“Debemos apoyar a la institución más prestigiada de este país”, gritaba la reaccionaria senadora Paloma Valencia, celebrando que ayer 5 de junio el congreso votara a favor del ascenso del general Nicacio Martínez.
Produce risa, por no decir coraje, el que esta señora vocifere semejante falacia, pero precisamente ese es su papel, como parte del séquito de lagartos que tiene el narcotraficante y jefe paramilitar Uribe Vélez.
Pero contrario a los alaridos de Valencia, es claro para todo el mundo, que el ejército es una de las instituciones más desprestigiadas de Colombia; no solamente por el hecho de ser un aparato establecido exclusivamente para mantener por la fuerza el status quo de las clases dominantes; sino que dentro de la tal legalidad del supuesto Estado de derecho, ha cometido crímenes extrajudiciales, respaldado a paramilitares, responsable de masacres y desplazamientos, casos de corrupción, violaciones y tortura a la población y a sus propios miembros; en fin, de ser un azote para el pueblo.
Aun así, ayer el establo del “honorable” Congreso, dejó claro que respalda esa fuerza represiva y le importa un bledo que generales como Nicacio Martínez estén involucrados en crímenes de Estado. Human Rights Watch denunció desde febrero que mientras este sujeto era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada se cometieron por lo menos 23 casos de asesinatos extrajudiciales; uno de ellos sucedido dos días antes que este comandante saliera de la brigada; el 21 de enero del 2006 soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento, asesinaron a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez.
A esto se suman las denuncias que The New York Times publicó en estos días (y que por cierto la revista Semana engavetó) donde informa que el mayor Nicacio Martínez, ejerciendo su nuevo cargo, trazó una directiva donde exige resultados del 70% y como sea; lo cual es una invitación a asesinar civiles; el caso de Dimar Torres es una muestra de esto: lo asesinaron con sevicia a sangre fría y pensaban pasarlo como muerto en combate, pero gracias a la comunidad y a la denuncia por redes, no pudieron hacer el montaje.
Ahora bien, no se podía esperar más de los Uribe, Valencia, Holguín y miembros de otros partidos, que vehementemente defendieron a este asesino y a la institución, pues al fin y al cabo es el baluarte para mantener su poder político y económico, junto con el de todos los capitalistas.
Pero la llamada “oposición” no salió bien librada; porque también defendió las fuerzas militares asesinas; los jefes de las FARC se retiraron aduciendo que estaban impedidos, no sin declarar a través de Carlos Lozada que “confía plenamente en el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía” y entiende “que el acuerdo recientemente firmado todavía requiere avanzar en el camino de la construcción de la reconciliación”. Un miserable papelón de encubridores del crimen y de reverencia a las instituciones que aplastan al pueblo, cuando por ser conocedores de los crímenes cometidos por los militares podían denunciarlos. Se declararon impedidos, pero esto solo lleva a pensar que también tienen rabo de paja y han cometido crímenes contra el pueblo.
El resto de la llamada “oposición”: Decentes, el Polo Democrático, la Alianza Verde…; hicieron la propuesta de separar la votación para permitir que se ascendieran a los otros militares porque según ellos “no estaban cuestionados”, en cambio Nicacio Martínez sí. Dejaron expreso y claro en varias de sus intervenciones que respetan y respaldan la institución; en otras palabras, el problema son unas “manzanas podridas”. También se retiraron “dignamente” del congreso cuando no les aceptaron la propuesta. Al final cumplieron bien su papel de hacer alegatos y pataleos que no sirven, pero que sí dan la apariencia democrática a la dictadura de los capitalistas, reforzando por ahí derecho la idea reaccionaria de que las fuerzas militares se deben defender, y se debe premiar a los que sí son “buenos generales”; cuando los únicos generales buenos son los muertos, ya que su labor es oprimir y aplastar al pueblo que ose levantarse contra sus enemigos explotadores.
Y mientras pasa todo esto en el circo del Congreso… sigue el asesinato de dirigentes sociales, aumenta la represión a la protesta social, persiste la persecución a los dirigentes sindicales, se incrementan los crímenes de Estado… en fin, la guerra contra el pueblo. Ahí va quedando claro de qué parte se encuentra y a qué clase representa cada partido.