El Gobierno de Santos, que por su forma comenzó siendo un acuerdo temporal de las clases dominantes para desmontar el poder de los capitalistas mafiosos en el Estado, ha dejado de ser un gobierno de transición, pasando a ser ya el Gobierno de un régimen democrático burgués, la mejor envoltura para encubrir la esencia del Estado: dictadura de clase de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
Por su contenido, el Gobierno de Santos no solo continúa siendo un acuerdo de los capitalistas para ejercer su dictadura sobre el pueblo, sino que es un Gobierno que ha intensificado la explotación y la opresión de las masas trabadoras en general.
De ahí, que el Gobierno democrático burgués de Santos mientras parlamenta sobre los DDHH y los crímenes paramilitares del régimen de Uribe, con el silencio cómplice de sus medios de comunicación continúa el asesinato selectivo de dirigentes sindicales, desplazados y populares. Sigue masacrando a los pobres en el campo y las comunas, multiplicando la desaparición forzada. Abarrota cárceles y comisarías con judicializados por el delito de pensar y protestar; oprime espantosamente a las mujeres y las minorías. Cierra revistas, despide y asesina periodistas por atreverse a contar los hechos. Impone el Fuero Militar para garantizar el terror oficial de las fuerzas represivas del Estado y dota a las fuerzas militares y policiales de sofisticadas armas imperialistas, venenosas, eléctricas y ultrasónicas, destinadas a la represión del movimiento de masas, oficializando la brutalidad policial para reprimir violentamente toda protesta social.
Bajo el rótulo de la “Prosperidad para todos” el gobierno de Santos protege a sangre y fuego los intereses de los explotadores colombianos y los beneficios de los imperialistas. Rebaja el salario a los obreros y multiplica las ya millonarias mesadas de los parásitos funcionarios estatales. Su demagogia con la “vivienda gratis” es en realidad un anticipo de campaña electoral, contrario a la realidad de los damnificados por el invierno y de los pobladores de Gramalote destechados por un terremoto, a quienes se les incumplieron todas las promesas de vivienda; demagogia al servicio de la libertad de estafar al pueblo por cuenta de las mafias de urbanizadores piratas, y de la tolerancia con el desplazamiento forzado en las ciudades; demagogia para distraer la imposición al pueblo de una nueva carga tributaria en la reforma que aumentó los impuestos a los pobres con alzas exorbitantes en el impuesto predial, cobros millonarios de valorización, reestratificación, mientras que como siempre ocurre, rebajó y condonó los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas imperialistas. Ante el repudio general del pueblo contra la Ley 100 que transformó la salud pública en un negocio privado, prepara una nueva reforma a la salud para disuadir la lucha directa del pueblo, con la distracción de sacar a las EPS del negocio, cuando en realidad en un embeleco con otro nombre para mantener el gran negocio capitalista de la privatización de la salud.
Con la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” el Gobierno de Santos finge devolver la tierra a los campesinos despojados, pero en los hechos ha empeorado la situación de los desplazados, pues les ha ido suprimiendo las limosnas estatales bajo la promesa de una indemnización que incluye los subsidios ya recibido y a condición de que renuncien a toda lucha por reclamar sus derechos. Las amenazas del Ministro de Agricultura y la lucha notarial contra los testaferros, son parte de un pulso con la mafia, no para devolver la tierra a los desplazados, ni para hacer la restitución por vía administrativa, sino para dejarla a disposición de la “inversión” imperialista y la agricultura empresarial capitalista.
La propaganda estatal en “defensa del sindicalismo” es una gran mentira que sirve de cortina de humo tras la cual el Gobierno de Santos respalda con el poder de las armas a todos los patrones capitalistas, en el régimen carcelario de las fábricas y el infernal aumento de la intensidad del trabajo, en la destrucción de nuevos sindicatos acudiendo a la amenaza, asesinato y desaparición de sindicalistas, en la incesante persecución sindical y despidos masivos por la sola causa de atreverse a organizar un sindicato, en el desconocimiento generalizado de pliegos y convenciones, en la rebaja general del salario mínimo orquestada con las camarillas dirigentes de las centrales, en la imposición de nuevas formas de “cooperativas de trabajo asociado”, cuando no de sindicatos de bolsillo avalados por la centrales, como fue el caso en Campo Rubiales con la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional - UTEN de la Confederación General del Trabajo - CGT.
Todos los obreros deben saber que para los capitalistas y sus representantes políticos, la fuerza de trabajo de los proletarios, sólo les interesa en calidad de mercancía especial que al explotarla incrementa el capital; más allá de eso, todos sus discursos son simples prédicas hipócritas para hermosear el gran negocio de  la explotación asalariada.
La bandera de la paz del Gobierno de Santos, encubre bajo sus pliegues la continuación de la guerra contra el pueblo, pues la renta extraordinaria de la tierra seguirá conduciendo a la guerra de los sectores que se la disputan. Todo el capital que acuda a invertir en la coca, la palma, la minería o el petróleo, le toca armarse.
La dictadura de los capitalistas que el reaccionario Gobierno de Santos ejerce con palabras de democracia, ha acelerado al agravamiento de la crisis social causado por la crisis económica del capitalismo mundial.
También en Colombia, la crisis económica ha agudizado todas las contradicciones de clase en la sociedad. De ellas la más importante, por ser la principal, es la contradicción entre el proletariado y la burguesía, que como tal debe ser considerada base social objetiva no solo del programa estratégico de la Revolución Socialista, sino de todo plan de lucha inmediata.
La crisis ha atizado así mismo las contradicciones interburguesas, entre la burguesía financiera y los demás sectores burgueses, entre sectores de la burguesía agraria y exportadores con el mismo Gobierno por causa de los TLC y la tasa de cambio afectada por  “lavado” oficial de dólares. Además, el cese del poder predominante de la mafia en el Estado, no significa que haya sido barrido completamente su poder político, pues mantiene representantes políticos no necesariamente mafiosos, aunque sí uribistas, en el Congreso, en las Gobernaciones y Alcaldías, en los viejos y el nuevo partido Centro Democrático, en la Vicepresidencia y la Procuraduría… Y aún más en el poder económico de todos los negocios non sanctus de la burguesía, en el tránsito del capital mafioso hacia los bancos legalizado en compra diaria de dólares por el Banco de la República y en la recepción directa de sus capitales del extranjero sin tope ni permisos oficiales, y hacia los grandes grupos monopolistas que ya no solo compran frentes de guerra o equipos de fútbol sino industrias; ya no solo tienen rutas internacionales de sicotrópicos, sino de exportación de capital diversificado aceleradamente en esta crisis, hacia otros países e incluso otros continentes. Prosigue más abierta y enconada la contradicción interburguesa con los capitalistas mafiosos.
Tales contradicciones en el seno de los enemigos del pueblo, los dividen y debilitan, constituyendo una reserva indirecta muy favorable ahora a las luchas del proletariado y del pueblo en general.
La consigna revolucionaria sigue siendo ¡Contra el Gobierno de Santos y por la Revolución Socialista! ¡Avanzar en la preparación y organización de la Huelga Política de Masas!

(Tomado del INFORME POLÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL de la IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección, IX Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM). Febrero 2013.)