El 12 de marzo de 2001 los trabajadores Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita, y el 5 de octubre del mismo año Cándido Méndez y Gustavo Soler, fueron asesinados por fuerzas paramilitares en el departamento del Cesar, Colombia, únicamente por su condición de sindicalistas. Su labor consistía en defender los derechos de los trabajadores frente a los abusos de la empresa Drummond. Todos eran miembros de la organización sindical Sintramienergética.
Estos asesinatos fueron cometidos presuntamente por orden de la empresa Drummond, que al parecer entregó una lista de los trabajadores al Ejército. Según diversas versiones, el coronel Rodríguez habría facilitado esa información a grupos paramilitares, siguiendo instrucciones directas del entonces jefe nacional de seguridad de la Drummond, James Atkins. Asimismo, se señala que estos hechos habrían contado con el conocimiento del vicepresidente de relaciones con la comunidad, Alfredo Araujo Castro, y de Augusto Jiménez, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Drummond en Colombia. También se menciona la participación del coronel Luis Carlos Rodríguez y de Jorge Garzón, funcionario de seguridad. De acuerdo con estos señalamientos, la orden era eliminar al sindicato, al que se acusaba de tener vínculos con la guerrilla. Estas afirmaciones se atribuyen a declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y alias «Jorge 40», uno de los principales comandantes de las AUC en la región.
Todos los capitalistas se valen de trampas para eludir la ley, y en este caso se habrían utilizado mecanismos como la Empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA) para pagar y financiar a los paramilitares, mediante la alteración de los costos de la alimentación de los trabajadores en Drummond. Se inflaron los precios de los almuerzos, lo que indicaría que la empresa no solo fue autora intelectual de estos crímenes de lesa humanidad, sino que también dirigió las acciones a través de maniobras financieras diseñadas desde la empresa de alimentos. Posteriormente, la compañía alegó en los medios de comunicación desconocer los problemas que enfrentaban los sindicalistas con los paramilitares, cuando, según estas afirmaciones, existía una alianza con instituciones del Estado, como las fuerzas militares, y el Ejército actuaba siguiendo orientaciones de la Drummond, con listas en mano de los dirigentes sindicales, quienes eran bajados de los buses en los que se transportaban.
Aun después de tanta lucha, e incluso con las investigaciones realizadas por la JEP, han pasado 25 años de impunidad, mientras Drummond continúa operando libremente en el Cesar. Se trata, además, de una empresa de capital principalmente norteamericano, cuyos directivos siguen en libertad y sin rendir cuentas. En contraste, cuando se trata de los suyos, como en el caso de Miguel Uribe, de inmediato se activa toda la maquinaria para esclarecer los hechos y encontrar responsables; lo mismo ocurrió con los detenidos tras el levantamiento de 2021. Esto evidencia cómo el Estado actúa como una máquina de opresión contra la clase obrera y los sectores oprimidos.
Se cumplen 25 años del asesinato de los dirigentes sindicales de Sintramienergética, perpetrado con la intención de destruir la organización sindical. Sin embargo, los trabajadores han respondido en defensa de sus derechos, como lo hicieron los compañeros de Segovia, Antioquia, mediante el uso de la huelga, mostrando al conjunto del movimiento sindical un camino de lucha. Así, reivindican el honor de los compañeros asesinados en 2001: Sintramienergética no fue destruida como esperaba la Drummond, sino que continúa en pie y en resistencia. Esa es la mejor forma de seguir luchando para que la muerte de los compañeros no quede impune.
Para los trabajadores es fundamental comprender, a partir de los hechos, a quién sirve realmente el Estado. Está demostrado que los grupos paramilitares mantienen vínculos con sectores capitalistas y que, mediante fuerzas oscuras y con el apoyo del propio Ejército colombiano, buscan sofocar la lucha de los obreros. Por ello, es urgente que la clase trabajadora tome conciencia de esta realidad para poder avanzar en su lucha. Asimismo, es necesario entender que cualquier acción que fortalezca al Estado burgués, que responde a los intereses de los sectores más ricos, va en contra de los intereses de los trabajadores.
