Los acuerdos de paz no solucionarán los problemas del pueblo

La guerra contra el pueblo librada en Colombia entre Estado, paramilitares y guerrillas, arrebató 10 millones de hectáreas a 6 millones de campesinos medios y pobres, causando una profunda transformación social que despobló e hizo más miserable el campo¹, aumentando también la miseria general en las ciudades².

La violenta expulsión de campesinos de sus tierras acelerada con masacres y amenazas, tuvo su resultado social: los terratenientes tienen más de 40 millones de hectáreas solo para su ganado, cuando las reces podrían pastar perfectamente en 23 millones, y Colombia tiene una de las concentraciones de la tierra más altas del mundo: ¡el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola está en manos del 0,4 % de propietarios!, lo cual confirma lo denunciado por los marxistas leninistas maoístas desde la revista Contradicción en 1996³: en Colombia los capitalistas para imponer su sistema de opresión y explotación en el agro, respetaron la propiedad privada de los zánganos terratenientes y despojaron cobardemente, a fusil y moto cierra, a millones de campesinos, quienes pusieron de 1985 al 2013 más de 6 millones de desplazados, 636.184 muertos y más 150.000 desaparecidos. Este es el más atroz e infame crimen cometido contra el pueblo colombiano y sus responsables no merecen perdón y olvido de la propia justicia burguesa, sino justicia popular, que solo será posible bajo la Dictadura del Proletariado.

La división social es clara en el agro: proletarios agrícolas, terratenientes y burgueses capitalistas son las clases que se enfrentan, y si hay pequeños propietarios en el campo colombiano, en su mayoría están en calidad de semiproletarios.

Esta situación no la cambiarán los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc. Las Zonas de Reserva Campesina, que son punto de acuerdo entre los negociadores, no devolverán la tierra productiva a sus antiguos dueños, que serán enganchados con sus familias dentro de los 7 millones de proletarios, que pronostican devolver al campo a la labor productiva, pero ahora al servicio de los enormes monopolios mineros, petroleros y agrícolas.

Las Zonas de Reserva Campesina, facilitarán la explotación capitalista en la tierra, en la medida que retendrán a los trabajadores en el campo para la obtención de su fuerza de trabajo asalariada, barata y próxima a las grandes haciendas capitalistas o explotaciones mineras. Esto no detendrá la tendencia a que se imponga la agroindustria y continúe el principal destino del área rural en Colombia para actividades como la ganadería, la minería, la silvicultura, el cultivo de palma africana o caña de azúcar, entre otros.

Una vez firmado el acuerdo, repartidas las tierras entre los despojadores y consolidada su explotación a gran escala, la burguesía calcula unas ganancias adicionales de unos 5.800 millones de dólares anualmente, que no serán repartidas con ningún desplazado. Por esto la firma de un acuerdo de paz entre despojadores no resolverá las reivindicaciones de los desplazados.

Lo que proponen los comunistas revolucionarios al pueblo colombiano, es la expropiación de los expropiadores, que se concreta en

«Expropiar y confiscar sin indemnización la tierra: de los terratenientes, de las instituciones religiosas, de las concesiones dadas al imperialismo, de la burguesía industrial y comercial en el campo; y si se oponen a la revolución, también la tierra de los campesinos ricos.»⁴

muy distinto a lo que tienen en mente los jefes de las Farc y toda las organizaciones reformistas y oportunistas de la pequeña burguesía, que es seguir permitiendo la explotación capitalista y respetar la gran propiedad privada.

En lo inmediato, la propuesta revolucionaria está en la táctica que tiene como centro el impulso a las vías de hecho para conquistar los derechos, y por la revolución socialista, que se concreta en la consigna: ¡Contra la paz mentirosa de los ricos, Unir y Generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!

La idea de los jefes de las Farc no es ni siquiera subordinar pacíficamente al puñado de monopolistas a la voluntad del pueblo colombiano, sino claudicar ante ellos. Abandonaron hasta la vieja y muy mala copia de la transición pacífica reformista hacia el socialismo, expuesta desde inicios del siglo pasado, la cual no solo era un engaño extremo para el pueblo en la época de decadencia del sistema mundial de opresión y explotación, sino un infame favor a la burguesía, porque le contribuye a embellecer su infame dictadura de clase y crea esperanzas en un futuro mejor dentro del descompuesto reino de la esclavitud asalariada.

La burguesía, y en especial la colombiana, es una fiel socia y lacaya de los imperialistas; es una clase, que incluso sus facciones más educadas y democráticas, han sido autoras y cómplices del peor crimen que se haya cometido contra la sociedad, que es la actual guerra contra el pueblo, y los jefes de las Farc ahora demuestran que pertenecen a esa clase enemiga.

Solo el derrocamiento violento de la burguesía, la confiscación de su propiedad, la destrucción de toda la maquinaria estatal burguesa, de cabo a rabo -parlamento, poder judicial, militar, burocrático, administrativo, municipal, local, etc.- podrá entregar los medios de producción al pueblo y dar libertad al trabajo en Colombia.

Será allí, bajo la Dictadura del Proletariado, que el pueblo pueda expulsar, enjuiciar o encarcelar de por vida a los explotadores más peligrosos y recalcitrantes, poniéndolos bajo estricta vigilancia, a fin de quebrantar su resistencia para restaurar la esclavitud capitalista.

Solo medidas de este tipo, que propone el Programa Socialista para la Revolución en Colombia de la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta)⁴, podrán asegurar una subordinación real de toda la clase explotadora. Lo que proponen los jefes de las Farc y todos los reformistas en Colombia, es prolongarle la vida a este maldito sistema de explotación, del cual ellos también aspiran sostenerse haciendo parte de las clases privilegiadas.