La Fiscalía General de la Nación buscaba imputar cargos al carnicero general (r) Mario Montoya Uribe por los delitos de «homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ocasiones, en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio», es decir, por las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos” mientras fue comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008 durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez.
Basta recordar que el fiscal general Francisco Barbosa -el fiscal de bolsillo del régimen-, anunció hace un mes que había decidido imputarle cargos a este asesino, a pesar de que el general (r) ya estaba sometido a la JEP, por lo que jurídicamente era inviable, pues la JEP tiene una competencia por encima de la Fiscalía que puede seguir investigando y presentándole pruebas, lo que fue ratificado finalmente por el Magistrado Fabio David Bernal Suárez.
Al final, es una nueva burla para las familias de los más de 6400 jóvenes asesinados por el régimen de Uribe y que hicieron pasar por guerrilleros para inflar las cifras de resultados operacionales de la política criminal de la “Seguridad Democrática”, que significó, en muchos casos, la ejecución del terrorismo de Estado contra el pueblo desarmado.
El anuncio del Fiscal Barbosa, el compinche del presidente títere, apenas fue un saludo a la bandera para ilusionar a las madres, padres, hermanos y demás familiares de los jóvenes asesinados, en que este caso podía pasar a la justicia ordinaria bajo la cual probablemente sería juzgado a cumplir una pena más alta en prisión que la que puede tener en la JEP. Sin embargo, no hay que olvidar que la Fiscalía hoy se encuentra en manos del uribismo, que no es un organismo independiente, que está al servicio de la mafia y que esa tampoco era una garantía de obtener justicia, verdad y reparación que es lo que están exigiendo las víctimas de la guerra contra el pueblo. Al final, no se sabe que es peor: una JEP donde a cambio de verdades a medias emite fallos de condenas risibles a los verdugos del pueblo; o una Fiscalía usada por el régimen para garantizarle impunidad a sus alfiles más preciados como el mencionado ex militar.
Sea lo que sea, ¡el pueblo pide justicia! Y sabemos que mientras continúe el reino de la burguesía y los terratenientes, promotores directos del terrorismo de Estado contra las masas populares; mientras siga existiendo el podrido Estado burgués-terrateniente en Colombia y su fétida dictadura de clase disfrazada de “democracia” a secas o de “gobierno del pueblo”…mientras todo esto siga igual, no habrá una justicia real que juzgue, no solos a los gatilleros o a los mandos medios y altos en las fuerzas armadas burguesas, sino, a los dueños de los medios de producción capitalistas, esos sí, los reales responsables del asesinato, desaparición y tortura de miles de jóvenes del pueblo trabajador durante el régimen de Uribe.
¡Las balas que disparaste van a volver! le grita el pueblo en las calles a los asesinos y criminales que se esconden tras los altos cargos en el Estado de los ricos y a los enemigos del pueblo que hacen gala de sus uniformes policiales y militares para cometer crímenes y actos vandálicos contra las masas desarmadas. Pero sí que van a volver esas balas, ¡y multiplicadas por miles! cuando el pueblo, con el proletariado a la cabeza, sea consciente de su potencial creador y que por medio de la violencia revolucionaria y su organización política en un Partido independiente del Estado, los patronos y los dueños del capital, pueden llegar a tomar el cielo por asalto para cambiar de base la sociedad, destruyendo el capitalismo de raíz y construyendo sobre sus ruinas el futuro Estado de Obreros y Campesinos, la verdadera democracia proletaria donde los hijos del pueblo no serán asesinados para imponer un régimen mafioso con falsos resultados a costa de la sangre de inocentes, y que hoy se concreta en el Programa Inmediato propuesto por la UOC (mlm).
