El magisterio retoma con afán la movilización, convocando una nueva jornada de «paro» de 24 horas en protesta contra el proyecto de Ley Estatutaria de Educación. Este proyecto representa un duro golpe a las esperanzas de garantizar y ampliar la educación pública, expectativas que gran parte del magisterio había depositado en el Gobierno del cambio.
El nuevo proyecto de ley es una muestra concreta de lo que significa el «acuerdo nacional» en el que insiste el actual gobierno para «solucionar» los problemas del país. En esencia, se trata de proyectos, leyes y reformas construidas y conciliadas con los representantes de las clases dominantes, unida la mafia, con sectores de la pequeña burguesía. Para la muestra están las palabras de Germán Bianco, presidente de la comisión primera del Senado: «Todos los partidos políticos, los del gobierno y la oposición, nos pusimos de acuerdo para firmar una enmienda; a pesar de las diferencias, se puede hacer una construcción colectiva». La ministra de educación, Aurora Vergara, también celebró haber logrado «Avanzar en la construcción de consensos para darle al país la respuesta que había estado esperando desde 1994». Sin embargo, estos consensos con las clases opresoras solo pueden profundizar los problemas que enfrenta el sistema educativo en Colombia.
Por su parte, Fecode reclama que la propuesta de reforma no les fue consultada y que nunca se tomaron en cuenta las proposiciones que presentó durante los debates; mientras sí se consideraron las propuestas privatizadoras de la senadora Paloma Valencia.
Este golpe a la educación obliga al magisterio a reflexionar sobre la pérdida de su independencia política y la confianza excesiva en el gobierno. Fue un error que los dirigentes de Fecode creyeran que, por tener un presidente progresista y confiar en algunos congresistas, era posible conseguir las demandas de los maestros participando y proponiendo articulados para que fueran aprobados en el parlamento. Al mismo tiempo, promovieron la idea de que toda movilización en las calles representaba un ataque al gobierno, desmovilizando a un gran sector.
Hoy queda demostrado que el lugar del movimiento obrero y sindical no es el parlamento, ya que estas instituciones legislan en favor de las clases dominantes. El camino de la conciliación de clases perjudica al pueblo, a quien no le queda más que el camino de la lucha directa y en las calles, obligando a los ricos a cumplir sus demandas.
Este proyecto de Ley Estatutaria de Educación recoge políticas que los maestros han rechazado tajantemente: el enfoque de competencias, la tercerización de la educación, la no garantía de la educación preescolar de tres grados, la punitiva evaluación de desempeño, que ahora estaría subordinada a los resultados de las pruebas de estado, entre otras. El proyecto debe ser aprobado antes del próximo 20 de junio, aún le falta la aprobación del nuevo articulado en la plenaria del Senado, la conciliación con la Cámara de Representantes y un estudio de impacto fiscal detallado por parte del Ministerio de Hacienda.
Así pues, el magisterio colombiano debe movilizarse en las calles para impedir que dicho proyecto sea aprobado. Debe exigir a Fecode y a todas las organizaciones sindicales del magisterio una actuación independiente del Estado y el Gobierno.
Además, desde las bases y con independencia, debe sumarse a la preparación de la Asamblea Nacional Popular independiente, que sesionará en Cali el 13 y 14 de julio del 2024 y de la cual debe emanar una propuesta de Programa Inmediato que sí recoja las principales demandas del pueblo y organice las fuerzas populares no solo ante la amenaza de golpe de Estado, sino también para exigirle a los ricos el cumplimiento de las exigencias por las que el pueblo luchó y dio su sangre en el levantamiento popular del 2021.
