Alrededor de tal Protocolo, puesto sobre la mesa por la alcaldesa Claudia López se ha presentado un álgido debate: aplausos y condenas recibió por la actuación del escuadrón asesino ESMAD en la jornada del 21 de enero, supuestamente utilizado como último recurso para reprimir a los manifestantes. Sin embargo, salvo contadas excepciones, en la polémica se evade el problema del fondo: el carácter reaccionario de todas las fuerzas represivas del Estado burgués. Le corresponde entonces al proletariado revolucionario dar claridad al respecto.
Aunque se habla de Claudia López como la autora del tal engendro, en realidad fue Gustavo Petro quien expidió elDecreto 563 de 2015 (diciembre 21) “Por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”. Decreto también firmado por las siguientes “organizaciones de la sociedad civil”: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Red de 266 Organizaciones Sociales y ONG de Derechos Humanos (un esperpento que nadie conoce), Campaña Defender la Libertad un Asunto de Tod@s, Central Unitaria de Trabajadores – CUT, Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos.
En tal Decreto se parte de la premisa de reconocer, garantizar y mantener el orden público, léase el orden de los explotadores, adornado con palabrería sobre el ejercicio del derecho de reunión y garantizar el derecho a protesta pacífica, consagrados en la letra de la Constitución pero violados diariamente por los gobernantes y sus fuerzas represivas.
El mentado Decreto establece unos “principios” con verborrea sobre “dignidad humana, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad, solidaridad, celeridad, coordinación, eficacia”; y unos “procedimientos” frente a los que Claudia López lo único que ha hecho es establecer unas medidas concretas a unos pasos que ya estaban establecidos en el Decreto de Petro. Con justa razón la alcaldesa afirmó: “Vamos a aplicar con todo el rigor el decreto 563 de 2015 sobre el manejo de la protesta social, el cual está vigente y fue expedido durante el periodo de la Bogotá Humana”. Que ahora no venga Petro a lavarse las manos para engañar incautos y conseguir adeptos.
El “Protocolo”, aunque en apariencia supuestamente se presenta para “garantizar el derecho a la protesta”, y más allá de si se cumplen los procedimientos y se usa el ESMAD como último recurso, es profundamente reaccionario en esencia, por cuanto pretende domesticar la protesta y hacer que sean los propios luchadores quienes se encarguen de mantenerla respetando el orden burgués.
En el fondo, el Protocolo establecido por Gustavo Petro y que Claudia López está dispuesta a “aplicar con todo rigor” es un engendro reaccionario cuya pretensión es hacer que el pueblo acepte dócilmente el monopolio de las armas, la fuerza y la violencia en manos del Estado, representante de las clases dominantes; la fuerza bruta de la máquina de dominación que durante toda su existencia ha garantizado los privilegios de los explotadores holgazanes y ahogado en sangre todo grito de rebeldía del pueblo trabajador; como atestigua la historia de las masacres de obreros, campesinos, estudiantes y pobladores.
La “sanción social” contenida en el desarrollo hecho por Claudia López al “Protocolo” de Petro busca con exactitud: “que los mismos ciudadanos que se manifiesten en las calles rechacen las acciones que afecten el patrimonio público de la ciudad. Y logren mediante estas acciones de rechazo que el derecho a la protesta se adelante de una manera pacífica”. Es decir, convertir en policías a los propios manifestantes para que repelan a quienes se atrevan a obstaculizar las vías del Transmilenio, por ejemplo, considerado patrimonio público pero cuyas lucrativas ganancias van a parar a los bolsillos de unos cuantos monopolistas.
Y ahí no para la pretensión reaccionaria de reducir la protesta social a desfiles de lamentos sin obstaculizar el tráfico y afectar los negocios de los explotadores, ahora pretenden con la “Intervención de Madres Gestoras de Paz y Gestores de Convivencia”, un grupo compuesto por “madres de manifestantes y de la fuerza pública”, proteger a los “pobrecitos policías”, encargados de garrotear, gasear, bombardear, mutilar y asesinar a quienes se atreven a expresar su rebeldía.
No es gratuito que Uribe saliera en respaldo de Claudia López por su “conveniente y necesaria decisión de autoridad”, el 16 de enero, cuando mandó al ESMAD a reprimir brutalmente a los estudiantes de la Universidad Nacional que bloqueaban el Transmilenio. Así mismo, resulta demagogia de politiquero en campaña, el trino de Petro, autor intelectual e instrumentador político del “Protocolo”, condenando la actuación de la alcaldesa ese día.
Pero además de su esencia reaccionaria, el “Protocolo” es una mampara demagógica que no garantiza siquiera el ejercicio de la protesta pacífica, como quedó demostrado el 21 de enero en el sector de Suba en Bogotá, cuando sin mediación alguna, fueron lanzados los perros de la policía disponible y el escuadrón asesino del ESMAD a golpear, gasear y detener a los manifestantes que bloquearon el Transmilenio en la madrugada, por no hablar de los abusos en distintas partes de la capital, donde los asesinos golpearon, hirieron y detuvieron a transeúntes que nada tenían que ver con las manifestaciones y mucho menos con actos de violencia.
