El magisterio y el estudiantado colombiano por décadas han sido los fieles defensores de la educación pública en Colombia; hoy, cuando una vez más la educación del pueblo sufre otro ataque por parte del sector más reaccionario de la burguesía, representado en la senadora Paloma Valencia y en su proyecto de ley para crear bonos escolares en Colombia y de esa manera continuar profundizando la privatización de la educación, se justifica salir a las calles y, con la lucha directa, no solo defender el derecho a la educación del pueblo, sino conquistar aun mejores condiciones para que la educación sea pública, gratuita, científica y sirva verdaderamente a los intereses del pueblo.
En su proyecto de ley sobre bonos escolares, Paloma Valencia sostiene la idea de que, para mejorar la calidad y la eficacia de las instituciones educativas, es esencial «Aumentar la competencia entre instituciones». Esto se enmarca en la tendencia común entre los seguidores de Uribe, que siempre tratan de conseguir respaldo popular tocando fibras emocionales, en lugar de traer razones claras y soluciones que realmente sirvan.
Uno de los argumentos de la vil senadora para promover la supuesta libertad de elección de institución educativa para los niños y jóvenes es la «baja calidad de la educación pública», calidad que presenta solo determinada por los estándares de las pruebas de Estado, olvidando las múltiples críticas que este enfoque recibe por ser absolutamente limitado para evaluar habilidades complejas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la solidaridad y la colaboración, etc.
Haciendo caso omiso de que evaluar la calidad educativa únicamente a través de puntajes en pruebas estandarizadas no captura la riqueza y la complejidad del proceso educativo, Paloma Valencia en el Artículo 5 de su proyecto de ley plantea que en el programa podrán participar instituciones educativas privadas que tengan un Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Proyecto educativo comunitario (PEC) aprobado, licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación, «haber obtenido las pruebas de Estado un promedio igual o superior al promedio de las instituciones de educación pública». Si según la senadora la mala calidad de las instituciones públicas se mide por el resultado en las pruebas de Estado ¿qué puede ofrecer una institución privada con el mismo promedio? Sencillamente una oportunidad para desprestigiar la educación pública y continuar desfinanciándola.
En el Artículo 7 de la propuesta de Paloma se establece que el Estado se encargará de asegurar que la elección de la institución educativa para los estudiantes que reciben el bono escolar esté informada. Para ello, se implementará un Sistema de Información Regional de Instituciones de Educación que proporcionará una descripción detallada para facilitar la comparación de diversos parámetros de las instituciones educativas como el número de estudiantes por salón de clases.
Parece que ahora sí el uribismo comprende que una de las cuestiones que determina la calidad de la educación es la cantidad de estudiantes que un docente atiende por salón. Aparentemente ahora sí entienden que con aulas que albergan 45, 40, 35 o 30 estudiantes es imposible que los docentes puedan brindar una atención más individualizada que permita identificar las necesidades específicas de los estudiantes y adaptar la enseñanza para abordar mejor sus fortalezas y debilidades; como que finalmente han comprendido que clases más pequeñas pueden ser más manejables en términos de mantener la disciplina y el orden en el aula, estableciendo un ambiente de aprendizaje más idóneo.
Pero no, no se engañen, todo no es más que hipocresía uribista, pues cada que los maestros de Colombia pelean contra el hacinamiento escolar y porque se reduzca la cantidad de estudiantes por aula, el Estado burgués argumenta que eso trae sobrecostos a la educación pública, y los uribistas salen a señalar a los docentes de vagos que no quieren trabajar.
Actualmente, en las instituciones educativas públicas hay gran cantidad de estudiantes que presentan diversas dificultades psicológicas o de aprendizaje, lo que exige mayor apoyo de profesionales especializados en psicología, psicopedagogía y asesoramiento educativo inclusivo. Aunque en los documentos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) dice que se designa un docente orientador por cada 250 estudiantes, en la realidad existen instituciones educativas públicas de 700 estudiantes que cuentan con un solo docente orientador y un solo docente de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad; estos últimos por lo general no son nombrados, sino que son personal que contratan por prestación de servicios a mitad del año escolar.
Pero ahora la senadora sugiere que el MEN y las Secretarías de Educación deban ofrecer acompañamiento a los beneficiarios de los bonos escolares, sin que esa responsabilidad caiga directamente sobre las instituciones educativas privadas que serán las que se beneficiarán de que los dineros públicos se desvíen hacia sus arcas.
Por otro lado, cabe resaltar que con cinismo Paloma Valencia señala que su dichoso proyecto de ley de bonos escolares se basa en el sistema de Voucher o también llamado subvención escolar que se introdujo en Chile desde inicios de la década de los 80, durante el Gobierno de Augusto Pinochet, el dictador chileno mundialmente conocido por sus delitos de genocidio, tortura y desaparición de personas, así como por haber permitido a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos en Chile.
Ya lo decía Lenin en Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo: «Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase». No se puede esperar que Paloma Valencia, que pertenece a una familia que por décadas ha vivido parasitando en el Estado colombiano y de negocios agrarios e inmobiliarios, que cuenta con un patrimonio superior a los 2107 millones de pesos, salga ahora a defender a los niños, niñas y jóvenes de una clase a la que ella por supuesto no pertenece y desprecia, pero de la que sí se beneficia con su explotación. Detrás de la demagogia de la defensa de la calidad educativa para los más pobres no hay sino el interés económico de continuar desviando los dineros públicos hacia los bolsillos de la clase a la que ella pertenece y defiende. ¿De dónde acá una senadora que se ha caracterizado por su clasismo y racismo va a venir a impórtale los niños, niñas y adolescentes más pobres de este país?
En la parte III de este especial vamos a continuar debelando las verdaderas intenciones del proyecto de ley de la senadora Paloma Valencia, su partido y su clase para seguir destruyendo la educación pública, afectando las condiciones laborales de los docentes y el derecho a una educación pública, científica y de calidad al servicio del pueblo, como lo demandan el proletariado y sus hijos.
Los trabajadores debemos estar atentos y dispuestos a luchar contra este tipo de propuestas maquilladas de buenas intenciones. La clase obrera, que con sudor y sangre enriquece a los parásitos capitalistas, debe organizarse no solo para luchar y conquistar efectivamente el derecho a la educación de calidad, científica y al servicio del pueblo, sino contra todas las condiciones miserables de explotación que afectan a la familia obrera: bajos salarios, alto costo de la canasta familiar, contratos laborales de miseria, desempleo…
