El 17 de febrero la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito (ASAGETRAN), a través de un comunicado público denunció que los agentes de tránsito han sido víctimas de acoso laboral mediante la imposición de «tareas diarias», que no son más que la obligación de imponer mínimo 15 comparendos diarios.
ASAGETRAN responsabiliza de esta situación al actual secretario de Movilidad Gustavo Orozco, y a empresas privadas como el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDA), el Programa de Servicios de Tránsito y el Sistema de Transporte Masivo MIO. Según la asociación, estas entidades han convertido la gestión del tránsito en un negocio, priorizando intereses económicos de determinadas empresas sobre el bienestar público al haber eliminado tareas como la descongestión vial y la educación a infractores, lo que ha generado un creciente rechazo, manifestado incluso en agresiones físicas del pueblo hacia los agentes.
Detrás de los discursos oficiales sobre la «recuperación de vías» y la mejora de la movilidad, se esconden realidades preocupantes: hostigamiento laboral, condiciones de trabajo adversas (incluyendo amenazas y presión constante), y ciudadanos afectados por lo que ASAGETRAN describe correctamente como un «modelo de tránsito mercantilizado»
Como queda claro, este tipo de políticas solo afectan a la clase obrera. Y es que el alcalde Eder de manera descarada ha venido acomodando la ley burguesa para beneficiar a sus aliados. El pueblo debe entender que a este, como a cualquier representante de la burguesía no le interesa servir al pueblo. Por ejemplo, la tasa de informalidad en materia seguridad social es del 48.2% (primer trimestre de 2023, primer trimestre de 2024) y el desempleo alcanza un 12.61%. En este contexto el derecho al trabajo ha convertido en «lujo», incluso en condiciones deplorables (contratación indirecta, trabajo por horas con desgaste mental y físico, entre otros).
Así las cosas, los proletarios de Cali no pueden olvidar que sus enemigos se encuentran también en la alcaldía privilegiando la propiedad privada de diferentes burgueses que desangran al pueblo a través del amparo de la ley que en este caso particular beneficia directamente al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDA), el Programa de Servicios de Tránsito, el Sistema de Transporte Masivo MIO y las Instituciones represivas que buscan evitar cualquier acción e iniciativa revolucionaria del pueblo en contra de sus enemigos.
Mientras tanto, los politiqueros buscan aprovecharse del descontento general para cosechar votos en las futuras elecciones, prometiendo soluciones desde la vía institucional y pacífica.
Es por ello que los trabajadores del tránsito y los proletarios que han sido multados no deben desahogar su rabia entre sí. Deben apuntar el odio y descontento hacia el Estado burgués, sus políticas y sus representantes: la alcaldía, sus aliados y las Instituciones que crean las leyes y normas que fomentan estas prácticas, que favorecen a los más ricos de la región mientras al pueblo se le persigue y no se brindan condiciones dignas para el empleo, la educación y la salud.
Es momento de luchar unidos a través del bloqueo, la huelga y las barricadas organizados en Asambleas Populares para tomar la iniciativa de la lucha, recuperar la experiencia del 2021 y asumir el poder popular.
¡Adelante a organizar las asambleas populares, por sectores, barrios y comunas en Cali!
¡Gobierne quien gobierne: los derechos del pueblo con lucha directa se defienden!