El que los uribestias aplaudan la gestión de Claudia López y le exijan además, no enviar en la “primera línea”, como “carne de cañón” a los “pobrecitos” policías, y envestir de una vez con el ESMAD es apenas natural por cuanto son reaccionarios desfachatados, como lo hizo la Personera de Bogotá Carmen Castañeda: “Ellos (la fuerza disponible de la Policía) son una fuerza que está destinada para unas actividades de prevención y para el día a día. Mientras que el Esmad es un cuerpo, una fuerza de carácter permanente, formada, especializada para estas actividades de contención del ejercicio desaforado [hacer grafitis y bloquear Transmilenio, por ejemplo] o vandálico [beligerante e insumiso] de quienes están en las protestas”.
Pero otra cosa se esperaría de los jefes de los movimientos sociales y de partidos que se dicen de izquierda, que se autoproclaman obreros y hasta revolucionarios como el MOIR, o los que firmaron el Decreto de Petro, pero no es así. Es una vergüenza para el movimiento obrero y popular que los Robledo, los Gutiérrez, los Orjuela, los Gómez, los Arias… los supuestos “amigos del pueblo” y dirigentes del Paro, terminen respaldando el terrorismo de Estado, como justamente denunció una compañera del Comité pro Paro Nacional Indefinido en reunión reciente en Bogotá, ante las declaraciones desvergonzadas de esos mamarrachos respaldando a la alcaldesa y exigiendo, como Uribe y sus huestes cavernarias, el uso de la inteligencia y hasta del ejército para judicializar a los jóvenes que protegen su identidad para no ser criminalizados por el régimen terrorista.
Es además una traición a la exigencia de la juventud de disolver el escuadrón asesino del ESMAD, reivindicación que si bien es apenas una medida reformista, por cuanto no cambia la esencia del Estado capitalista ni de las fuerzas militares que aplastan al pueblo, sí es una bandera de lucha justa que los revolucionarios y el movimiento obrero y popular respaldan, para que el Estado no siga enmascarando sus crímenes contra la juventud y los manifestantes con la burda mentira de que son vándalos e inadaptados, cuando ha sido demostrado en cientos de casos los atropellos y crímenes de las fuerzas policiales y su escuadrón de matones, como sucedió con Dilan Cruz, asesinado a sangre fría en el centro de Bogotá. Traición reiterada cuando en lugar de limitarse a exigir el desmonte del ESMAD, esos supuestos dirigentes del paro solicitan en la Agenda presentada al títere Duque la “Expedición de directivas precisas a los Gobernadores y Alcaldes para la implementación territorial de la Resolución 1190 de 2018”, la moderna versión del Protocolo de la Colombia Humana.
No son los jóvenes que marchan encapuchados ni los manifestantes, tildados de vándalos por la reacción y sus loros cagatintas de los medios, quienes asesinan luchadores, dirigentes y activistas de derechos humanos; tampoco son ellos quienes garrotean y roban a diario a los vendedores ambulantes que buscan el pan en las aceras; ni son los responsables de los “paseos de la muerte” … Los verdaderos vándalos, asesinos y ladrones están en la Presidencia, el Congreso, los Ministerios y demás entes del podrido Estado de los explotadores.
Responder a la violencia reaccionaria de un sistema que violenta la existencia de los trabajadores y desposeídos, que persigue a la juventud, que condena a las mujeres por abortar… de un Estado que tiene como política oficial recurrir al terrorismo para garantizar los privilegios de una élite de parásitos, es apenas una respuesta justa: a la violencia reaccionaria de los explotadores, el pueblo trabajador debe responder con la violencia revolucionaria. No solo para no ser aplastado por la bota del Estado, sino para garantizar la vida de sus dirigentes, hoy en la mira del régimen paramilitar. En ese sentido es una tarea inmediata generalizar los Grupos de Choque para enfrentar y derrotar la fuerza disponible y el ESMAD, así como organizar los destacamentos para proteger y garantizar la vida de los dirigentes y la seguridad de las comunidades con completa independencia del Estado terrorista.
El pueblo trabajador y, especialmente la juventud revolucionaria que decidió ponerse en pie y no permitir que todo siga igual, debe desprenderse de las ilusiones en los politiqueros que prometen cambiarlo todo si son elegidos a los puestos del Gobierno burgués. Ese camino solo gastará su poderosa energía revolucionaria y truncará sus nobles sueños. Por el contrario, debe apoyar y sumarse al esfuerzo que están haciendo los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria por construir el partido de la revolución social; un verdadero Partido Comunista, basado en el marxismo leninismo maoísmo, único capaz de concentrar en un solo torrente los ríos de inconformidad y rebeldía que crecen en las entrañas del pueblo laborioso, para desatar la guerra popular, la insurrección armada, que no deje piedra sobre piedra del viejo Estado de los explotadores y destruya todo el poder del capital, para darle vida a un nuevo Estado de obreros y campesinos, sin ejército permanente ni fuerzas policiales, sin funcionarios parásitos privilegiados, que haga cumplir sus decisiones democráticas con la fuerza del pueblo armado; ese es el camino que permitirá acabar para siempre con la explotación del hombre por el hombre, causante de todos los males de la sociedad actual.
