la hipoteca de sus casas, los colegios y universidades de sus hijos, etc., no en “promedio”, sino, realmente, o como se dice popularmente con “uno sobre otro”. ¿En qué consiste la pérdida real del poder adquisitivo para las familias de los empleados públicos? En que si en el 2022 el aumento fue del IPC + 1,64%, lo mínimo que se esperaba –siendo aun supremamente baja- era que se partiera y se concluyera con esa cifra, del 1,64% y no como finalmente sucedió que se aprobó: el 1,5%.
Si el gobierno del cambio no iba a mejorar sustancialmente el ingreso salarial del sector público, lo menos que se esperaba era que por lo menos cumpliera con lo mínimo. Queda claro que con el gobierno de Petro, se retrocedió en el poder adquisitivo del sector público, eso sin decir, que a la fecha no se conoce el decreto por parte del gobierno que ordena pagar al Estado el respectivo retroactivo y el nuevo salario. El gobierno de Petro no ha sido capaz de algo tan sencillo como un decreto que sólo debía ser actualizado con el nuevo porcentaje salarial concertado con los jefes oportunistas de las centrales sindicales.
El salario es una relación social en la que el factor decisivo para determinarlo, es la lucha que una y otra clase libra, una para rebajarlo cada vez más y la otra para por lo menos no rebajarlo y en mejores condiciones, para lograr un alza generalizada de los salarios. Esa relación sigue vigente en el ámbito del sector estatal. Los capitalistas y los terratenientes, tienen en su gobierno de turno, los administradores de su Estado, y para el caso concreto, tienen en el gobierno reformista de Petro a los administradores por lo menos por cuatro años –si nada extraordinario sucede- de su maquinaria de fuerza que utilizan contra la clase obrera y los campesinos pobres y medios. Es así, que depende del grado de unidad, organización, consciencia política, lucha independiente y revolucionaria de los funcionarios públicos o de la clase obrera que trabaja en las instituciones estatales, que ese salario sea cada vez más bajo o si, por el contrario, se logra conquistar un alza general de los salarios para el sector estatal.
La tendencia de los capitalistas es siempre a rebajar los salarios y es evidente que bajo el gobierno reformista de Petro, esa tendencia se mantiene y se acentúa. A esa tendencia se suma que los llamados “representantes de los trabajadores” en esas Mesas de concertación salarial o en la Mesa de Negociación Estatal, posan de “amigos del pueblo” cuando en realidad, son los amigotes del gobierno de turno y como mansas ovejas apoyan servilmente al supuesto “gobierno del cambio”, degenerando el movimiento sindical al convertirlo en un comité de aplausos de Petro y sus amigos o en otras palabras, al corporativizar los sindicatos y demás movimientos de masas para ponerlas a su servicio, algo muy parecido a lo realizado por Adolfo Hitler durante la consolidación del fascismo en Alemania. En realidad, nada de esto extraña a la clase obrera, que por más de tres décadas ha visto como reina la política de concertación y conciliación entre clases sociales antagónicas desde la dirección del movimiento sindical.
¿Qué hacer ante esta situación? Es necesario reestructurar el movimiento sindical, que básicamente consiste en actuar con independencia de clase, es decir, con independencia del Estado, de los patronos y del oportunismo, que maniata la lucha directa de las bases obreras, consiste en adoptar la ideología, la política y los métodos de la clase obrera.
Reestructurar el movimiento sindical, exige crear Federaciones independientes que agrupen a los sindicatos que decidieron separarse de la política burguesa de las centrales sindicales tradicionales, que a la final son directorios politiqueros de los partidos burgueses y pequeñoburgueses como el Liberal, PCC mamerto, Verde, entre otros. Se necesita comprender que los sindicatos son organizaciones de resistencia al capital, pero sobre todo, deben ser escuelas de socialismo, y por tanto la gran mayoría de sus esfuerzos deben estar encaminados a prepararse para la lucha, a educarse con ideas y teoría revolucionaria, a construir sus medios de comunicación para denunciar los atropellos y organizar la lucha huelguística.
Gran parte de esa responsabilidad recae sobre los hombros de los revolucionarios y revolucionarias que hacen parte del movimiento sindical y que deben transmitir esas ideas de lucha a sus compañeros de sindicato, organizando y promoviendo la reestructuración del movimiento sindical.
Sindicatos para la lucha, no para la conciliación con sus enemigos. La “paz social” entre clases antagónicas es una mentira que sólo les sirve a los enemigos de la clase obrera. Prepararse para lucha desechando la conciliación de clases con el Estado de los enemigos de la clase obrera. Unidad para la lucha, no para politiquería. ¡Adelante clase obrera, adelante con valor!¡Hay que romper las cadenas de este sistema opresor!
