Entre julio y agosto se desarrollaron paros en distintos sectores de la economía nacional, tales fueron los paros minero, arrocero y paramero. Luchas importantes que siguen latentes ante los incumplimientos tanto del gobierno, como de los monopolios en cada uno de estos sectores.
En cuanto al paro minero, los pequeños mineros protestaron por las exigencias de formalización del gobierno, que endureció controles contra la minería ilegal con requisitos y licencias inalcanzables para muchos de ellos. Este conflicto no es nuevo, ya en octubre de 2024 se habían movilizado asociaciones de Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar y Santander contra la quema de maquinaria pesada autorizada por el Decreto 1035, que permite a la fuerza pública destruir equipos usados sin título minero. En esas protestas participaron más de 20 mil personas en el Bajo Cauca y sur de Córdoba.
Según dirigentes mineros, la formalización resultó ser un engaño, pues, tras cumplir con los trámites, buena parte de los mineros con maquinaria amarilla fueron excluidos del proceso y perseguidos. La situación es aún más crítica en la minería del oro, donde el alza de precios atrae grandes capitales y violencia, desplazando a mineros artesanales y ancestrales.
En Boyacá, además de los trámites y el aumento de impuestos, el paro carbonero también se explica por la deuda de 13 mil millones que la empresa Gensa mantiene con los pequeños proveedores de carbón. A esto se suma que la transición energética del gobierno los deja por fuera, condenándolos a desaparecer sin alternativas claras.
Y mientras las grandes compañías, muchas extranjeras, pueden adaptarse a las regulaciones, los pequeños mineros —que solo cuentan con maquinaria alquilada y escasos recursos— son los más afectados. Por eso, las principales demandas del paro incluyeron:
* Reconocimiento del carbón térmico y pago de deudas pendientes.
* Garantías en los procesos de formalización.
* Opciones económicas frente a la transición energética.
* Protección frente a la fuerza pública.
El paro consiguió algunos acuerdos, entre los que se cuenta la exención de IVA y nuevos impuestos, revisión de regalías, facilidades tributarias, apertura de mercados internacionales y una transición energética gradual y concertada.
Otro hecho relevante fue el paro arrocero, originado por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en marzo y concentrado en departamentos como Tolima, Huila, Córdoba, Sucre, Cesar, Casanare, Meta, Arauca, Santander y Norte de Santander. La causa principal fue la caída del precio de compra del grano recién cosechado: mientras antes se pagaba a $235 000 por carga de 125 kilos, hoy los industriales ofrecen entre $170 000 y $185 000, monto insuficiente frente a unos costos de producción cada vez más altos por insumos, agua, logística y arrendamientos. Los productores reclamaron entonces, un precio mínimo de entre $205 000 y $220 000.
El problema se agrava también por la sobreproducción mundial, que redujo los precios en un 12% en la Bolsa de Chicago y un 25% en Colombia en el último año, además del aumento de las áreas sembradas a nivel global y en el país (631 000 hectáreas en 2024). Esto generó una acumulación histórica de inventarios. A ello se suman los tratados de libre comercio e importaciones masivas, principalmente desde EE.UU. y Ecuador, que saturan el mercado nacional, junto al contrabando, que representa cerca del 15% del consumo interno.
En Colombia, el mercado lo dominan grandes compañías como Diana Corporación, Roa, Arrocera Sonora y Arroz Supremo, principales compradoras de la producción. Sin embargo, los pequeños y medianos agricultores enfrentan altos costos: el 30% de los gastos se va en arriendo de tierras y agua, mientras el resto se incrementa por otros insumos. Además, el 90% de los productores depende de créditos bancarios con condiciones desfavorables.
Como producto de esta lucha, el 23 de julio se fijó un precio base diferenciado por regiones, entre $188 000 y $205 000 por carga de 125 kilos, pero los molineros ya incumplen pagando incluso menos de $180 000 en la zona centro. Tampoco se ha implementado plenamente el apoyo estatal de $120 000 por tonelada para pequeños productores y $78 000 para medianos. Ante este escenario, el Comité de Paro ya advierte la posibilidad de nuevas movilizaciones.
El paro paramero, iniciado el 4 de agosto en Boyacá, fue liderado por comunidades campesinas que habitan en zonas de páramo y dependen de cultivos como papa, cebolla y la ganadería a pequeña escala. Como forma de protesta pacífica, bloquearon la vía entre Bogotá y Tunja —en puntos como el Puente de Boyacá y Ventaquemada— para exigir cambios en las normativas que restringen sus actividades sin ofrecer alternativas viables.
Los campesinos pidieron la derogación o modificación de disposiciones como la Resolución 261 de 2018, la Ley 1930 de 2018 y el Decreto 044 de 2024, que delimitan los páramos y limitan el uso de tierras trabajadas históricamente. Reclaman el derecho a permanecer en estas zonas, mantener su actividad agropecuaria y acceder a la titulación de baldíos y la formalización de predios, dejando claro que no rechazan la protección ambiental, pero que esas políticas deben acompañarse de incentivos y garantías de subsistencia. Como señalan voceros del movimiento, la conservación del páramo no puede hacerse a costa de quienes viven allí; se requieren apoyos técnicos y económicos que permitan combinar producción -con la que las comunidades subsisten- y preservación.
Esta reciente ola de paros revela la crisis del capitalismo en Colombia y no es para menos, pues es un sistema basado en la anarquía de la producción y en la concentración de la propiedad en pocas manos, que condena a los pequeños y medianos productores a la ruina y a los trabajadores a la superexplotación. Estas contradicciones evidencian la necesidad de superar la propiedad privada y la explotación asalariada, para dar paso a la planificación y socialización de la economía.
La experiencia demuestra la inviabilidad de la pequeña producción, siempre asfixiada por el capital financiero, los impuestos del Estado al servicio de los ricos y la criminalización de quienes intentan sobrevivir en la informalidad, por eso la salida no puede ser fortalecer al mismo capitalismo, como lo plantea el gobierno y sectores pequeñoburgueses; los problemas del país tienen su origen en ese sistema y solo el socialismo puede ofrecer una alternativa real.
En ese sentido, Revolución Obrera respalda las luchas de pequeños y medianos mineros y campesinos, pues sus demandas son justas y se enfrentan a los enemigos comunes: burgueses, terratenientes e imperialistas. Así mismo, llama a no olvidar que solo la unidad organizada con los obreros, pueblos indígenas y demás sectores populares desde las Asambleas Populares, permitirá conquistar mediante la lucha directa y unificada sus reivindicaciones inmediatas, como parte del camino a transitar para construir un nuevo poder socialista que ponga los medios de producción al servicio de las necesidades del pueblo, y no de la ganancia de unos pocos.
