La capital del Valle del Cauca vive hoy una de las peores crisis de agua en su historia reciente. En las comunas de la ladera, particularmente la 18 y la 20, miles de familias padecen el racionamiento, la baja presión y la dependencia de carros tanque que apenas alcanzan a suplir las necesidades básicas. La ola de calor y la sequía han sido presentadas como la explicación central, pero limitarse al fenómeno climático sería una mentira conveniente. Lo que está detrás de la sed en Cali no es solo la naturaleza: es un modelo urbano y económico que privilegia la acumulación de capital a costa de destruir los ecosistemas, privatizar el agua y condenar al pueblo trabajador a vivir en la precariedad.
Estas líneas pretenden desenmascarar las raíces del problema. La escasez de agua en Cali no es una fatalidad natural, es el resultado histórico de un proyecto de ciudad al servicio del mercado de la tierra, del sobreprecio inmobiliario y del capital industrial.
El 25 de septiembre, Emcali y la Alcaldía anunciaron un plan de contingencia para enfrentar la crisis: rotación del suministro entre sectores, envío de carros tanque y ajustes operativos. Se trató de calmar la protesta popular, expresada en bloqueos de vías en Siloé y la Calle Quinta, donde las comunidades cansadas de la sed reclamaron su derecho al agua. Sin embargo, lo que se ofreció no pasa de ser (un parche para una herida profunda) un paliativo temporal. Mientras la administración habla de acompañamiento en territorio y de asegurar un servicio «sostenible y cercano», lo cierto es que no existe una política seria de protección de cuencas ni un replanteamiento del modelo de expansión urbana.
El pueblo es consciente de que estos parches no atacan la raíz del problema. La crisis seguirá repitiéndose, porque el agua, como es ampliamente conocido no se está defendiendo como un derecho sino administrando como una mercancía.
Durante décadas, Cali se ha expandido bajo el dictado de los grandes urbanizadores y constructores. Como lo señalan las mismas investigaciones académicas «la principal estrategia de crecimiento ha sido convertir tierra rural en tierra urbana para alimentar la especulación inmobiliaria. Ello ha significado la destrucción de ecosistemas estratégicos, humedales, bosques de galería y zonas de recarga hídrica que eran la base natural del ciclo del agua. La sed de la ciudad es la consecuencia directa de la sed de ganancia del capital inmobiliario». (Fuente: Revistas Científicas Del Instituto Panamericano de Geografía e Historia)
Los ríos Cauca, Meléndez, Cali, Lili y Pance han sido sometidos a décadas de contaminación industrial, vertimientos domésticos sin control, deforestación y ocupación de sus rondas. El río Meléndez, que surte la planta de tratamiento La Reforma, hoy no alcanza a garantizar el servicio continuo para la ladera. El agua que debería ser patrimonio colectivo se ha convertido en vertedero de desechos al servicio de un modelo de «desarrollo» que nunca contempló la vida del pueblo trabajador.
El agua se administra con criterios de mercado. Las reformas del sistema capitalista imperialista en los servicios públicos abrieron la puerta a la privatización parcial, donde la eficiencia se mide en balances financieros y no en dignidad humana. Mientras los sectores acomodados pueden instalar sistemas de almacenamiento, las comunas populares viven cortes de varios días. En los asentamientos de desarrollo incompleto (AHDI), la situación es aún más grave: familias enteras quedan por fuera de la red oficial porque habitan territorios que el urbanismo burgués considera «irregulares».
El crecimiento del aparato industrial y del consumo suntuario en estratos altos incrementa la presión sobre las fuentes hídricas. No existen políticas claras de ahorro ni de uso eficiente; por el contrario, el modelo económico sigue estimulando la sobreexplotación, profundizando la desigualdad entre quienes derrochan agua y quienes no tienen acceso a un balde diario.
Las protestas recientes en la glorieta de Siloé son la expresión más clara de que la población trabajadora no está dispuesta a cargar sola con el costo de la crisis. Cuando los barrios populares se movilizan, la respuesta del Estado suele ser la represión o la estigmatización, acusando a los manifestantes de «obstaculizar la movilidad». Pero los bloqueos son la legítima voz de quienes, privados de un derecho básico, recurren a la acción directa para ser escuchados.
El agua, como derecho fundamental, se conquista al calor de la lucha. Ninguna empresa de servicios públicos, administrada bajo lógicas de mercado, va a garantizarla por voluntad propia. Es la presión popular organizada y movilizada la que puede arrancar conquistas y abrir el camino hacia una gestión distinta del agua.
No podemos olvidar que la crisis de Cali se registra en una lógica más amplia del capitalismo dependiente e imperialista que moldea las ciudades colombianas. En este esquema, los territorios se ordenan para servir a los intereses de la acumulación, zonas industriales para el capital extranjero, corredores logísticos para la exportación, urbanizaciones cerradas para las élites, y áreas de miseria para la clase trabajadora.
El agua entra en esa ecuación como un insumo más, subordinado a los balances financieros de las transnacionales y al negocio local de la construcción. La privatización y mercantilización del agua no es un error de gestión, sino una necesidad estructural del capital que ve en cada gota una posibilidad de ganancia.
El pueblo trabajador no puede resignarse a esperar lluvias o a depender de carros tanque. La lucha por el agua debe ser parte del programa revolucionario más amplio que enfrente al capitalismo urbano y rural. Algunas líneas de acción son:
- Defender las cuencas y ecosistemas de interés estratégico, deteniendo la expansión inmobiliaria sobre áreas de recarga hídrica y recuperando las rondas de ríos y humedales.
- Exigir la desmercantilización del agua, reconociéndola como derecho colectivo y gestionándola bajo control social y comunitario.
- Impulsar un ordenamiento territorial popular, que priorice las necesidades de la clase trabajadora por encima de los intereses de constructoras y especuladores.
- Fortalecer la organización de base en barrios y veredas, para que la protesta no sea episódica sino sostenida, programática, y para que se construyan formas autónomas de gestión y cuidado del agua.
- Articular la lucha urbana y rural a través de las asambleas populares, reconociendo que la defensa de las fuentes hídricas depende de la unidad entre campesinos, pueblo indígena, raizal, obrero y popular.
La escasez de agua en Cali es el rostro más claro de un modelo de ciudad que se seca porque ha despreciado la vida para alimentar la ganancia. Mientras el capital inmobiliario y la industria expanden su dominio, el pueblo trabajador queda condenado a vivir con sed.
Pero en esa misma crisis se abre la posibilidad histórica de organizar la indignación, convertir la protesta en proyecto político y levantar la bandera de un socialismo que ponga el agua y la vida por encima de la acumulación. La lucha por el agua en Cali es, en última instancia, la lucha por una ciudad al servicio de la clase obrera y popular; no del capital.
