En el artículo publicado el 7 de enero en el portal Revolución Obrera «Rechazar categóricamente el cruel chantaje de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)» se decía que el informe presentado por el Ministerio de Salud y Adres reportaba una serie de irregularidades por parte de las EPS. Una de ellas es la de «23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos».
Durante las siguientes semanas se detallaron, por parte del gobierno, las EPS involucradas y los montos que cada una reportó, ha habido respuesta por parte de algunas de las EPS y de uno de sus escuderos, Alejandro Gaviria, desmintiendo las cifras, justificando que los reportes de muertos es porque sí se les prestó el servicio en vida, pero por fechas de facturación no se informó su deceso a tiempo, a lo que Gustavo Petro respondió diciendo que el informe es claro en que las EPS reportaron prestación de servicios a personas muertas. La uribista Paloma Valencia, en la misma línea de Alejandro Gaviria, defendió a esos mercaderes de la muerte.
Pero lo interesante de la defensa de Paloma Valencia es que dijo lo siguiente: «Lo que hay que recordar es qué es para las EPS atender personas muertas. No es un buen negocio, porque las normas son muy claras. Cuando una EPS tiene una persona muerta y recibe la UPC, que es lo que elegirá el Gobierno por esa persona y la recibe, pues después se la piden de vuelta y se la piden con intereses» (negrillas nuestras). Esta representante de las clases más reaccionarias del país, reconoce lo que ya todos sabemos, la salud es un lucrativo negocio. Y ese es el verdadero problema de la salud en Colombia, pues un servicio esencial, un derecho constitucional, se convirtió en un negocio en el que se obtiene rentabilidad a costa del detrimento de la salud del pueblo.
Como el objetivo es obtener ganancias, las EPS captan un mayor porcentaje de los dineros que entrega el Estado a través de la UPC, por lo que no importa si se reporta un número mayor de afiliados, así estén muertos, o que han prestado servicios de alto costo en procedimientos y medicamentos, así en la realidad se muera la gente esperando una autorización para un examen, una cirugía o un medicamento esencial para sobrevivir. Ahora, si es verdad lo que dice Paloma Valencia y no es rentable reportar muertos, pues serán supremamente cuidadosos en proporcionar la información de los que supuestamente sí atienden. El hecho es que las EPS o el capital financiero solo tienen en su mira la ganancia, lo que lo hace un sistema de salud criminal.
La salud es lo mínimo que un Estado burgués debe garantizar a los productores de la riqueza social, son los trabajadores del campo y la ciudad quienes además de producir la riqueza, aportan el dinero que se les entrega a estos parásitos financieros, para que estos los dejen morir en una sala de urgencias, como recurrentemente ocurre en cualquier sala de urgencias de un hospital en el país.
La discusión no puede reducirse en que por todas estas irregularidades es que el gobierno decretó que la UPC para este año fuese del 5,36%, o que hay que aprobar la Reforma a la Salud del gobierno, en la que se mantiene la intermediación de las EPS con el supuesto de regularlas. La discusión del movimiento debe ser la de eliminar el negocio de la salud, es decir, abolir la Ley 100 y exigir al Estado salud gratuita y de alta calidad, como la que reciben los ricos, porque los trabajadores se lo merecen y ¿por qué se lo merecen? ¡Porque producen la riqueza!
Conquistar nuevamente el derecho a la salud conlleva para el movimiento obrero organizar la lucha, en la que se obligue por las vías de hecho y no en el Congreso, ni en unas próximas elecciones, a que se legisle en favor del pueblo. Y la forma de organizar la lucha es retomando las Asambleas Populares, un poder popular independiente del Estado, de las clases dominantes y de los politiqueros, para vencer a los que se han beneficiado de nuestro sudor y sangre.
Por salud para el pueblo… ¡abolir la Ley 100!
