En estos días vuelve a ser noticia la región del Catatumbo que está conformada por 13 municipios, y se ubica mayoritariamente en el Departamento de Norte de Santander y una parte del suroeste del Cesar. Lastimosamente no es noticia porque se hayan cumplido las promesas hechas por el gobierno a los habitantes de esa región, como el caso de la Universidad del Catatumbo, sino por el recrudecimiento de la violencia luego de que el ELN le declarara la guerra a una de las disidencias de las FARC, ambos grupos se encontraban en procesos de paz con el gobierno.
Las cifras del recrudecimiento de la violencia reaccionaria en el Catatumbo dejan un saldo hasta el momento de 80 muertos, entre los cuales se encuentran firmantes de paz y lideres sociales, más de 20 heridos y secuestrados, y cerca de 11.000 personas desplazadas.
En vista de esa situación de violencia, el presidente Gustavo Petro se manifestó en la red social X afirmando que el ELN había cometido «crímenes de guerra», que esa organización «no tiene ninguna voluntad de paz» y, por tanto, ordenó la suspensión del proceso de paz. El rompimiento de los diálogos con el ELN condujo al gobierno a enviar tropas al Catatumbo, y en un consejo de seguridad extraordinario realizado en Tibú, planteó la posibilidad de declarar estado de conmoción interior en el departamento de Norte de Santander para atender la crisis, el cual fue declarado en la tarde del 20 de enero junto con el estado de emergencia económica.
Por parte de la insurgencia, en un comunicado el ELN manifestó que dieron inicio a la confrontación militar contra las disidencias del Frente 33 debido a las constantes amenazas y agresiones por parte de ese grupo que es liderado en esa región por alias “Richard”, además afirman que el Frente 33 es el responsable del asesinato del civil Miguel Ángel López, un sepulturero de Tibú que fue asesinado junto a su esposa y su hijo de escasos meses de nacido; esta última afirmación, fue desmentida por Andrey Avendaño, comandante de ese frente.
Posteriormente, en otro comunicado la guerrilla del ELN confirmó que fueron los responsables de asesinar a los firmantes de paz, a los cuales acusan de ser «activos jefes de milicias y responsables de finanzas del Frente 33»[1].
Estas disidencias vienen trabajando de la mano del Ejército para sacar al ELN de la zona; anteriormente la misma situación se presentó en Arauca. Antonio García, el máximo comandante del ELN, en su reciente artículo sobre los hechos ocurridos en el Catatumbo, denuncia que «las Fuerzas Militares recibieron órdenes de combatir frontalmente al ELN y apoyar a las exFarc en el Catatumbo, además coordinar operaciones con ellas», y sobre el gobierno dicen que el comisionado de paz, Otty Patiño, ha direccionado «dar de baja a integrantes del Comando Central»[2].
La confrontación entre estos dos grupos armados se veía venir. En un reporte de la Fundación Pares de diciembre del año pasado, el comandante del Frente 33, Andrey Avendaño, dijo que habría «posibles enfrentamientos con el ELN», que dicha confrontación para el Catatumbo «sería catastrófico para todos porque todos nos conocemos»[3]. El ELN sostenía acuerdos con ese grupo armado, incluso les había ayudado a retomar fuerza en esa región luego del Acuerdo de Paz de 2016.
Como comunistas rechazamos los hechos de violencia reaccionaria que está padeciendo el pueblo trabajador del Catatumbo, víctima del fuego cruzado entre actores armados. Pero, a diferencia de los sectores partidarios del gobierno, no rechazamos la violencia en general y menos la lucha armada. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo no es porque la lucha armada «no sirva» como dicen los pacifistas burgueses y de izquierda, sino porque es una guerra injusta entre dos actores por el control del territorio fronterizo con Venezuela, más no es una guerra justa, revolucionaria que sirva a la liberación del pueblo.
La guerra que se libra en Colombia no es una guerra que contribuya al avance de la revolución colombiana, sino que la retrasa; por tanto, aunque reconocemos su carácter reaccionario, no caemos en los discursos pacifistas y legitimadores del Estado capitalista y su monopolio de la fuerza como hacen los sectores de la izquierda reformista. No, como lo ha planteado nuestro camarada Vocero: «Ni el reformismo conciliador de clases hoy en el gobierno, ni el guerrillerismo errante sin perspectiva de poder en el monte son realmente una alternativa política que represente los intereses de los trabajadores colombianos. Hay que ir por otro camino»[4].
Por consiguiente, denunciamos el fracaso de la política de «paz total» del gobierno del Pacto Histórico, que pretendía solucionar un problema de índole social-económico y político mediante el silencio de los fusiles insurgentes, sin cambios estructurales, y más, cuando este gobierno que se dice de izquierda, ha continuado con la doctrina militar contrainsurgente, con el agravante de que las Fuerzas Militares continúan en constante colaboración y fomento del paramilitarismo en muchas regiones donde se ha fortalecido, siendo esta una muestra del poder que aun conserva el sector mafioso y paramilitar de las clases dominantes en el país.
Por último, llamamos a los compañeros del ELN para que reflexionen sobre su accionar en el Catatumbo, a que cese la violencia contra el pueblo que dicen defender. Estamos de acuerdo en que hay que combatir al paramilitarismo, pero son las masas populares las que deben ser protagonistas en esa lucha, y no como espectadores que terminan sufriendo y siendo víctimas de ese enfrentamiento.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
[1] https://x.com/CAMIL_FGNO/status/1881136695615332767
[2] https://x.com/AntonioGaELN/status/1881326510461911548
